Por: Ómer Calderón
La reciente intervención de Iván Cepeda ante el magisterio dejó claro que la educación será vital en el segundo periodo del cambio. Se trata de una apuesta estratégica: sin una transformación profunda del sistema educativo, no habrá revolución ética, política, ni socioeconómica.
Y tiene razón. Colombia no puede seguir tratando la ciencia y la tecnología como privilegios bogotanos o de universidades y colegios de élite; deben convertirse en herramientas para que los territorios produzcan bienestar y autonomía.
El país ha avanzado en ampliar la inversión educativa, fortalecer el Sistema General de Participaciones y dignificar las condiciones laborales del magisterio. La “matrícula cero” abrió una puerta que antes parecía cerrada. Pero estos logros solo cobran sentido si se entienden como parte de una lucha mayor: garantizar el derecho al conocimiento como fundamento para las transformaciones estructurales del aparato productivo, el rescate de la memoria histórica por la justicia y el reconocimiento de la diversidad cultural.
Se trata de potenciar en el pueblo el estudio para socializar el saber universal y, al mismo tiempo, fomentar los conocimientos ancestrales que han sostenido a nuestras comunidades.
Territorializar el conocimiento universal y universalizar el conocimiento del territorio es, quizá, la fórmula más poderosa para romper con siglos de exclusión. Significa que la niñez de cualquier región pueda comprender la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, y que los saberes propios de los pueblos aporten a la transformación cultural y material del país. Esta es la verdadera democratización del conocimiento.
Pero este horizonte exige enfrentar un problema que se ha normalizado: la reducción del papel docente. En nombre de una supuesta autonomía escolar, se han impuesto modelos individualistas que convierten al maestro en un funcionario cuidador y no en un intelectual que transmite la pasión por la razón. Recuperar su centralidad es indispensable si queremos una educación científica, humanística y ética, capaz de formar ciudadanía crítica y emancipadora.
Por eso es clave la convocatoria a la Primera Cumbre de Educación y Pedagogía. Allí, el magisterio y las comunidades académicas podrán orientar los objetivos nacionales de la enseñanza obligatoria. Será la ocasión de decidir qué y cómo enseñar, ajustándose a una formación integral —científica, humanística y territorial— con la perspectiva de consolidar una sociedad del conocimiento para construir una sociedad justa, libre y soberana.
El derecho al conocimiento no es un lujo ni una promesa abstracta. Es la condición para que las tres revoluciones —ética, política y socioeconómica— tengan raíces duraderas. Es, sobre todo, la oportunidad histórica de que Colombia deje de ser un país que administra desigualdades para convertirse en uno que produce dignidad.
Con información del Semanario Voz