Existe una amistad entre Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto X
Las recientes denuncias en contra de Abelardo de la Espriella dejan en evidencia la vinculación que tuvo con el paramilitarismo y una posible participación en el saqueo patrimonial de una EPS liquidada. Solo el pueblo puede evitar que llegue a la Presidencia de la República
Por: Simón Palacio
@Simonhablando
Poco a poco el país va conociendo la verdadera cara de Abelardo de la Espriella, abogado y actual candidato de la extrema derecha para ocupar la presidencia de la República de Colombia.
La vida pública del aspirante se ha caracterizado por su relacionamiento profesional con clientes controvertidos, un estilo desafiante y mediático, episodios de intimidación judicial contra adversarios y periodistas, y permanentes contradicciones éticas, políticas, ideológicas y religiosas evidenciadas en varias de sus salidas públicas, tanto en el pasado como en la actualidad.
Sin embargo, dos denuncias penales hechas recientemente por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro no solo le agregan más elementos peligrosos al voluminoso prontuario del aspirante, sino que aumentan los riesgos democráticos ante un hipotético triunfo de la extrema derecha.
Vínculos con el paramilitarismo
La primera denuncia penal que compromete a De la Espriella es por paramilitarismo. De acuerdo con lo expresado por Iván Cepeda, el abogado hizo parte de las Autodefensas Unidas de Colombia al promover la política paramilitar por medio de la Fundación Iniciativas para la Paz (Fidepaz).
La Comisión de la Verdad dijo en su informe final que esta ONG fue creada, promovida y financiada en 2005 por alías “Ernesto Báez” y “H.H.” para buscar legitimidad y ampliar la influencia del paramilitarismo en el Caribe colombiano. El dato que conecta todo es que De la Espriella fue representante legal de Fidepaz.
Además, Cepeda Castro reveló entramados de corrupción y obstrucción de la justicia orquestados por De la Espriella. Estos son los casos de alias el “Tuso Sierra” –donde el abogado pidió 4000 mil millones de pesos para influir en un fallo de la Corte Constitucional– o el de alias “Juancho Dique”, episodio donde el actual candidato presidencial ofreció dinero de “La Gata” y el “Turco Hilsaca” para que el reconocido narcotraficante y paramilitar no los mencionara en sus versiones ante la justicia.
Finalmente, estaría el expediente de “Boliche”, un narcotraficante e informante de la DEA quien en la actualidad enfrenta cargos en una corte federal de Tampa por lavado de activos y fraude. “Boliche” no solo trabajó como asesor legal de la oficina en Miami de De la Espriella Lawyers, sino que mantiene una relación de amistad e importantes vínculos patrimoniales, jurídicos y empresariales con el abogado.
Para Cepeda Castro, estos tres hechos permiten inferir que el hoy candidato presidencial de la extrema derecha habría cometido tres delitos penales: concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.
El caso de Salud Vida
La segunda denuncia penal hecha por el candidato del Pacto Histórico tiene que ver con el robo de los recursos de la salud, donde también está comprometido De la Espriella. La acusación formal es por los delitos de administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación distinta.
La historia está relacionada con las irregularidades presentadas en la EPS Salud Vida. A partir del contexto histórico de corrupción en el sector salud, Cepeda Castro describió inicialmente el patrón documentado de relación entre el fenómeno paramilitar y políticos locales para desviar los recursos de la salud pública.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, entre 2002 y 2010 se estimó una apropiación de 530 000 millones de pesos por parte de Empresas Promotoras de Salud (EPS) controladas por estructuras paramilitares. Es así como el caso de Salud Vida sería un claro ejemplo de macrocorrupción en el sector.
Los hechos concretos son los siguientes: en 2018, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) inició la vigilancia sobre esa EPS por graves irregularidades financieras, administrativas y operativas.
Como respuesta, en noviembre de ese año, Salud Vida contrató por 18 000 millones de pesos a la firma De la Espriella Lawyers, incluyendo una prima de éxito por 15 000 millones y honorarios por 3000 millones. El convenio legal se dio en la etapa terminal de la EPS, en medio de una liquidación forzosa por un pasivo de cercano a un billón de pesos.
Aunque existen serios cuestionamientos sobre si el pago a la firma de abogados pudo comprometer dineros públicos o parafiscales de la salud, lo verdaderamente grave es que Salud Vida trasladó 164 000 millones de pesos –producto de la venta de 46 inmuebles– a la sociedad panameña Litia Investment SAS, al tiempo que proponía la creación de una nueva sociedad para trasladar deudas mientras conservaba activos.
Si bien la Supersalud negó la creación de la sociedad, las operaciones coinciden con vaciamientos patrimoniales durante la crisis. La pregunta que se hace Cepeda Castro es si la representación legal de la EPS tuvo conocimiento o participación en estas maniobras.
La conexión Gutiérrez
Finalmente, está el nombre de Joaquín Gutiérrez, jefe de campaña y persona cercana a De la Espriella, quien es propietario de varias clínicas privadas, entre ellas la Santa Mónica en Barranquilla.
Como “empresario” del sector salud, Gutiérrez habría recibido importantes giros que incluyen pagos directos de EPS por 44 000 millones de pesos, 8000 millones y 2000 millones, además de 18 000 millones de pesos correspondientes a EPS liquidadas en territorios con injerencia paramilitar. Según la denuncia, las clínicas del jefe de campaña de “Firmes por la Patria” recibirían cerca de 150 000 millones de pesos a través de distintos canales.
El razonamiento público de Cepeda Castro es que la proximidad personal y organizacional entre De la Espriella y Gutiérrez no solo sugiere posibles canales de favorecimiento y conflicto de intereses, sino que deja en evidencia el entramado de corrupción al interior de la campaña de la extrema derecha.
Ante el riesgo democrático que representa la candidatura de la extrema derecha, la esperanza es que el pueblo sea sabio y mande a la caneca de la historia al abogado y cómplice de paramilitares, estafadores y ladrones de cuello blanco del sistema de salud.
Con información del Semanario Voz