Uno de los puntos de mayor controversia está en la privatización de un sector del Parque Nacional Iguazú, en Misiones. Foto: EFE
Las organizaciones y trabajadores del sector señalan que una menor presencia estatal podría comprometer tareas fundamentales como la prevención de incendios, el control de actividades ilegales y la protección de la biodiversidad.
El Gobierno de Javier Milei avanza con una nueva etapa de recortes en la Administración de Parques Nacionales (APN), con medidas que incluyen retiros voluntarios para trabajadores, reducción de personal y modificaciones en la gestión de espacios protegidos. La decisión generó críticas de organizaciones sindicales y ambientales, que advierten sobre el impacto en el cuidado de áreas naturales.
Una de las medidas que genera mayor controversia es la privatización de uno de los sectores comerciales más importantes del Parque Nacional Iguazú, una de las áreas naturales más importantes del país y reconocida internacionalmente por sus Cataratas.
Según los cuestionamientos, esto da continuidad al plan que comenzó con la desregulación de los requisitos para ser guías, la prórroga a la explotación de servicios turísticos, y la amenaza de despidos a 400 trabajadores.
Ahora el Gobierno de Javier Milei “ofrece” a los guardaparques a renunciar y/o adherirse a un plan de retiros voluntarios iniciado con la intención de vaciar al menos al 20 por ciento de toda la planta.
En paralelo, oficializó la concesión y explotación comercial de una de las áreas del Parque Nacional Iguazú que estaban en desuso. Se trata de un sector conexo al Río Iguazú que abre paso hacia la Garganta del Diablo, el epicentro turístico del paseo a Cataratas.
Según la Resolución 193/2026 emitida por la Administración de Parques Nacionales (APN), la concesión fue otorgada a la empresa La Gran Aventura Náutica SRL que ya prestaba servicios de excursiones en la zona. Lo que la APN hizo fue ampliar la delimitación geográfica de explotación, la autorización para hacer obras y sortear controles ambientales.
Más ajuste en áreas protegidas
El Gobierno redujo 3.879 millones de pesos (más de 2.7 millones de dólares) al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, afectando el funcionamiento cotidiano y la preservación de 46 áreas naturales protegidas.
Uno de los casos que más preocupación generó y continúa generando es el del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área protegida fue una de las más golpeadas por los incendios forestales de este año, donde brigadistas y personal ambiental trabajaron durante semanas en condiciones precarias para contener el fuego.
Con información de TeleSur