Víctimas del conflicto armado están preocupados por la paz de los futuros cuatro años. Foto JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta uno de sus mayores desafíos desde su creación. Entre propuestas de reforma y eliminación, crece el debate sobre el rumbo del tribunal de justicia transicional
Por: Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
El debate sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es cada vez más profundo. Tras las declaraciones de Abelardo de la Espriella sobre tumbarla “de un plumazo”, han crecido las preocupaciones –especialmente entre las víctimas del conflicto armado y los firmantes de paz– sobre lo que ocurrirá en los próximos cuatro años, entendiendo que la implementación del Acuerdo de Paz aún tiene mucho trabajo por delante.
A esto se le suma la declaración del Centro Democrático, que al declararse partido de Gobierno ha manifestado su intención de reformar la JEP para, según ellos, otorgar seguridad jurídica a la Fuerza Pública.
Diego Martínez
Para tener claridad sobre la situación, VOZ conversó con Diego Martínez, abogado defensor de los derechos humanos e integrante de la Comisión Jurídica de los Acuerdos de La Habana, instancia que diseñó la arquitectura jurídica de la JEP.
La viabilidad jurídica
Abelardo de la Espriella ha planteado modificar la JEP. ¿Qué tan viable es jurídicamente una reforma de este tipo y qué implicaciones traería?
-La propuesta de Abelardo de la Espriella de eliminar la JEP no es jurídicamente viable sin romper el marco constitucional y los compromisos internacionales de Colombia. Desde la dimensión política, este planteamiento refleja un interés de sectores de la extrema derecha por debilitar el Acuerdo de Paz y silenciar la verdad sobre ciertos crímenes, incluidos los del Estado.
En el fondo lo que se pretende es promover la impunidad, como ha ocurrido con Estados Unidos. Ejemplos internacionales muestran que cuando se intenta la aplicación de mecanismos de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos –como el caso del genocidio palestino–, Estados Unidos bloquea esos esfuerzos mediante la intimidación, recurriendo a formas de presión contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional, CPI.
Desde la dimensión jurídica, eliminar o modificar la JEP, sin el consenso de las partes contratantes y al margen del Acuerdo Final no es una potestad de los gobiernos de turno. La JEP está blindada por normas estatutarias constitucionales, lo que implica que cualquier reforma debe pasar por un estricto control de la Corte Constitucional.
Además, Colombia tiene obligaciones internacionales derivadas del Estatuto de Roma, que impiden dar retrocesos en materia de justicia frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por lo tanto, cualquier asunto debe ser consultado entre las partes.
También se habla de una asfixia económica hacia el tribunal de paz. ¿Qué efectos tendría una medida así sobre las investigaciones y las decisiones de la JEP?
Sería muy grave que el Gobierno nacional incumpliera sus obligaciones con la JEP. Conviene recordar que esta jurisdicción es temporal, tiene un mandato vigente hasta 2038 y el plazo para presentar acusaciones de oficio o mediante resoluciones de la Sala de Reconocimiento vence en 2028.
Todo indica que el nuevo gobierno buscará promover la impunidad de Estado, evitando que se juzguen y esclarezcan crímenes graves. Al mismo tiempo, intentará deslegitimar la paz mediante obstáculos a la aplicación de sanciones restaurativas. Ante esto, ¿qué se debe hacer? Debemos rodear a las víctimas, a los firmantes y a los comparecientes que aportan verdad, pues el objetivo del ejecutivo será debilitar su participación y alegar una supuesta ineficiencia del modelo para justificar su cierre.
Un ataque a la paz
¿Qué mensaje reciben los firmantes de paz, las víctimas y los territorios afectados por la guerra cuando se cuestiona la continuidad de la JEP?
-Cuando se ataca la JEP no solo se cuestiona una institución: se pone en riesgo la esperanza de miles de víctimas y de comunidades de firmantes y campesinas que han sufrido la guerra. Estos ataques tienen un propósito político: hacer “trizas” el Acuerdo de Paz y devolvernos al pasado de violencia e impunidad.
Eliminar la JEP sería un retroceso histórico. Significaría decirles a los firmantes que su decisión de dejar las armas fue en vano, que el Estado incumple lo pactado y que quienes creyeron en la paz hoy deben enfrentar inseguridad jurídica o incluso la muerte.
Claro que existen críticas válidas en contra de la JEP, que ojalá sean corregidas. Por ejemplo, la mora judicial, el bajo nivel de amnistías por delitos políticos, la ausencia de renuncias a la persecución penal a mandos medios de las antiguas FARC, pese al tiempo transcurrido y la aplicación del Derecho Penal del Enemigo por parte de algunos magistrados.
Algunos se han empeñado en profundizar laberintos procesales y aplicar un esquema de juzgamiento a mandos medios y colaboradores por delitos menores, olvidando en qué consiste la esencia de este modelo: juzgar máximos responsables y aplicar mecanismos de justicia restaurativa.
Blindar lo pactado
¿Qué impacto trae en la construcción de paz en el país que un sector político plantee debilitar el tribunal de paz?
El impacto no es solo para el tribunal, es contra todo lo pactado en La Habana. Un sector de la derecha promueve la violencia porque sabe que es la única manera de frenar las transformaciones y la ampliación democrática que plantea el Acuerdo de Paz.
No se trata únicamente de un sector político, sino de una contracorriente cultural que se alimenta del miedo y la intimidación, y cuyos acuerdos reales son aquellos que, bajo la mesa, favorecen la narcoeconomía.
Es importante recordar que estos diez años de implementación del Acuerdo de Paz han significado la posibilidad de construir y soñar un país distinto: trayendo esperanza para nuestros campesinos, terminando un largo conflicto y haciendo un fuerte llamado al respeto hacia aquellos que piensan diferente. Ese es el verdadero sentido del gran Acuerdo Nacional: respetarnos todas y todos a pesar de nuestras diferencias, sin recurrir al uso de las armas ni a la intimidación.
2 de julio de 2026.
Con información del Semanario Voz