El Partido Comunista fue acusado del asesinato de Gaitán por el gobierno, el partido conservador y los yanquis. Contra sus dirigentes y militantes se intensificó la violencia, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato
Por: Alfredo Valdivieso
En el clima del anticomunismo imperante en Colombia desde los finales de la II Guerra Mundial, el Partido Comunista – recuperado su nombre– es acusado por el gobierno y el partido conservador, al igual que por los yanquis, de ser el asesino de Gaitán. Contra sus dirigentes y militantes se intensifica la violencia, la persecución, el encarcelamiento y el asesinato. En la práctica entra en la ilegalidad y tiene que ingresar a la clandestinidad; y frente al desatado terror, muchos cuadros deben refugiarse en los campos, donde el Partido tenía una ya larga tradición de organización y presencia. Llama a sus militantes y al campesinado de todas las tendencias (incluyendo conservadores igualmente perseguidos) a la resistencia y a la autodefensa, retomando el método de organización de masas para la vigilancia, la observación y la defensa de las personas, sus bienes y haberes y la defensa de la propia organización.
El Estado laureanista
Esas formas de autodefensa se convierten inexorablemente en guerrillas cuando al ataque inicial de civiles armados y policías chulavitas se le suman tropas oficiales del ejército, que ingresan a las zonas agrarias con una política de tierra arrasada.
La acción criminal desde el Estado se hace más intensa y dramática al asumir el poder presidencial el propio Laureano Gómez, desde el 7 de agosto de 1950. Este mandatario pone a todo un batallón del ejército, el Batallón Colombia, al servicio de la agresión anticomunista norteamericana en Corea, en una especie de preparación anticomunista y anti insurgente para foguearlo en las que serían las futuras acciones en el país.
La absorbente ola de crímenes, robos, despojo y enriquecimiento de los círculos gobernantes se torna absolutamente insostenible, a lo que se suma la creación de una Asamblea Constituyente de bolsillo que busca no la democratización de la añeja Carta Magna, conservadora y confesional, sino que proyecta eliminar los pocos avances democráticos y progresistas que se habían introducido con las reformas de la Revolución en Marcha –en especial las medidas agrarias, o reforma agraria de la Ley 200 de 1936, y toda la legislación en favor de los trabajadores–.
Busca, además, crear un Estado Corporativo, a semejanza del Estado falangista español e inspirado en el fascismo italiano, y sacar audazmente a su histórico adversario liberal y exterminar a su enemigo comunista o socialista, complementado con medidas constitucionales el accionar criminal de las armas en los campos y ciudades. El régimen renueva su dogmatismo religioso al dar el papel preponderante de “única religión” del Estado” a la Iglesia Católica, lo que lleva a la persecución de sectores protestantes, muchos de los cuales «no ponen la otra mejilla», sino que deciden resistir incluso con las armas en la mano, como en los casos de Landázuri, región del Carare en Santander, y en la zona de Mojicones, entre Boyacá y Santander, sitios en que los evangélicos llegaron a alianzas con liberales y comunistas para su mutua defensa.
El régimen de Rojas Pinilla
La ya inaguantable situación llevó a que los militares, encabezados por el general del ejército Gustavo Rojas Pinilla, dieran un golpe de Estado el 13 de julio de 1953, cuando faltaba poco más de un año para la terminación del gobierno del «monstruo» Laureano Gómez.
Los liberales, sectores conservadores perseguidos y cansados del régimen de Laureano, industriales, comerciantes y banqueros aglutinados en sus organizaciones gremiales, salieron a aplaudir de manera ferviente el golpe, al que eufemísticamente llamaron «golpe de opinión».
El nuevo gobernante de facto prometió la paz y la concordia, y pronto convocó a la desmovilización y el desarme de las guerrillas que pululaban por todo el país (excepto en el Caribe), prometiendo una amnistía general y el perdón de todo lo actuado.
A tal llamado se sumaron casi todas las formaciones guerrilleras, y solo unas pocas se desmovilizaron en condición de tales, conservando las precarias armas, sin usarlas, trasladándose a lugares remotos del país (territorios nacionales) para iniciar una colonización que terminó fundando poblados, ciudades y hasta futuros departamentos.
Pero la amnistía y el perdón no perduraron. Al poco tiempo se comenzó a perseguir y encarcelar a los antiguos combatientes, a asesinarlos de forma selectiva, a incumplir las medidas que supuestamente deberían adoptarse, y se reinició la agresión militar a regiones campesinas, como Villarrica en el Tolima, y acciones represivas en otras muchas, así como el estallido de los camiones con dinamita en Cali, el asesinato de estudiantes y un largo etcétera.
Finalmente, la situación lleva a la caída de Rojas y a la instauración del Frente Nacional, con su característica especial de prohibir la existencia de partidos diferentes al liberal y el conservador. No solo como comedia De los hechos que llevaron finalmente a la caída de Rojas Pinilla, al restablecimiento de la autodefensa y hasta la nueva agresión que inicia en enero de 1960 –cuando entre paramilitares de la época y fuerzas de policía asesinan a traición y por la espalda al líder agrario comunista Jacobo Prías Alape– hablaremos próximamente. Por ahí en septiembre, cuando retomemos lo del centenario del PSR.
8 de agosto de 2026
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Con información del Semanario Voz