Estación Chichimene de Ecopetrol, en Acacías Meta. Foto Radio Nacional
Un fallo del Consejo de Estado determina que una organización de Juntas de Acción Comunal y Sandra Patricia Ruiz Riaño tienen que pagar una cuantiosa suma. El delito, haber bloqueado para manifestarse contra la contaminación de ríos, la falta de inversión y la desaparición de recursos destinados a acueductos y alcantarillados, para las comunidades rurales de las zonas aledañas al proyecto petrolero
Por: Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
El problema no se soluciona quitando la protesta social. Aquí, se protesta pacíficamente y no pasa nada; aquí, si no se cierra una vía no pasa nada. No nos quiten ese derecho, quítenos el problema que tenemos con las empresas aliadas de Ecopetrol”, dijo con molestia y desesperanza Sandra Patricia Ruiz Riaño, luego de conocer el fallo del Consejo de Estado que la condena a ella y a una organización rural al pago de una millonaria suma a la estatal petrolera, Ecopetrol.
La mujer se refiere a la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de ese tribunal, el 15 de julio en respuesta a una apelación por daños provocados por bloqueos comunitarios y manifestaciones, que en uno de sus apartes expresa: “Condénase de manera solidaria a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa de San Isidro Chichimene (CJAID) y a la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño a pagar los perjuicios por lucro cesante en favor de Ecopetrol SA, cuyo monto preciso se definirá en trámite incidental posterior…»
Los hechos
Sandra Patricia Ruiz Riaño
El veredicto obedece a una apelación de una decisión del 19 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de la estatal petrolera Ecopetrol, por los siguientes hechos:
Entre el 31 de julio y 15 de agosto de 2017, en el sector rural de Acacías, en el departamento de Meta, se desarrollaron protestas lideradas por la Corporación CJAID, con la dirección de su representante legal Sandra Patricia Ruiz Riaño.
Estas manifestaciones consistieron en el bloqueo de accesos a la Estación Chichimene -operada por Ecopetrol-, la restricción del ingreso de personal, insumos y equipos, así como la ejecución de medidas de hecho que afectaron el normal desarrollo de las actividades industriales; según dice la estatal petrolera.
Las actuaciones produjeron la interrupción parcial de la operación del campo y dieron lugar a una disminución transitoria en los niveles de producción de hidrocarburos, es decir, provocaron una producción diferida, por lo que la empresa reclamó el reconocimiento de perjuicios en la modalidad de lucro cesante.
Los daños según la empresa
Estos hechos, habían provocado que en julio de 2019 Ecopetrol presentara una demanda
de reparación directa contra CJAID y la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño, en la que se pretendió que se le pague cuatro mil cincuenta y seis millones, treinta y tres mil novecientos cinco pesos ($4.056.033.905), por concepto de lucro cesante, referido a las pérdidas sufridas de producción diferida de crudo.
Según la empresa, hubo bloqueo de las puertas de acceso que imposibilitó el ingreso y la libre movilidad de los trabajadores y de aproximadamente 347 contratistas; la señora Ruiz Riaño se encadenó a la puerta de acceso peatonal junto con dos personas más y luego saltaron una valla e ingresaron violentamente, irrumpieron en las oficinas e instalaciones y ocasionaron daños a equipos de laboratorio, computadores y oficinas.
El demandante también alegó que Sandra Patricia Ruiz Riaño y sus seguidores decidieron bloquear las operaciones de Ecopetrol, determinaron que ningún contratista podía realizar sus actividades y, de manera arbitraria e inconsulta, definieron qué bienes y personas podían ingresar o salir.
Lo anterior impidió el tratamiento de fluidos de forma segura; se frenaron los mantenimientos de obra programados -dice la empresa-; se suspendió la ejecución de aproximadamente siete contratos comerciales para el abastecimiento de bienes y servicios y, se ocasionó la producción diferida de 20 pozos petroleros que disminuyeron ganancias y posibilidades de extracción de crudo.
El origen del problema
Sandra Patricia Ruiz Riaño es una campesina de 56 años. Actualmente trabaja en la Alcaldía de Acacías, ayudando a mantener el orden en el espacio público. Vive en la vereda El Centro con su hija de 31 años, su nieta y su hijo de 15.
Comenta que el conflicto tuvo su origen en 2012, cuando Ecopetrol entregó un millonario convenio a Red País Rural para inversión en las veredas de esta zona petrolera de Meta; veredas donde hay pozos o estaciones petroleras como La Primavera, La Esmeralda, Monte Bello, El Triunfo, San Isidro de Chichimene, Lomo de Tigre y Santa Rosa, entre otras
Sin embargo, las inversiones no se veían y los problemas de las comunidades crecían: “Nos cansamos de ir a hacer protestas pacíficas frente a las empresas que no cumplían, que hacían arbitrariedades con la gente. En el 2012, hubo una pérdida de casi 13 mil millones de pesos que eran para las comunidades. Esa plata era para acueductos, alcantarillados y proyectos productivos”.
Años después, en 2017, una problemática compuesta por contaminación ambiental, no utilización de la mano de obra local, enfermedades por la emisión de gases y el estado de las vías, entre otros, revivieron el problema, aunque con más ahínco: “Las contaminaciones de esas estaciones hacia los caños, y de los caños hacia los ríos Orotoy y Acacías. Todos esos animalitos ipso facto morían”.
En esa pelea, las comunidades estaban representadas por la Corporación CJAID, con la que Sandra Patricia Ruiz tenía un contrato laboral como su representante legal.
Reuniones e incumplimientos
Antes de las protestas, hubo más de 118 actas que dan cuenta de las reuniones con las autoridades municipales y la estatal petrolera, en las que se hacían mesas de trabajo, pero la dilación era el resultado a promesas de inversión social en infraestructura, entre otros asuntos de interés del campesinado.
Ante la evidente y prolongada burla, Sandra Patricia Ruiz inició una huelga de hambre y se encadenó a una de las puertas de acceso al personal de una planta, hasta que la gobernadora de Meta, Claudia Marcela Amaya, le dijo que ya iban a empezar a encontrar soluciones en las mesas de trabajo.
“Yo inicié una huelga de hambre. Nosotros iniciamos pacíficamente. Llegó un señor Carlos -creo que dijo llamarse-, y pregunta, ‘¿Qué pasó, por qué están aquí?’ Y nosotros, ‘Mire, nos cansamos, solamente necesitamos que alguien de Ecopetrol venga, pero no los de aquí de Villavicencio, sino que venga alguien de Bogotá porque esa gentecita de Villavicencio acá no hace sino coger el sueldo y nosotros no vemos resultados’”.
Los manifestantes decidieron que como adentro había trabajadores laborando, se quedaran hasta que llegara alguien de Bogotá y los escuchara. Bloquearon la entrada y salida. Tres días después, llegó un helicóptero que ingresó y evacuó al personal.
“Los mismos que salían, cuando se subían al helicóptero, empezaron a burlarse de nosotros en la cara, y nos gritaban desde por allá, ‘Bobos, bobos’. La mayoría de ellos no eran de acá ni del municipio ni del departamento”, rememora Sandra destacando la ira de las comunidades.
Inconsistencias de los demandantes
Esos hechos provocaron que ingresaran a la estación: “Pero eso es mentira porque nosotros no rompimos nada. Nosotros le dijimos a la gente ‘Sálganse porque, entonces, a nosotros no nos van a respetar. Estamos aquí para hablar con Ecopetrol’. Pero no dañamos nada”.
Producto de las acusaciones, ella, junto a otras siete personas, estuvieron en la cárcel en Villavicencio durante 19 días: “Salimos en Caracol, salimos en todos los noticieros, a mí me veían en la calle y los niños gritaban, ‘Miren la señora terrorista, miren la señora que salió por la televisión’”.
La defensa de CJAID y de Sandra Ruiz argumentó que se presentaron inconsistencias relevantes en la información aportada por la empresa, porque mientras en un memorando interno, emitido por el gerente de Desarrollo y Producción de Chichimene, Edward Alfonso Rivero Rangel, se había informado que debido a las protestas ocurrieron 14 eventos que afectaron la producción de 20 pozos, con una producción diferida de 35.523 barriles de crudo, en la prueba testimonial el coordinador de producción, Carlos Ayala, había señalado una afectación distinta, equivalente a 19.913 barriles en 13 pozos para el mismo periodo
Asimismo, no fue claro el impacto real de la supuesta afectación, debido a que los testimonios indicaron que la producción no se detuvo completamente y que parte del crudo no extraído podía ser producido con posterioridad, hecho que genera incertidumbre acerca de si existía una pérdida o simplemente un aplazamiento en la explotación.
La sentencia
Con todo lo anterior, el Consejo de Estado decidió: “Prospera el recurso de apelación, no solamente se evidenció la ocurrencia del daño consistente en la configuración de una producción diferida sino igualmente que las acciones desplegadas por la señora Sandra Patricia Ruiz Riaño y la corporación CJAID constituyeron un ejercicio del derecho a la protesta por fuera de los límites constitucionales que afectó la operación industrial de un tercero mediante bloqueos y restricciones indebidas; se probó igualmente la existencia del nexo causal entre la conducta de los demandados y el daño y la configuración del factor subjetivo de imputación; en consecuencia, los demandados serán declarados solidariamente responsables por los perjuicios causados, cuya cuantía deberá ser precisada en el trámite incidental correspondiente”.
Sobre el fallo, la señora Ruiz cuestiona: “Nosotros vamos a decir ‘No tenemos plata para pagar, ¿de dónde vamos a pagar, por qué vamos a pagar y qué vamos a pagar? Si el crudo no se evaporó’. Entonces, van a decir, ‘No, porque el crudo en ese tiempo estaba a tanto y cuando lo pudimos sacar valía mucho menos’. Entonces, nosotros les decimos, ‘Bueno, ¿y por qué lo sacaron si estaba tan barato’”.
Antecedente antidemocrático
Ahora, con la sentencia se sienta un precedente sobre la protesta social, en contravía del ejercicio de los derechos sociales. Y mientras doña Sandra Ruiz no halla con quién hablar para encontrar ayuda o asesoría, los problemas de las comunidades por los que ellas y otros líderes lucharon continúan. Las utilidades del petróleo no se ven reflejadas en bienestar, ni siquiera en mitigar los impactos ambientales, denuncian las comunidades.
El director ejecutivo del colectivo Orlando Fals Borda, Jeison Paba, comenta que el fallo tiene varias carencias en términos jurídicos: “Creo que hay un defecto en la valoración probatoria y una vulneración al debido proceso. Entonces, aparte de que condena en abstracto, esos defectos hacen viable que se interponga una tutela y que, por medio del control constitucional, la Corte entre a revisar esa decisión y se pueda revertir”.
Paba ve afectaciones a derechos fundamentales, no solo en el debido proceso, sino también en relación con la discusión sobre el ejercicio de la protesta social: “La utilización de estos mecanismos que la misma Corte en varias jurisprudencias ha protegido. Es viable la pelea jurídica porque hay bastantes defectos y deja un mal precedente judicial”.
Y, a la espera de que el petróleo lleve al campo el desarrollo que alguna vez les prometieron y de una instancia que haga justicia, con dignidad señala: “Tengo un fallo, que debo indemnizar; ¿Con qué voy a indemnizar, con qué voy a pagar? Me quitarán el rancho y me mandarán a dormir debajo de un puente. Pues si la autoridad dice eso, me toca someterme…”
11 de septiembre de 2026
Con información del Semanario Voz