Tras la implementación de la política de mano dura del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Colombia registró una escalada de ataques armados y atentados con drones que superaron las cifras del año anterior, profundizando el conflicto en diversas regiones.
Colombia atravesó una aguda escalada de violencia entre agosto y septiembre, caracterizada por atentados con explosivos, ataques de grupos armados contra instalaciones militares y policiales, y acciones directas contra la población civil, en un contexto marcado por la implementación de la política de mano dura del Gobierno de Abelardo De La Espriella y las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado.
La ofensiva de los grupos armados ilegales se ha intensificado desde la investidura del mandatario de ultraderecha el 7 de agosto de 2026 para el periodo 2026-2030, jornada que dio paso a una ruptura de los diálogos de paz heredados de la gestión del expresidente Gustavo Petro ante la falta de voluntad real de sometimiento a la justicia por parte de aquellos.
Uno de los episodios recientes se registró en Santa Marta tras un operativo de la fuerza pública el 21 de septiembre de 2026 que abatió al segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, lo cual desencadenó quemas de vehículos y bloqueos que motivaron el despliegue de 1.100 efectivos de seguridad en la zona.
Entre las modalidades más alarmantes destaca el uso de drones cargados con explosivos por parte de las estructuras armadas. De acuerdo con un balance de la fuerza pública publicado por medios locales, hasta el 15 de septiembre de 2026 se contabilizaron 292 ataques de esta naturaleza, una cifra que supera los 277 reportados durante todo 2025 y que ha dejado múltiples víctimas y daños graves a la infraestructura estatal.
Cronología de hechos violentos (agosto – septiembre de 2026)
El 8 de agosto, un atentado con explosivos destruyó un peaje en la vía Panamericana, en el sector de Mondomo, afectando la movilidad entre Cali y Popayán. Ese mismo día, un ataque contra la subestación de Policía de San Roque, en Cesar, cobró la vida de un subintendente.
El 15 de agosto, un asalto con drones explosivos contra militares en Ábrego, Norte de Santander, atribuido preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un uniformado muerto y cinco heridos. Más adelante, el 27 de agosto, tropas del Ejército en la zona rural de Pelaya, Cesar, fueron blanco de más de 40 drones con explosivos, resultando dos soldados heridos.
Dos días después, el 29 de agosto, la estación de Policía de Pailitas, en Cesar, sufrió daños tras ser atacada con drones explosivos que dejaron tres uniformados heridos. El 31 de agosto un coche bomba explotó frente a una estación policial en Los Patios, Norte de Santander, provocando la muerte de un civil y 11 personas heridas.
El 4 de septiembre, un ataque con drones contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, causó la muerte de tres militares y dejó cuatro heridos. Semanas después, el 22 de septiembre, tras el operativo contra las ACSN en Santa Marta, se reportaron disturbios, vehículos incendiados y amenazas a comerciantes.
Al día siguiente, el 23 de septiembre, un atentado con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren de Cerrejón en La Guajira, destruyendo al menos 20 vagones. Finalmente, el 24 de septiembre, la estación de Policía de Aguachica, en Cesar, fue atacada con drones y explosivos, generando afectaciones en su infraestructura.
Denuncias de crímenes de Estado y violencia institucional
El panorama de violaciones a los derechos humanos también se vio marcado por graves casos de violencia policial y militar contra la ciudadanía. Entre ellos destaca el asesinato de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años, quien murió el 20 de septiembre tras ser sometido en un violento procedimiento policial en el sector de Caracolí, en Ciudad Bolívar, Bogotá.
Sus familiares y testigos denunciaron que Balanta fue víctima de tortura, tratos crueles, uso desproporcionado de armas Taser e insultos racistas por parte de los uniformados, un caso que generó profunda indignación nacional e internacional y el llamado de la ONU a investigar los hechos bajo la justicia ordinaria.
En la misma línea de abusos por parte de los cuerpos de seguridad, el 22 de septiembre, en medio de una operación del Ejército Nacional, fue baleado el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, de acuerdo con los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba una amenaza.
La comunidad denunció además graves afectaciones contra una familia campesina, incluyendo la presunta retención y agresión contra una mujer, así como la presencia de niños durante los hechos.
La defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 112 líderes sociales entre enero y agosto de 2026, de los cuales 91 correspondieron a hombres y 21 a mujeres.
El departamento del Cauca concentró la mayor afectación con 21 casos mortales, debido a la presencia de disidencias del Estado Mayor Central (EMC), facciones del ELN y redes de narcotráfico. El organismo constató la ocurrencia de 86 masacres en 23 departamentos que dejaron 326 víctimas fatales, además del homicidio de 10 excombatientes firmantes del acuerdo de paz de 2016.
Crisis humanitaria y violencia contra líderes sociales
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La defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 112 líderes sociales entre enero y agosto de 2026, de los cuales 91 correspondieron a hombres y 21 a mujeres.
El departamento del Cauca concentró la mayor afectación con 21 casos mortales, debido a la presencia de disidencias del Estado Mayor Central (EMC), facciones del ELN y redes de narcotráfico. El organismo constató la ocurrencia de 86 masacres en 23 departamentos que dejaron 326 víctimas fatales, además del homicidio de 10 excombatientes firmantes del acuerdo de paz de 2016.
Frente a este escenario, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de su jefa de delegación Anne Lardy, advirtió que las consecuencias del conflicto armado alcanzaron su nivel más severo de la última década, afectando a 235.619 personas desplazadas.
Las métricas del organismo internacional expusieron incrementos del 100 % en desplazamiento individual, 111 % en desplazamiento masivo, 99 % en restricciones a la movilidad por confinamiento, 34 % en víctimas por artefactos explosivos y 22 % en casos de desaparición forzada, evidenciando una crisis humanitaria que exige respuestas integrales más allá de la confrontación militar.
29 de septiembre de 2026
Con información TeleSur