El presupuesto para 2027 presentado por el gobierno de Abelardo De la Espriella asciende a $634,9 billones de pesos. Foto archivo
Lejos de ser un documento técnico para la recuperación fiscal, el proyecto es un pago que el Gobierno le da a sus principales acreedores. Mientras el sector financiero y de hidrocarburos son los grandes beneficiados, las políticas sociales se verán seriamente recortadas.
Por: Juan Camilo Amaya Santos
El pasado 16 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella publicó por cuarta vez su declaración de bienes y rentas. Tres correcciones en un mes han dejado más dudas que certezas sobre su verdadera riqueza y sobre cómo su patrimonio bruto casi se duplicó entre 2024 y 2025, cuando adelantó su campaña
Su ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también ha presentado una declaración mucho más detallada y el Presupuesto General de la Nación para 2027 en dos ocasiones: primero ante la 60ª Convención Bancaria en Cartagena y luego ante el Congreso de la República.
Más dinero en menos manos
Una vez el Congreso decidió devolver el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Gustavo Petro para que el nuevo ministro hiciera ajustes, se esperaba un monto menor en gastos e inversión, en concordancia con el recorte tantas veces anunciado en campaña, y una destinación adicional para la atención de los desastres ocasionados por el terremoto del 10 de agosto que costarían cerca de 20 billones de pesos, según BTG Pactual
Cuando el ministro presentó el nuevo proyecto, la gran sorpresa no sólo fue que se aumentaran en 59 billones de pesos los gastos presupuestados por el proyecto devuelto, sino que ni un solo peso se destinaría a la reconstrucción de los municipios afectados ni a la atención a las víctimas. Todo lo contrario: la inversión social recibió un recorte de 4 billones de pesos.
En el orden de prioridades, el primer lugar se lo llevó el sector financiero, al que se le destinarán 37 billones de pesos (más del 60% del aumento) vía pago del servicio de la deuda pública. La supuesta razón es que el exministro de Hacienda Ávila habría subestimado en ese valor los pagos de la deuda necesarios para no entrar en default el año siguiente; pero esto es falso.
Ni en su propio presupuesto es posible pagar todos los vencimientos de deuda de un año y siempre es posible jugar con las subastas de TES (Bonos del Tesoro) para mejorar los plazos y tasas. Esto corresponde a la estrategia de manejo de deuda, una decisión discrecional del Ministerio de Hacienda que, en este caso, optó por adelantar pagos de golpe.
Pagar de golpe sirve si esto reduce las presiones de la deuda a futuro, aunque para un Estado una decisión así no siempre es beneficiosa. Sin embargo, esto cae en saco roto cuando el presupuesto, a la vez, incrementa los ingresos provenientes de deuda en 113 billones, pues no se resuelve la necesidad estructural de ingresos fiscales.
Por otro lado, se adicionan 6,5 billones que irían a cubrir el faltante que dejaron los fondos privados de pensiones que no hicieron el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, como dictaba la reforma pensional.
Sector hidrocarburos
La segunda prioridad fue el sector de los hidrocarburos, en particular Ecopetrol, que recibirá 9,6 billones de pesos para el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo, que el gobierno Petro dejó prácticamente saneado y con una proyección superavitaria para 2026, de repente pasa a representar cinco veces más que lo pagado en 2025.
Además, el proyecto presupuestal descartado permitía saldar esta cuenta vía TES destinados a Ecopetrol, liberando espacio presupuestal para la inversión social. Mantener esos 9,6 billones dentro del presupuesto es una decisión política que pretende inyectar recursos a la enorme caja de la empresa y destinarla para avanzar en la exploración, explotación y desarrollo de pilotos de la nociva técnica del fracking en el país.
Finalmente, las EPS también obtienen un aumento de dos billones de pesos para el pago de la UPC, aunque el gremio no está muy satisfecho con ello y llegó a reclamar hasta 13 billones adicionales para este fin.
Ruta hacia la crisis
Así, el camino obligado que señalaba el ministro Gómez, lejos de ser un documento técnico para la recuperación fiscal del país, es más bien la garantía de pago que este gobierno presenta a sus principales acreedores. ¿A dónde nos llevará este camino? Por paradójico que parezca, este oneroso presupuesto apunta ya a la primera estrategia de recorte: la crisis programada.
Si el gasto aumenta de manera constante mientras las fuentes de ingresos se concentran en la deuda pública, todo de forma exuberante de un año a otro, es claro que, en algún momento muy pronto, corresponderá hacer de manera radical una de dos cosas: aumentar los ingresos vía impuestos o reducir el gasto público.
Mientras en el Gobierno del cambio el déficit entre ingresos y gastos se deterioró por la negativa del Congreso a generar un aumento de los ingresos tributarios, así como por las acciones de la Corte Constitucional para tumbar las pocas medidas que avanzaron, este gobierno pretende profundizar esta diferencia, aumentando pagos completamente discrecionales y acudiendo incluso a la eliminación de impuestos, como ya lo han anunciado para el del patrimonio.
Esto se aúna a los otros múltiples frentes sobre los que se vienen cultivando situaciones de desgaste, que esperan agravarse con este presupuesto, como lo son las acciones militares en territorios con fuerte presencia de grupos armados; la proliferación de incendios a lo largo del país y la negligencia en su atención; los anunciados recortes en la prestación de servicio eléctrico ante la escasez de agua que desencadenará el Fenómeno del Niño; entre otros.
Para ninguno de estos rubros el presupuesto presenta una solución clara y, por el contrario, se desfinancian los principales programas para la paz, incluyendo a la JEP que reduce su inversión en un 80%; el desarrollo agrícola y la reforma agraria; las comunidades energéticas y el programa de Colombia Solar, que permite a las familias el acceso a energías limpias; y otros programas de inversión que suman cerca de cuatro billones de pesos.
30 de septiembre de 2026
Con información del Semanario Voz