Los habitantes de Manrique Jardín se defendieron de la violencia policial, después de haber rogado por salidas democráticas. Foto @gato_triste_y_azul
Dos mujeres cuentan cómo han resistido a la violencia estatal para defender las viviendas que, con sus familias, han venido construyendo desde hace años.
Por: Juan Carlos Hurtado Fonseca
El 8 de octubre, era uno de aquellos jueves en los que Mary Lady Arboleda Albornoz debía levantarse a las 3 de la mañana para hacer las morcillas, que vende a sus clientes fijos y con las que se ayuda para pervivir.
Pero esta vez madrugó, junto con sus vecinos, a estar pendiente porque de la Alcaldía de Medellín irían con maquinaria, trabajadores, funcionarios y Policía a desalojarlos y a demoler algunas viviendas en su barrio, La Divisa, ubicado entre la Comuna 13 y el corregimiento San Cristóbal.
Se había acostado a la 1 y media, porque estaba orando con otros habitantes en rededor de unas velas, para pedirle al Todopoderoso que no permitiera que los dejaran en la calle: “Hicimos una velatón para orar por la comunidad, para pedirle a Dios que no suceda lo que estamos temiendo, que es el desalojo y la demolición de nuestras viviendas”.
A sus 37 años, esta mujer ha sido víctima de varias violencias. Su esposo fue asesinado en Bogotá -lo que la obligó a desplazarse a la capital antioqueña en 2016-, y ahora la intención de la Alcaldía de demoler su morada. A La Divisa llegó hace seis años.
Mary Lady Arboleda Albornoz
Mary Lady Arboleda Albornoz
“Miré la oportunidad de comprar el terreno. Se lo compré a la Junta de Acción Comunal por 11 millones de pesos, era un lote de nueve metros de frente por 10 de fondo”, recuerda esta madre de dos hijos, uno de 21 años y otro de siete, quien es trabajadora doméstica por días.
Con su hermano, su cuñada y su hijo mayor, empezaron a echar las bases: “Eso era todo lleno de barro. Nos tocó ir sacándolo de a poquito y hacer las columnas, porque si le pagábamos a alguien no nos iba a dar para comprar el cemento, el adobe y el resto”.
Con su papá, quien vino desde el Chocó para ayudarla, lograron construir una piecita en la que se metieron a vivir para dejar de pagar arriendo, en abril de 2020. Rápidamente fueron instalados los servicios públicos: “Hace poco nos colocaron la red de gas. Tenemos contadores”.
La zozobra de Mary Arboleda se debe a que en otros barrios ya han hecho desalojos, derribado las viviendas y arrojado la gente a la calle. Es más, a las reuniones de su barrio los acompañan desplazados de esas comunidades.
Crisis de vivienda
Adenelca Cotes Silvera, abogada y una de las asesoras del concejal del Pacto Histórico, José Luis Marín, explica que el problema de fondo es la distribución de la tierra y una crisis de vivienda que no es atendida por la Alcaldía.
“La posición del alcalde es que la ciudad necesita un estadio más grande. Entonces, invierte alrededor de 1.1 billón de pesos en su remodelación y en otros procesos similares. Pero el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda y la gestión del riesgo son para él asuntos menores. El alcalde se enfoca en hacer de Medellín una ciudad más habitable para las altas clases y para los turistas”.
Además, -agrega- en el Plan de Desarrollo la Alcaldía se propuso hacer unas 600 mil recuperaciones de espacio público, como ya lo hizo en el barrio Manrique donde sacó a 73 familias sin garantías reales.
Así quedaron las viviendas en el barrio Manrique Jardín, luego de la intervención de la Alcaldía. Foto: cortesía
Cotes dice que el lote en el que está construido La Divisa era de la constructora Monserrate: “Construyó unos edificios frente al barrio y como forma de compensación al Distrito le entregó el lote en 2018. Entonces, hizo la entrega jurídica, pero no la entrega material, precisamente porque está habitado por esas comunidades; algunas familias están ahí hace unos 20 años”.
El proceso jurídico
La primera visita que la administración de la ciudad hizo al predio fue en 2021, en la que se cercioró que estaba habitado. Sin embargo, hasta abril de 2026, mediante audiencias, les avisaron del desalojo. El lote tiene un área de 17.797 metros cuadrados y se han iniciado procesos para 77 familias, de las 150 que hay, y que con su organización y gestión lograron tener pavimento y servicios públicos.
La abogada argumenta que actualmente hay cuatro casos con fallos de primera instancia que ordenan la demolición y el desalojo. De estos, dos están en la sustentación de la apelación. “Los otros dos: uno tiene fallo de tutela de primera instancia, que le concedió el amparo y se ordenó la detención de la demolición y del desalojo. Seguramente, ahora la corregidora va a apelar esa decisión. Y no solo le ordenaron detener el desalojo y la demolición, sino, además, por fallas en el debido proceso, rehacer todo el proceso administrativo”.
El desastre en el Jardín
A varios kilómetros de La Divisa, la Alcaldía ya desalojó y destruyó las viviendas de 73 familias. Entre esas, la de Erika Vanessa Agualimpia Rodríguez, una lideresa de 35 años de edad, con tres hijos de 22, 19 y 5 años.
En su casa, en el barrio Manrique Jardín, en la Comuna 3, tenía una tienda y poseía dos apartamentos que arrendaba.
Llegó allí siendo una niña de cinco años. El apartamento donde vivía lo construyó ella y la casa en la que tenía los apartamentos lo compró hecho.
Fueron muchos años en los que se dedicó a hacer aseo en casas, lavar ropa, hacer peinados y atender su pequeño negocio para construir y “sacar a sus hijos adelante”.
De las propiedades solo tiene documentos de compraventa y catastro. Reconoce que no tiene escrituras porque es un predio privado: “El primer predio que tuve me lo vendió una muchacha que vive ahí en el sector y los otros me lo vendieron personas que se hicieron pasar como dueños. Y uno por ignorancia lo compra, porque hacen un papel de compraventa”.
Asegura que el terreno donde está construido el barrio tiene dos dueñas: Fanny Higuita y Janneth Barón Caballero. Esta última es una empresaria de la construcción que compró gran parte del área a la primera mujer.
En Manrique Jardín los engañaron para quitarles las ventanas, las puertas y sacarles los muebles. Foto @gato_triste_y_azul
Aparece la dueña
Desde la madrugada del 8 de octubre, la comunidad de La Divisa estuvo esperando a los funcionarios de la Alcaldía, quienes habían quedado de ir a desalojar. Foto J.C.H
“Cuando doña Janneth vio por redes sociales que nos estaban ultrajando, cuando nos echaron los gases, ella hizo presencia en la estación de Policía, yo estuve en esa reunión donde ella dijo: ‘Es mi predio, me tenían que avisar a mí por ser la dueña legítima. Bueno, ya lo hicieron, están en zona de alto riesgo, dicen ustedes, pero en estos momentos no estamos en lluvias, déjenlos ahí. Si me hubieran notificado que están en zona de alto riesgo, yo hubiera mitigado los riesgos de la cañada porque estoy en la capacidad de hacerlo. Déjenlos ahí uno o dos meses hasta que yo los pueda reubicar’”.
A lo anterior, el señor Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, se negó e insistió en el desalojo.
Vanessa Agualimpia comenta que hay un contrato por 7.500 millones de pesos para que esos terrenos se conviertan en un parque ecológico, pero no entiende cómo pueden hacerlo si el lote es privado.
“Juan Manuel me dijo en una reunión en el Consejo: ‘Es que ustedes, Vanessa, están en un suelo que no les pertenece, ese suelo es de nosotros, ese suelo es de la Alcaldía.’ Yo le decía, ‘Entonces, páguenos las mejoras y nosotros nos vamos, pero no nos quiera sacar con tres meses de arriendo’”.
Sin puertas ni ventanas
Erika Vanessa sostiene que, en la estación de Policía de Manrique, al estar frente a Juan Manuel Vásquez y la empresaria Barón Caballero, ella puso en conocimiento la situación a la dueña del lote: “Le dije delante de él, ‘Él me dice que nosotros estamos en un suelo que es de ellos’. Ella en ese momento le sacó las escrituras, le sacó impuesto predial y le dijo: ‘Ese piso es mío, ese predio es mío. ¿Usted cómo se atreve a decir que es de la Alcaldía?’”.
La lideresa asegura que quien reclama los terrenos exigió la suspensión de los desalojos y las demoliciones e interpuso una tutela para detenerlas, con la que les reconectaron los servicios públicos que les habían quitado junto con las puertas y las ventanas, desde el 10 de septiembre cuando también les habían sacado los muebles.
De la misma manera, recuerda que el 9 de septiembre la llamó un policía y le preguntó que si era verdad que tenían bombas, a lo que ella respondió: “Pues nosotros vamos a pelear, no nos vamos a dejar. Bombas no tenemos, pero sí vamos a pelear con piedras y demás. Entonces, él me dijo, ‘No, no se pongan a pelear, que contra el Gobierno no pueden’”. Ella ya tenía información de que entrarían el 10, aunque el policía le dijo que no, que después del 16.
El engaño del diálogo
“Les hicimos unas barricadas en las entradas principales. Entonces, en la parte de abajo donde no había nadie, donde estaban las familias solas, comenzaron a demoler de abajo hacia arriba. Cuando llegaron a la parte de arriba se encontraron con nosotros, y como pedíamos una mesa de diálogo donde accedieron, hablamos con Wilder Zapata, inspector del Parque Gaitán, que fue el que firmó las órdenes para los desalojos”.
En la reunión se acordó que se entraría a hacer una evaluación de las viviendas: “Váyanse para las casas. Vamos a pasar casa por casa”, les dijeron. Sin embargo, cuando ingresaron a la primera vivienda iniciaron a tumbarla.
“Se nos metieron y nos cerraron todas las entradas, nadie podía entrar ni salir. Nos engañaron. Ahí hubo pelea con la Policía, nos tiraron gases, gritábamos que se nos ahogaban los niños, muchos solo quedaron con lo que tenían puesto. No teníamos comida, no teníamos nada y para poder comer de pronto dañábamos una casa por la parte de atrás, y se metían para poder cocinar en una olla comunitaria. Los perros y los gatos se comenzaron a morir después de dos días de que nos tiraron esos gases. Hubo muchas personas enfermas. Con almadanas y taladros eléctricos tumbaron las casas”, relata con impotencia e indignación.
Los enviaron a un albergue en los que pernoctaban habitantes de calle, con el propósito de tenerlos allí 30 días, para luego empezar a darles 620 mil pesos mensualmente, por tres meses a los inquilinos y por seis a los propietarios. Algunas familias tienen más de 10 integrantes y se preguntan dónde encontrarán vivienda para todos con ese valor. En la mesa lograron que les aumentaran a 900 mil.
El terremoto de la Alcaldía
La lideresa comenta que la señora Barón Caballero pagó unos estudios que determinaron que la zona sí está en riesgo, pero no por la cañada y movimiento en masa, como lo aseguró la Alcaldía. Solamente es por la cañada y puede ser mitigable.
Erika Vanessa Agualimpia dice que la empresaria les dijo que les donaría un terreno para reubicarlos en su momento y que ella no ha pedido que los saquen.
La abogada Cotes indica que es un problema de fondo que solo tiene solución si hay voluntad política de la administración de la ciudad, pero que esta solo favorece a los grandes capitales.
Mientras tanto, Vanessa Agualimpia y otras decenas de familias, con las manos vacías, buscan cómo iniciar de ceros con la esperanza de volver a tener una morada.
Mary Lady Arboleda Albornos le pide al alcalde Federico Gutiérrez: “Que no nos desaloje, que no nos vengan a demoler nuestras viviendas. Nadie de los que estamos en la comunidad ha robado o se ha metido a invadir. Estamos viviendo una zozobra. Que, por favor, nos llame a una mesa de diálogo y nos dé soluciones. Porque todos queremos tener una vivienda, poder llegar cansados de trabajar y decir, ‘Hoy llegué a mi casa’, descansar, sentir paz y tranquilidad”.
Ella, como el resto de sus vecinos en La Divisa, tienen listo un bolso con una muda de ropa: “Estamos alertas porque no sabemos qué va a pasar, pero en cualquier momento se nos pueden meter y de repente ya no tendremos dónde dormir”.
Finalmente, Vanessa Agualimpia expresa con entereza: “Para nosotros la Alcaldía del señor Federico Gutiérrez fue lo peor que nos pudo pasar. La mano de la Alcaldía fue peor que el terremoto”.
15 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz