A las afectaciones se suman los riesgos que enfrentan los liderazgos sociales y sus organizaciones. Foto Carolina Tejada
La escalada de violencia en el departamento agrava la crisis humanitaria y aumenta los riesgos para la población civil. El Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) advierte sobre las consecuencias de la militarización y la necesidad de una salida política al conflicto armado.
Por: Valentina Bolaño Senior
El Cauca ha registrado una sucesión de hechos violentos que ha generado preocupación en la población civil, ya que ha quedado en medio de la disputa entre grupos armados y el Ejército Nacional.
El 22 de octubre, Abelardo de la Espriella informó sobre la Operación Ónix, un despliegue militar que se llevó a cabo en el municipio de El Tambo, Cauca, contra el frente José María Becerra, perteneciente al Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el informe del Ejército Nacional, la operación dejó 10 integrantes del ELN muertos, entre ellos dos conocidos con los alias de “Marcos Pacífico” y “Ochenta”.
Un día después, el 23 de octubre, se registró un ataque con drones cargados con explosivos contra las Fuerzas Armadas en el río Guapi. El hecho dejó un militar muerto, Edwin Vargas Londoño y cuatro uniformados heridos.
A estos hechos se sumó un ataque contra el vehículo del líder indígena Jorge Ulcué, ocurrido en la mañana del 26 de octubre en la vía Panamericana, en el Cauca. Ulcué ha ejercido como autoridad en su territorio. Tras lo sucedido, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) denunció mediante un comunicado público: “Rechazamos el ambiente de estigmatización alentado por el Gobierno nacional y las acciones en contra de la vida que pretenden mantener el terror como arma política”.
Sobre la situación humanitaria por la que está pasando el Cauca, VOZ habló con Cristian Delgado Bolaños, defensor de derechos humanos e integrante del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina de Caloto y de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.
La crisis humanitaria
“Los intereses que existen sobre el territorio, las poblaciones y el desarrollo de la guerra total han profundizado la militarización, las disputas territoriales entre los grupos armados organizados al margen de la ley, grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y la fuerza pública”, explica Delgado.
Señala que las respuestas con operatividad militar han generado una crisis humanitaria en los territorios rurales y urbanos que “contrasta con la decisión del actual gobierno de cerrarle la puerta a la salida política y dialogada, y su énfasis en la negativa a reconocer la existencia de conflictos sociales y armados internos”.
La confrontación armada ha incrementado el desplazamiento forzado y el confinamiento de las comunidades. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el Cauca fue el departamento con más personas afectadas por desplazamientos masivos y ocupó el segundo lugar en confinamientos, después del Chocó
“La persistencia y profundización de la confrontación armada han incrementado los desplazamientos forzados, el confinamiento, el daño a bienes civiles y culturales, las amenazas, los asesinatos, el reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el hostigamiento, señalamiento y criminalización de los liderazgos, las organizaciones, pueblos, comunidades indígenas, campesinos, afrodescendientes, sectores populares y comunitarios”, detalla el entrevistado.
A estas afectaciones se suman los riesgos que enfrentan los liderazgos sociales y sus organizaciones.Delgado señala que las economías y las disputas territoriales generan otras afectaciones, principalmente las relacionadas con los sectores minero-energético y agrícola, la tenencia de la tierra y los monocultivos.
“Diversos organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, hemos señalado que, pese al enfoque adoptado y a algunos avances en inversión social y en relación con el problema agrario y la participación, adelantados por el anterior gobierno, en la actualidad esas reformas tienden a ser revertidas y se van a profundizar las causas estructurales e históricas del conflicto, así como el incremento de la violencia”, continúa Cristian.
Militarización frente a una salida política
La decisión del gobierno De la Espriella de terminar los diálogos con distintos actores armados propone una figura de sometimiento que “fortalece la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno, el aparato policial-militar, reactiva el paramilitarismo como estrategia de Estado, penaliza y criminaliza la protesta social, restringe la participación ciudadana y las garantías para la democracia”, explica.
La preocupación crece cada vez más con las decisiones de militarización: “es un gobierno que hace trizas la esperanza de paz con justicia social, no quiere y no asume su deber constitucional de construir y garantizar el derecho a la paz”.
Es un compromiso de Estado garantizar los derechos humanos, particularmente en lo referente a prevención, protección, investigación, reparación y garantías de no repetición; por tal razón, “en un país en el que persiste un histórico conflicto, la fuerza pública tiene un deber constitucional en materia de seguridad. Sin embargo, la acción estatal no puede reducirse a la militarización y a las intervenciones episódicas orientadas a mostrar resultados como incautaciones y «neutralizaciones»”, señala.
La paz debe ser el objetivo
La búsqueda de la paz debe seguir siendo el objetivo principal, para que la población que está en medio de las confrontaciones entre grupos armados ilegales y el Ejército Nacional no siga siendo la más afectada.
El PUPSOC persiste en la necesidad de la salida política al conflicto armado interno, “así como en la implementación de acciones humanitarias y la transformación integral de los territorios. La situación actual demanda estrategias integrales que incluyan la participación efectiva de las comunidades y organizaciones en los territorios, el fortalecimiento de mecanismos de autoprotección y autocuidado, y la garantía de condiciones para el desarrollo de agendas humanitarias”, puntualiza Cristián Delgado.
Señalan que la apuesta seguirá siendo defender, sensibilizar y promover los derechos humanos, en particular el derecho a la paz: “para esto, es fundamental fortalecer los escenarios formativos desde las organizaciones de base, la acción movilizadora, la acción jurídica, la incidencia política articulada para posibilitar la integralidad en el trabajo en defensa de la vida, la paz y los derechos humanos”, finaliza el defensor de derechos humanos.
29 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz