El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, es acusado por conflicto de intereses en el caso de la hacienda Simba. Foto Minagricultura
En el debate liderado por el senador Iván Cepeda Castro quedó en evidencia las cercanas relaciones comerciales y políticas entre narcotraficantes con la familia presidencial, el ministro de Agricultura y altos cargos directivos del actual gobierno nacional.
Redacción Política
Mientras el Gobierno nacional suspende compras, recorta presupuestos y revisa instrumentos de la reforma agraria, asoman amenazas violentas contra los beneficiarios de esta: “Esta tierra tiene dueño”. La historia se repite.
El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro presentó ante el Congreso de la República, el pasado 23 de octubre, una denuncia sobre el giro de la política agraria para devolver la tierra a quienes la obtuvieron mediante el narcotráfico, el paramilitarismo y el despojo.
Durante el debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangon, el legislador expuso documentos, registros de propiedad, actuaciones administrativas y testimonios que, según dijo, evidencian relaciones entre personas señaladas o condenadas por delitos asociados al despojo y funcionarios que hoy ocupan posiciones estratégicas en las entidades encargadas de administrar, recuperar y restituir tierras.
Despojo o reforma agraria
El país retorna al modelo de despojo narco-paramilitar, en el que, bajo el relato de la lucha contrainsurgente, se asesinó, desplazó, despojó, robó y acumuló riqueza; se lavaron capitales criminales, se controlaron violentamente los territorios, se reconcentró la tierra y sus responsables se convirtieron en la nueva clase latifundista de este siglo.
La denuncia contrasta con los resultados del Gobierno anterior y su reforma agraria, que gestionó cerca de 806.000 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras y avanzó en la redistribución de 351.010 hectáreas para 95.727 familias campesinas y étnicas.
Más de 2,28 millones de hectáreas fueron formalizadas, se constituyeron nuevas Zonas de Reserva Campesina y se establecieron Áreas de Protección para la Producción de Alimentos: una política agraria que se ampliaba y se perfilaba a corregir los desafíos pendientes de titulación, acompañamiento productivo y seguridad.
El gobierno del cambio lideró los esfuerzos redistributivos más importantes para el campesino colombiano.
Las denuncias
En contraste, el actual Gobierno está frenando las compras y entregas de tierras, debilitando las entidades agrarias y poniendo en entredicho los instrumentos que permitieron recuperar bienes de origen ilícito y entregarlos a las comunidades rurales.
Mientras miles de familias comenzaban a ejercer su derecho a la tierra, los antiguos intereses que se beneficiaron del despojo encuentran respaldo político en las declaraciones del ministro de Agricultura, Indalecio Dangon, durante el debate de control a su cartera.
Uno de los casos mencionados involucra a Hughes Manuel Rodríguez Fuentes, conocido con el alias de Comandante Barbie, señalado como narcotraficante y paramilitar, quien admitió ante una corte de Estados Unidos haber participado en lavado de activos al servicio de Jorge 40.
La denuncia presentó relaciones comerciales entre integrantes de la familia Rodríguez Fuentes y sociedades vinculadas a Abelardo de la Espriella. Mencionó, entre otras, las firmas Dominio de la Espriella y Montejo Group, cuyos registros societarios, según expuso, muestran participación de familiares de Rodríguez Fuentes en esos negocios.
Cepeda Castreo también señaló la adquisición de la hacienda Nueva Jerusalén, vendida por una hermana de alias Barbie a De la Espriella, y la intervención de su firma de abogados en actuaciones relacionadas con intereses empresariales de esa familia. El predio está ubicado en una zona de influencia minera.
Nuevos testaferros
La denuncia se extendió a tres predios –La Alquería, La América y Caja de Ahorros– entregados por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a través de Rodríguez Fuentes, para contribuir a la reparación de las víctimas.
A pesar de los procesos de restitución, el legislador denunció presiones contra las comunidades campesinas que ocupan esos terrenos y señaló que se les estaría anunciando que deberán abandonarlos para devolverlas a quienes mantienen intereses sobre ellas.
El caso de la mina Walter, en la serranía de San Lucas (sur de Bolívar), también fue expuesto. Allí, comunidades de pequeños mineros han denunciado el despojo de sus derechos sobre la explotación aurífera.
El congresista señaló la intervención de abogados vinculados a De la Espriella en actuaciones favorables a intereses empresariales que buscan desplazar a los mineros campesinos. También denunció que Olimpo Oliver Peñaranda, identificado por sus vínculos con estructuras criminales y por presunto lavado de activos, habría recibido dos concesiones mineras durante el actual Gobierno.
Intereses particulares
La preocupación central no se limita a las relaciones comerciales. Iván Cepeda advirtió sobre la presencia de funcionarios con posibles conflictos de interés en entidades que administran bienes incautados, tierras de reparación y procesos de restitución.
Se refirió a Diana Patricia Bravo, actual directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y a Joaquín Gutiérrez, quienes tuvieron vínculos con la gestión de bienes del narcotráfico y el paramilitarismo durante la Fiscalía de Mario Iguarán. Ambos aparecen relacionados con actuaciones de esa época en el escándalo de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes.
Otro señalamiento compromete al ministro de Agricultura como representante de intereses privados en el caso de la hacienda Simba, y advirtió posibles conflictos derivados de su paso por el sector privado y su posterior llegada al Gobierno. También mencionó predios familiares que la Agencia Nacional de Tierras habría declarado baldíos y una contribución empresarial a su campaña electoral.
En el caso del predio La Corona, que comprende las haciendas Alto Bonito y No Hay como Dios, se señalaron antecedentes de despojo atribuidos a la familia Pretelt y se recordó que allí funcionó un campo de entrenamiento paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas. También se cuestionó que Luis Manuel Alejandro Pretelt, hijo del exmagistrado usurpador de tierras Jorge Pretel, ocupe la Secretaría General del Ministerio de Agricultura.
La contrarreforma
Los señalamientos se producen en medio de decisiones que afectan la continuidad de la reforma agraria. El Gobierno anunció la suspensión de nuevas compras de tierras para 2027, la revisión de pagos pendientes por predios negociados y la no renovación de miles de contratos en el sector.
A esto se suman los recortes presupuestales a la Agencia Nacional de Tierras y a la Agencia de Desarrollo Rural, que reducen la capacidad de comprar, formalizar, restituir y acompañar a las familias beneficiarias.
La Red Nacional en la Defensa de la Reforma Agraria ha advertido sobre amenazas, asesinatos, intimidaciones y acciones judiciales dirigidas a recuperar predios entregados a campesinos. En varios casos, las familias enfrentan presiones de estructuras criminales que buscan recuperar terrenos que fueron objeto de extinción de dominio o procesos de restitución.
4 de noviembre de 2026
Con información del Semanario Voz