Foto: Comisión de la Verdad
El gobierno De la Espriella tiene como objetivo mantener las lógicas de explotación propias del modo de producción capitalista, en beneficio de los sectores más poderosos de la economía y en detrimento de la clase trabajadora. Se avecina una agudización de la dominación y la explotación laboral por parte de los dueños del capital: empresarios, propietarios de tierras, entre otros.
El gobierno anterior se preocupó por garantizar los ingresos necesarios para que la población trabajadora contara con capacidad adquisitiva, es decir, con ingresos producto de su trabajo suficientes para satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud, educación y recreación.
No solo mejoró los salarios, sino que protegió la canasta básica familiar al evitar el aumento de los costos de los alimentos y los fertilizantes para los cultivos, y amplió los subsidios, permitiendo que el bolsillo de los colombianos y las colombianas alcanzara hasta fin de mes.
Pero el actual gobierno no solo reduce la responsabilidad del Estado en materia de inversión social e improvisa la planificación y atención de las emergencias sanitarias y de la catástrofe ambiental, sino que también promueve el incremento del IVA y recorte de los subsidios que tanto aliviaban a los sectores más empobrecidos, al campesinado y a las mujeres.
En síntesis, la llamada “Ley de Rescate Fiscal” es una reforma tributaria regresiva para el pueblo colombiano y un proyecto reaccionario que organiza el Estado a su imagen y semejanza, vulnerando los derechos sociales consagrados en la Constitución Política del país.
Ahora promueve, además, un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, el mismo que dicta a los gobiernos de los países una receta que conduce a la asfixia económica de la población: austeridad, reducción de la inversión y del gasto estatal, privatización de empresas o activos públicos e incremento de los impuestos, todo ello so pretexto de garantizar el pago de la deuda, entre otras medidas.
El movimiento sindical y social sabe que la llamada crisis fiscal no es más que una excusa para imponer una política de regresión social. Estas medidas ya se aplicaron en el pasado y son las mismas que el gobierno de Milei implementó en Argentina, con graves consecuencias económicas y sociales para la inmensa mayoría de la población.
En Colombia, una crisis de esta naturaleza tendría lugar en un contexto en el que la población se esfuerza por llegar a fin de mes, en medio de la informalidad, sin acceso a derechos sociales y de profundas desigualdades. A esto se suma una violencia que tiende a crecer en las periferias del país, como resultado de la decisión del gobierno de condenar a la población civil a más años de guerra, en busca de eliminar físicamente a los contradictores en cada región.
El paro nacional convocado para el 19 de noviembre recoge el descontento acumulado durante tres meses de mal gobierno, frente a unas medidas que protegen los bolsillos del capital mientras sacrifican las obligaciones del Estado con quienes viven de su fuerza de trabajo. Ante esta ofensiva contra los derechos sociales, la respuesta debe ser la unidad, la movilización y la organización popular.
La rebeldía que se siente frente al desgobierno no es una expresión cualquiera, es el derecho que tienen los pueblos de reclamar derechos, defender sus conquistas y abrirle paso a la dignidad con justicia social para las mayorías.
Con información del Semanario Voz