Tegucigalpa.-La justicia de Honduras envió a la cárcel a Gerardo Galeano, señalado como el cuarto implicado en una presunta conspiración para asesinar al expresidente Manuel Zelaya y derrocar al gobierno de la mandataria Xiomara Castro.
En una resolución, conocida el lunes, el juez que instruye la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Galeano, por suponerlo responsable de actos preparatorios punibles y asociación terrorista en perjuicio del orden público.
Los otros tres imputados en el mismo proceso son Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales, quienes fueron capturados el pasado 13 de agosto en operativos coordinados.
Según el Ministerio Público (Fiscalía) existen pruebas documentales, periciales y testimoniales que los vinculan directamente con planear el magnicidio de Zelaya y provocar la caída de Castro.
Ese hipotético escenario incluía la organización de un paro nacional y el uso de la violencia para generar caos, temor y presión política, de acuerdo con las investigaciones.
Como consecuencia de esas acciones, los hechos afectarían el desarrollo de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, quebrantarían el orden constitucional y pondrían en grave riesgo la paz social y la democracia, señaló el poder judicial en una nota de prensa.
En una comparecencia realizada el pasado 14 de agosto, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, informó sobre la existencia de un complot para atentar contra la vida del exgobernante.
El titular del Ministerio Público denunció entonces que dicha conspiración tenía como objetivo paralizar el Estado, alterar el orden constitucional y poner en riesgo la paz social y la democracia misma, es decir, impedir la celebración de los venideros comicios.
Manifestó que el plan tenía como propósito no solo atentar contra el otrora mandatario (2006-2009) y líder del oficialista Partido Libertad y Refundación, sino también provocar la salida anticipada de la actual jefa de Estado.
“Tenían planificado atentar contra el expresidente Zelaya, derrocar al Gobierno y forzar la salida de la presidenta Xiomara Castro”, enfatizó.
A su juicio, la gravedad de los hechos obliga a actuar con celeridad para garantizar la seguridad de las autoridades y el respeto a la institucionalidad.
“Este no es un caso sustentado en mentiras ni suposiciones, sino en comunicaciones, pericias y análisis que demuestran un plan para alterar violentamente el orden democrático”, remarcó el fiscal general.
Las defensas de los imputados señalaron que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son contundentes para que a estas personas se les acuse de terrorismo.
Para el ente acusador del Estado existen indicios de participación y el caso podría ir a juicio oral y público.
Con información de Prensa Latina