Jorge Glas cuenta actualmente con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La denuncia detalla que un recluso del mismo pabellón advirtió a Glas sobre un plan para asesinarlo mediante una maniobra en el cuello que simularía un accidente.
La defensa legal del exvicepresidente de la República de Ecuador, Jorge Glas, denunció públicamente que su cliente se encuentra en «peligro de muerte» dentro de la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro.
De acuerdo con el testimonio de su abogada Sonia Gabriela Vera García, Glas no solo habría sido víctima de agresiones físicas graves y de un acto de agresión sexual por parte de personal militar, sino que también enfrenta amenazas directas contra su vida.
La denuncia detalla que un recluso del mismo pabellón advirtió a Glas sobre un plan para asesinarlo mediante una maniobra en el cuello que simularía un accidente, un dato que —según la abogada— solo manejan su círculo íntimo familiar, médico y legal, pues consta en su historia clínica confidencial.
Denuncio que Jorge Glas está en peligro de muerte dentro de la cárcel de El Encuentro.
Un preso de su pabellón le advirtió que el oficial que lo golpeó había revisado su historia clínica y que pretendían hacer que alguien le pusiera un pie en el cuello para desnucarlo. Ese preso conocía un dato preciso sobre el cuello de Jorge que, según él, solo conocen su familia, sus abogados y sus médicos, y que consta en su historia clínica.
Jorge relató la agresión durante una reunión telemática, con un militar sentado a su lado. Yo grabé la reunión para que quedara constancia directa de su denuncia.
El miércoles 11 de noviembre fue al dispensario médico. Lo atendieron y salió. Cuando regresaba, lo hicieron volver. Mientras estaba sentado, el mismo oficial que ya lo había amenazado le rozó los genitales contra el hombro. “Me sentí agredido sexualmente”, dijo Jorge. Después, ese oficial y al menos otros cinco militares lo golpearon, lo patearon y lo arrastraron mientras intentaban esposarlo. Jorge relata que terminó vomitando, sangrando y sin poder caminar. Tuvieron que subirlo a una silla de ruedas.
Miren su espalda. Miren su pierna días después. En los registros del Estado, la agresión aparece calificada como “autolesión”.
A la mañana siguiente, Jorge contó junto al médico 37 heridas sangrantes y le pidió que anotara lo que veía. El parte de ese día califica de “normal” el resto de la exploración y consigna únicamente una “equimosis pequeña” en el tórax. No registra hematomas en la espalda. Un funcionario fotografió todas sus heridas mientras Jorge estaba en la camilla de emergencia. Esas fotografías existen.
Desde entonces, la cárcel le exige acudir esposado a las consultas médicas, aunque las esposas le desencadenan crisis de pánico. El viernes no recibió atención de tres médicos. Ese mismo día pidió auxilio por escrito a la directora de la cárcel. Ella confirmó que recibió la carta. Jorge pidió que me enviaran una copia. No la he recibido.
El artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura obliga a las autoridades a investigar de oficio y de inmediato cuando existe una denuncia o razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura. Desde el 11 de noviembre no se ha abierto una investigación. La defensa conoció lo ocurrido hace apenas unas horas.
Jorge Glas cuenta con medidas cautelares de la CIDH y medidas provisionales de la Corte Interamericana. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura también se han pronunciado sobre su caso. Aun así lo golpearon. Aun así lo amenazan de muerte.
Ecuador mantiene a Jorge bajo su custodia y tiene el deber de proteger su vida e integridad. Las autoridades ya conocen la amenaza, la agresión denunciada, las lesiones y la falta de respuesta. Si mañana Jorge aparece muerto en su celda, nadie podrá alegar que el Estado no fue advertido.
No esperen a que lo maten.
@StuardoRalon @TaniaReneaum
@JoseLCaballero @CIDH @CorteIDH
@DEFENSORIAEC @CorteConstEcu
@UN_SPExperts @RMudrovitsch
@Claudiashein @LulaOficial
@OEA_oficial @CorteConstEcu @UEenEcuador— Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) November 18, 2026
Los incidentes se habrían desencadenado el pasado miércoles 11 de noviembre, cuando Glas acudió al dispensario médico del centro carcelario.
Según el relato sostenido por la defensa durante una reunión telemática —la cual fue grabada para dejar constancia—, los hechos ocurrieron al regresar del consultorio, donde el exfuncionario fue interceptado.
Un oficial que previamente lo había amenazado, lo habría agredido de manera sexual al rozarle los genitales contra el hombro.
Luego del incidente, dicho oficial y al menos cinco militares más lo habrían golpeado, pateado y arrastrado en un intento por esposarlo; el ataque dejó a Glas vomitando, sangrando y con incapacidad para caminar, por lo que debió ser trasladado en silla de ruedas.
Al día siguiente, en presencia de un médico, se habrían contabilizado 37 heridas sangrantes; sin embargo, el parte oficial calificó el suceso como una «autolesión» y solo registró una pequeña equimosis en el tórax, omitiendo los hematomas en la espalda.
La defensa legal señaló que, desde los hechos ocurridos el 11 de noviembre, no se ha iniciado ninguna investigación de oficio; dicha omisión violaría el artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que obliga a las autoridades a indagar de inmediato ante indicios razonables de tratos crueles o degradantes.
Asimismo, reportó que a Glas se le exige acudir a las consultas médicas con esposas, un método que le provoca crisis de pánico.
El pasado viernes, el exvicepresidente no recibió atención médica y elevó un pedido de auxilio por escrito dirigido a la directora de la cárcel, documento del cual sus representantes legales aseguran no haber recibido copia.
Jorge Glas cuenta actualmente con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Por otra parte, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura se han pronunciado previamente sobre su situación jurídica y carcelaria.
Bajo el derecho internacional y la custodia estatal, el Estado ecuatoriano tiene el deber intransgible de garantizar la vida e integridad de los personas privadas de libertad.
La abogada enfatizó que las autoridades ya tienen pleno conocimiento de las agresiones y amenazas, por lo que responsabilizan anticipadamente al Estado por cualquier atentado contra la vida del exvicepresidente.
Foto: EFE
18 de noviembre de 2026
Con información de TeleSur