Visita del Ministerio del Trabajo a Canal Caracol para transformar las condiciones laborales en los medios de comunicación del país. Foto Mintrabajo
El caso del Canal Caracol invita a enfrentar con mayor ahínco la violencia contra la mujer, en el ámbito del trabajo
Redacción Laboral
El último escándalo que estalló en un medio de comunicación del Establecimiento encendió las alertas sobre una vieja problemática, que hasta ahora se empieza a tratar con seriedad desde instituciones estatales.
Es así como el 26 de marzo el Ministerio del Trabajo realizó una inspección en Canal Caracol y proyectó otras en RCN y RTVC para “prevenir el acoso laboral, el acoso sexual y los riesgos laborales en el sector”, como lo manifestó esta cartera.
Hay que tener en cuenta que es justo en el actual gobierno en el que se iniciaron a hacer visitas con enfoque de género a empresas, con el objetivo de revisar temas relacionados con acoso sexual y acoso laboral a mujeres.
Y que fue gracias a la Resolución 4607 de 2022, que la ministra Gloria Inés Ramírez creó el Grupo Élite de Inspección Laboral para las Mujeres, conformado por funcionarias con experiencia en estos asuntos, quienes comenzaron el desarrollo de estos trámites con seriedad.
El Ministerio explicó que estos procesos están fundamentados en leyes y convenios internacionales adoptados por Colombia, como Convenio 190 de la OIT; la Ley 1257 de 2008; los alcances de la Ley 2365 de 2024; y en un enfoque que va más allá de la Ley 1010 de 2006.
Primera fase: revisión documental de protocolos, reglamento interno de trabajo y rutas de atención frente al acoso y la violencia. Foto: Ministerio de Trabajo
Una ruta
Una fuente del Ministerio del Trabajo comentó a VOZ que, aunque hay varias leyes para la protección de las mujeres, la inspección laboral tiene grandes debilidades: “Un ejemplo es que un inspector del trabajo no puede declarar derechos; esto está en el Código Sustantivo del Trabajo, y al no poder hacerlo no puede sancionar y no puede decir: ‘Aquí hubo una situación de acoso sexual’, eso solo lo puede definir un juez de la República, y efectivamente ahí tenemos los problemas de que las mujeres no quieran denunciar y tengan miedo a pasar por un proceso judicial”.
No obstante, la invitación es a denunciar, más cuando empieza a haber una protección desde el Estado. Para esto hay varias rutas dependiendo del tipo de vinculación y de la forma de violencia.
Las inspecciones se harán en el marco de un plan nacional que busca transformar las condiciones laborales en los medios de comunicación del país . Foto: Ministerio de trabajo
Sobre las rutas a seguir, la fuente de esta cartera explica que, en cuanto a acoso laboral, cuando no es acoso sexual o cuando no son formas graves de violencia, se tramita a través del comité de convivencia laboral. Este revisa la queja, propone una conciliación, propone un diálogo y toma decisiones.
Puede recomendar al empleador cambio de jornadas, cambio de turnos o un taller de convivencia. Sin embargo, hay limitaciones y es que este comité es una instancia que concilia y este tipo de agresiones constituyen una violencia de género, e implica aplicar un criterio de la Ley 1257 y es que el agresor no debe confrontar a la víctima, porque es un derecho de ella.
El bajo número de denuncias, por miedo a represalias o por evitar la revictimización, está entre las causas para que se repitan o normalicen patrones de comportamiento de abusos sexuales y laborales contra mujeres, tanto en el sector público como en el privado.
Esto pasa principalmente cuando el acosador es un superior jerárquico o una persona de poder en la empresa. En estos casos se debe acudir a la inspección laboral, aunque esta no puede sancionar ni dirimir controversias.
El acoso sexual
Ante las denuncias, la inspección laboral debe hacer un llamado de atención a la empresa y solicitar implementar medidas de prevención y atención, en los cinco días hábiles siguientes a la interposición de la queja: “Mientras tanto, se pueden activar otras rutas como lo son el juez ordinario laboral o la tutela”.
En el sector público se puede acudir a la Procuraduría, aunque exige primero haber pasado por el comité de convivencia laboral.
Ahora bien, en relación con el acoso sexual está la Ley 2365 de 2024 que define que la ruta se activa a través de la interposición de la queja ante el empleador: “Esas garantías pueden ser tomar teletrabajo, cambio de supervisión, cambio de turnos, e inmediatamente deben ponerse en conocimiento de la víctima que puede activar cualquiera de esas medidas de protección. Desafortunadamente, estas garantías a veces afectan a las víctimas porque son ellas a las que les toca cambiar el turno, pedir teletrabajo y muchas víctimas dicen: ‘No, pero yo por qué me tengo que afectar si es el victimario el que me está acosando’. Entonces, la ley es muy clara en decir que no se debe desmejorar a la víctima y siempre las medidas deben recaer en el agresor y no en ella”.
En estos casos, las empresas deben iniciar un proceso disciplinario: “No es que vamos a conciliar, vamos a revisar qué pasó. No. La empresa está obligada a iniciar un proceso de investigación, un proceso disciplinario”.
Falta personal
En este asunto, actualmente hay un debate en el sector público porque la Procuraduría emitió la Circular 006 de 2025, que estipula que cualquier caso de acoso sexual debe ser remitido directamente a ella. Sin embargo, muchas víctimas se niegan porque en las procuradurías regionales no cuentan con el personal idóneo para la atención de estos casos.
Por su parte, en el sector privado, el empleador debe decir a la víctima que puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, pero no iniciar un trámite penal de acoso sexual sin el consentimiento de ella, ya que no todas quieren denunciar por el proceso de revictimización que implica.
Asimismo, el empleador debe hacer el acompañamiento integral a la víctima, en los casos que requiera asistencia en salud mental, o activar la ARL para que haga acompañamiento a la empresa en prevención y atención, por ejemplo.
Aunque hay miedo a denunciar, la invitación es a hacerlo porque se deben conocer los lugares en los que se presentan estas situaciones, sobre todo, las de acoso sexual, normalizadas en los ámbitos laborales, para que las entidades competentes actúen y se sancione y exijan a las empresas y entidades medidas preventivas y correctivas.
En el actual gobierno hay una oportunidad de comenzar a poner freno a estos abusos, ya que, aunque falta mucho, las instituciones del Estado empiezan a tomarse el tema en serio.
Con información del Semanario Voz