El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ratificó, por votación unánime, la sentencia de 10 años de prisión efectiva a Jeanine Áñez por haber asumido la Presidencia de manera ilegal y propiciar un Golpe de Estado en contra del ex presidente Evo Morales en noviembre de 2019
Por: Oscar Hernando Avellaneda
La golpista de extrema derecha enfrenta una serie de procesos judiciales siendo acusada de terrorismo, sedición y conspiración, por lo cual se encuentra detenida preventivamente en una cárcel de la ciudad de La Paz desde el año 2021.
A inicios de diciembre, dos de sus exministros fueron condenados a dos años de prisión, tras aceptar su responsabilidad en el complot contra Evo Morales, por los delitos de encubrimiento y asociación delictuosa. De acuerdo con la Fiscalía, ambos conocían del plan para forzar la caída de Morales y no lo denunciaron.
Contra el proceso de Cambio en Bolivia, encabezado por el líder indígena Evo Morales, se desarrollaron desde un principio todas las acciones de desestabilización oligárquica e imperial, pudiéndose observar tres grandes intentos de Golpe:
El primero se llevó adelante de manera temprana en el período 2006-2009.
Preocupado por un gobierno que de entrada nacionalizó el petróleo, recuperó los recursos naturales, convocó una Asamblea Constituyente, empezó a ejercer soberanía estatal en todos los campos, apostó al carácter multilateral de las relaciones internacionales e impulsó, junto a otros países de la región, novedosos mecanismos de integración y concertación política (ALBA y UNASUR), Estados Unidos desarrolló su línea conspirativa. Para ello utilizó a la DEA –que se dedicó al espionaje político junto a la CIA- y a la capacidad instalada de su embajada en La Paz, para organizar y fomentar los planes de división territorial, primera forma concreta con la que se pretendía derrocar al gobierno de izquierda.
La intentona fue derrotada por la capacidad de movilización del gobierno y de los movimientos sociales más que por el accionar institucional de la Policía y las Fuerzas Armadas. El efecto de esa derrota sería duro para los imperialistas: el embajador Philip Golberg fue expulsado y también la DEA. Meses después, ya debilitada, la ultraderecha boliviana experimentaría otra nueva derrota al desmontarse una célula terrorista, con integrantes extranjeros, que pretendía retomar la debilitada bandera del separatismo e incluso asesinar al Presidente Evo Morales.
El segundo intento se llevó a cabo entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Frente al proyecto gubernamental de modificar vía referéndum el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, para habilitar el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera, para las elecciones de 2019, una conspiración político-mediática activada por los EEUU logró romper el vínculo emocional de un porcentaje de la población que hasta ese momento siempre había votado por Morales (2005, 2009 y 2014).
El resultado de ese referéndum cargó de optimismo a la oposición y le hizo ignorar la relación de fuerzas real en el país, que seguía siendo favorable en términos generales al Proceso de Cambio. Convencidos de que Morales estaba debilitado, en las dos siguientes semanas a ese acto electoral, los pedidos de renuncia del presidente no cesaron, por parte grupos de “opinadores” con cobertura mediática y dirigentes políticos reaccionarios.
Posteriormente el bloque de oposición (partidos de derecha, medios de comunicación, jerarquía católica, algunos empresarios, dirigentes cívicos y plataformas ciudadanas) dio paso a una nueva escalada de su ofensiva. Tres fueron los frentes desde donde la oposición llevó adelante esta nueva fase de la estrategia: el internacional, el político-conspirativo interno y el mediático, acusándolo de corrupción y narcotráfico, aunque no existía nada que pudiera probarlo.
Un tercer intento fue la ofensiva general contra el Proceso de Cambio. El bloque opositor no pudo impedir que Evo se presentara en las elecciones de octubre de 2019 y que se pusiera a la cabeza en las encuestas de intención de voto. Ni siquiera en encuestas manejadas por fracciones opositoras se pudo evitar que el líder indígena apareciera primero.
Mientras esa tendencia se profundizaba, los incendios en la Chiquitanía le dieron a la oposición una forma efectiva para crear la imagen distorsionada de que Evo era “el mayor depredador de la historia de Bolivia” y generaron una plataforma de conflictos, como los protagonizados por el “Comité Pro Santa Cruz” -que en su cabildo del 4 de octubre de 2019 levantó las banderas del federalismo y de la desobediencia civil si Evo Morales triunfaba producto de un supuesto fraude electoral-, por el Colegio Médico –que se opuso al acceso de la gente a la salud y estuvo más de 30 días en paro-, por los cívicos de Potosí –que pedían mayor regalía por la explotación del litio, a pesar de que recién se estaba en los pasos iniciales de esta histórica reivindicación-, por un sector de los indígenas de las tierras bajas –que en una marcha hacia La Paz exigían que se levantara el decreto de ampliación de la frontera agrícola–, y por un sector de los cocaleros de Los Yungas de La Paz, que cuestionaban la Ley General de la Coca.
De esta manera, la estrategia general para desestabilizar a Evo Morales ingresó en su recta final.
El 20 de octubre de 2019 se efectuaron las elecciones generales, en una jornada caracterizada por una amplia participación popular, en las que el Pueblo Boliviano eligió, como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a Evo Morales Ayma, por encima de las maniobras de la derecha interna y regional, el Imperialismo y una intensa guerra mediática.
El candidato de “Comunidad Ciudadana”, Carlos Mesa, perdedor de las elecciones, primero pidió una segunda vuelta, sin esperar el cómputo oficial de votos, luego solicitó una auditoría internacional por sospechas de fraude e instó a desconocer los resultados.
Ante la acusación de fraude electoral el Gobierno nacional solicitó a la OEA la realización de una auditoría a las elecciones. Esta auditoría presentaría sus resultados el 12 de noviembre de 2019, aún así, los sectores golpistas se opusieron a los resultados sin haber culminado el proceso.
Desconociendo las instituciones electorales y el mandato popular expresado en las urnas, la extrema derecha, con el apoyo y conducción de los EEUU, y de las oligarquías regionales, pusieron en marcha el Golpe de Estado rodándole al Pueblo boliviano el resultado electoral.
La “democrática” oposición se negó a reconocer su derrota en las urnas y acudió a la violencia y la fuerza contra el orden constitucional. La estrategia derechista desató en el país intensas jornadas de violencia, que costaron muertes, cientos de heridos y expresiones condenables de racismo hacia los Pueblos originarios.
Horas antes del Golpe, el 10 de noviembre de 2019, en una demostración más de ecuanimidad y estatura política, Evo llamó a los organizadores de las protestas violentas a una “profunda reflexión” e instó al Pueblo a movilizarse para defender la democracia, convocó a las fuerzas políticas a una mesa de diálogo por la paz y a nuevas elecciones generales, pero los grupos cívicos no aceptaron el diálogo propuesto por su Gobierno y, pese a que se anunciaron nuevos comicios y se garantizaron varias de sus exigencias, fueron rechazadas las propuestas y exigieron su renuncia.
El 10 de noviembre de 2019 es obligado a renunciar tras llevarse a cabo el Golpe de Estado, decisión que asumió para evitar una mayor escalada de violencia contra el Pueblo, provocada por las fuerzas opositoras.
Ante la crítica situación en conferencia de prensa manifestó:
“Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho, dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos (…) Tengo la obligación de buscar la Paz y duele mucho que entre bolivianos nos enfrentemos, por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia”
La solicitud humanitaria de Morales se registró ante la ola de protestas violentas y vandálicas perpetradas por grupos de choque, que se ensañaron con la población, las autoridades del Estado y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes fueron perseguidos, agredidos y despojados de sus viviendas poniendo en riesgo su integridad y la vida de sus familias.
El 12 de noviembre de 2019, el ex presidente arribó a México, país que le concedió asilo político, junto a todas las autoridades que estaban siendo duramente perseguidas en Bolivia.
Junto con Jeanine Áñez también han sido condenados altos mandos militares y policiales por violaciones a los Derechos Humanos.