Brasilia.- En un Brasil políticamente convulso, el Supremo Tribunal Federal (STF) marcó el 2 de septiembre para el comienzo de un juicio histórico: el expresidente Jair Bolsonaro y siete aliados enfrentarán cargos por intentar un golpe de Estado que zarandeó la democracia.
Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal jefe en Brasil
Emitida por el juez Cristiano Zanin, presidente de la primera sala del STF, la decisión fijó el calendario de uno de los procesos más esperados en el gigante sudamericano.
También abrió una etapa clave para investigaciones que buscan depurar responsabilidades en torno a ataques antidemocráticos ocurridos durante y después del mandato de Bolsonaro (2019-2022).
Según informó el juzgado superior, el juicio se extenderá por cinco días, con sesiones programadas para el 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, de 09:00 a 12:00, hora local.
El caso será juzgado por los cinco magistrados que integran la primera sala del STF, entre ellos el juez Alexandre de Moraes, quien actúa como relator del proceso y solicitó la inclusión del juicio en el calendario oficial.
De Moraes resulta figura esencial en los escudriñamientos judiciales sobre los episodios golpistas perpetrados el 8 enero de 2023, siete días después de la asunción al poder del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el Supremo y el Palacio Presidencial, en Brasilia.
Junto al expresidente, entre los acusados figuran militares, exfuncionarios y aliados políticos cercanos, todos ellos señalados por la Fiscalía General como parte del llamado núcleo uno o crucial de la trama golpista.
Este grupo habría tenido un papel central en la planificación y ejecución de acciones destinadas a revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, que consagraron a Lula como vencedor.
Los ocho acusados están imputados por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, organización criminal, daños calificados a bienes federales y deterioro de bienes protegidos.
El informe final de la Policía Federal (PF) revela, asimismo, entre otras cuestiones, que las pruebas reunidas demuestran inequívocamente que Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal”.
Precisa el documento que el complot no ocurrió solo por hechos “ajenos a la voluntad” del excapitán del Ejército.
Certifica que la tentativa solo no fue adelante por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica en ese momento, además, la mayoría del alto mando militar no se sumó al golpe.
Además de estos ocho inculpados, la confabulación violenta identificada por la Fiscalía General, con base en la investigación de la PF, involucra a otros 24 imputados, organizados en tres grupos distintos, según sus funciones.
Consentida por el STF el 23 de marzo, la acusación del Ministerio Público Federal se basa en una ley firmada por Bolsonaro en 2021, que derogó la de Seguridad Nacional heredada de la dictadura militar (1964-1985).
De igual manera, la PF identificó elementos que indicaban la existencia de un proyecto coordinado para un golpe.
Las investigaciones demuestran que Bolsonaro conocía el plan denominado Puñal Verde y Amarillo, que preveía el uso de explosivos y veneno para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes, así como el plan Copa Mundial 2022, que contemplaba la captura del magistrado.
En su extenso documento, la fuerza del orden público menciona un encuentro entre el exparacaidista y el Poder Ejecutivo en julio de 2022, en el que presuntamente instó a autoridades a actuar antes de las justas comiciales para difundir noticias falsas sobre las urnas.
La reunión tuvo lugar 13 días después de la sostenida con embajadores, celebrada con el mismo propósito.
Otro elemento central de la pesquisa fue la redacción del decreto conocido como “actas del golpe”, que exigía una ruptura institucional para impedir la toma de posesión de Lula.
El expediente, según los investigadores, ordenaba la declaración del Estado de Defensa en el Tribunal Superior Electoral y la creación de la Comisión de Regularidad Electoral para cuestionar la legalidad del proceso comicial.
La ruidosa causa pasó por todas las fases necesarias: recolección de pruebas, interrogatorio de testigos, presentación de defensas.
En julio, la Fiscalía General entregó sus alegatos finales pidiendo la condena de Bolsonaro.
La defensa, por su parte, insiste en que se trata de una persecución política orquestada desde los sectores judiciales y mediáticos afines al Ejecutivo.
Pero más allá del relato, los hechos documentados apuntan a una tentativa organizada de deslegitimación electoral.
La confirmación de la fecha del juicio representa un hito en la lucha por la rendición de cuentas institucional en Brasil, en un momento en el que la sociedad y la justicia buscan establecer límites claros ante eventuales atentados al orden democrático.
Más allá de su desenlace, el proceso promete ser un punto de inflexión en la historia reciente del país.
Analistas consideran que no está en juego solo el destino de un político, sino el cierre de un ciclo de polarización profunda en el país, marcado por la confrontación constante con el Poder Judicial, la prensa y las normas institucionales.
Para algunos, el exmandatario encarnó una nueva forma de hacer política: directa, antisistema, emocional. Para otros, representó un retroceso autoritario que puso en riesgo décadas de construcción democrática.
De confirmarse la condena, Bolsonaro no solo podría ser encarcelado, sino que quedaría inhabilitado políticamente, afectando de forma directa los planes del Partido Liberal y la derecha de cara a las presidenciales del próximo año.
Figuras como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, o la ex primera dama Michelle Bolsonaro ya se perfilan como herederos de su capital político, pero sin el carisma ni el alboroto que lo caracterizaron.
Aunque improbable, una absolución cambiaría radicalmente el escenario: el expresidente volvería con fuerza, ahora reforzado por una narrativa de persecución derrotada, lo cual galvanizaría a su base y tensaría aún más la campaña electoral de 2026.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Con información de Prensa Latina