El pasado mes de septiembre, el nuevo Gobierno de Colombia y su nuevo mejor aliado, Estados Unidos, suscribieron un Memorando de Entendimiento sobre minerales estratégicos, que contempla una agenda bilateral en la que resalta la cooperación en materia de energía nuclear y otras arandelas.
El acuerdo, presentado como un ejercicio de cooperación en el que todos ganan, establece un marco de cooperación no vinculante entre las naciones.
El tema, que pasa desapercibido para buena parte de la población ante la desinformación y el desconocimiento sobre el alcance del acuerdo, la importancia de los minerales críticos y la legislación en materia minero-energética del país, activó las alarmas de ambientalistas y de quienes, desde sus territorios, alertan sobre los efectos que tendría la implementación de una política extractivista que, como en otros gobiernos –con excepción del Gobierno del cambio–, prioriza la ganancia derivada de la explotación de los recursos por encima de las afectaciones sobre la naturaleza y la población.
Bajo el suelo colombiano hay billones de dólares en reservas de minerales que están en la mira de empresarios, multinacionales y de las estrategias geopolíticas de quienes se disputan en la región los recursos del planeta. En el caso de Washington, cobran mayor interés si se entiende su disputa con China, dada la alta concentración de estas cadenas de suministro bajo su poder.
La defensa del agua, el cobre y demás recursos naturales de Colombia es parte de la disputa por la soberanía nacional, de la necesidad de que el país se piense a profundidad las energías renovables justas y del derecho de la población a territorios libres de violencia ambiental. Pues es bien sabido que, detrás de las multinacionales y de quienes pretenden quedarse con los recursos, está el desplazamiento de las comunidades y los conflictos territoriales
Por ejemplo, según la CEPAL, el cobre se proyecta como uno de los minerales de mayor crecimiento hacia 2040, debido al acelerado aumento de la inteligencia artificial, las redes eléctricas y las tecnologías de la transición energética, entre otros factores.
Mientras Colombia esté en el radar de quienes buscan, desesperadamente, el control de los minerales críticos, incluidas las tierras raras, debido a la identificación de importantes reservas en un momento en el que la demanda crece, la movilización social por la seguridad minera y energética debe activarse con mayor protagonismo, entendida como una política que parte por defender el carácter público de los recursos minerales, así como la defensa de la vida y los derechos humanos.
Por ello, resulta de gran importancia la movilización social por los páramos, el agua y toda expresión social de rechazo a los proyectos extractivistas y a la entrega al capital privado de los recursos del subsuelo, los minerales críticos y las tierras raras; repudia la privatización y precarización del sistema educativo; exige una política de paz; defiende la salud y los servicios básicos como derechos fundamentales; y rechaza el ataque a los derechos laborales y el paquete económico del Gobierno De la Espriella.
El 14 de octubre, la movilización social debe hacerse sentir con fuerza en defensa de la soberanía nacional, la paz y los derechos de la población colombiana. Frente a la entrega de nuestros recursos naturales y estratégicos a intereses extranjeros, la respuesta está en la organización, la unidad y la movilización de quienes defienden el agua, los territorios, la vida y las riquezas de Colombia. Por la soberanía, por la paz y por los derechos del pueblo colombiano.
7 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz