Este es el pulso entre dos proyectos: uno que convierte la incertidumbre en ganancia privada, y otro que democratiza las herramientas económicas históricamente relegadas a grupos de poder. Foto: Prensa presidencial
Tras la agresión imperial del 3 de enero que secuestró al presidente Nicolás Maduro y dejó cientos de muertos, Venezuela enfrenta un falso relato político que intenta apropiar las consecuencias económicas.
Con la invasión y el secuestro del presidente, aumentaron las incertidumbres, la pendulación cambiaria y la escasez de divisas, convirtiendo el escenario en terreno fértil para la especulación. Muchos comercios ajustaron precios al alza, disparando la inflación.
Esa situación, producto de la agresión militar, se inscribe en un contexto donde los precios no oficiales ya estaban condicionados por variables políticas. Durante noviembre, el gobierno de Donald Trump desplegó acciones directas de coerción y bloqueo físico de la actividad marítima petrolera: secuestró y robó embarcaciones, interrumpiendo los mecanismos de venta de divisas del Banco Central de Venezuela (BCV) mediante intervenciones cambiarias. Desde diciembre hasta mediados de enero se agudizó la escasez de divisas, la incertidumbre y, en consecuencia, la especulación.
El Poder Comunal: otra lógica económica
Ante ese cuadro, el Poder Comunal no ofreció simplemente una alternativa de abastecimiento. Propuso otra lógica económica, una que no responde a la pendulación del mercado cambiario ni a los vaivenes de la especulación, sino a la capacidad productiva y distributiva del territorio organizado.
Mientras el mercado tradicional convierte las divisas en mercancía especulativa y los precios en rehenes de la volatilidad cambiaria, el modelo comunal apuesta por el precio justo determinado desde la producción misma, sin intermediarios que encarezcan el trayecto del campo a la mesa. No se trata de competir en el mismo terreno del mercado especulativo, es construir otro terreno donde la economía responda a necesidades reales y no a expectativas de ganancia desmedida.

La presidenta (E) de Venezuela, instruyó mantener un enfoque en la productividad de las regiones del territorio y evitar la especulación en los precios de los alimentos.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó que «la protección social nace del pueblo organizado y del poder comunal. Nos sumamos en una gran unión productiva, garantizando precios no especulativos. La especulación no la vamos a permitir, es una premisa que nos dejó nuestro presidente Maduro».
El Primer Encuentro Nacional de Economía Comunal, celebrado el 4 de febrero en el Poliedro de Caracas, materializó esa premisa. Rodríguez celebró el nacimiento de un nuevo modelo económico, calificando a la economía comunal como «la campeona frente al bloqueo criminal».
Los anuncios fueron estratégicos y de impacto inmediato: lanzamiento del Plan Nacional de Conucos y del Plan de Sustitución Estratégica de Importaciones bajo el Reto Admirable 2026, priorizando caraotas, maíz y arroz. Se ordenó replicar el «Modelo Plan Café» en todos los rubros para eliminar intermediarios y garantizar precios justos desde la comuna al consumidor. El aguacate de Yaracuy recibió el certificado de Indicación Geográfica Protegida, sumándose a cinco productos nacionales protegidos en 2025.
Se designaron ministros como padrinos regionales para las siete regiones productivas del país, garantizando financiamiento y articulación del encadenamiento industrial. Cada territorio cuenta ahora con acompañamiento técnico y recursos directos para su desarrollo autónomo.
El comunero venezolano: actor económico y político
Lo que se espera del comunero venezolano no es solo que produzca o consuma dentro del circuito comunal, sino que comprenda y asuma que su participación rompe la dependencia del mercado especulativo. Cada kilo de caraotas vendido sin intermediarios, cada saco de arroz que no pasa por las manos del acaparador, cada taza de café que va directo del productor al consumidor, es un golpe a la lógica que convierte la incertidumbre en ganancia privada.
El viceministro de Economía Comunal informó recientemente que durante 2024 y 2025 el Plan Comunal del Café y el Plan Comunal del Arroz demostraron la capacidad de las comunas para administrar agroindustria en sus territorios. «Desde que arrancaron las Consultas Populares ha habido una notable cantidad de proyectos cumplidos en su totalidad, demostrando capacidad no solo para mejorar la calidad de vida, sino de la producción».
La Consulta Popular del 8 de marzo concentrará proyectos en la Primera Transformación (1T), vinculada a economía productiva, y en la Segunda Transformación (2T), relacionada con el derecho a la ciudad. Ya inició el cronograma de Asambleas en las comunas para discutir siete proyectos que servirán de guía, «palpando un modelo creciente que democratiza herramientas económicas históricamente relegadas a grupos económicos de la nación», afirmó.

El modelo comunal apuesta por el precio justo determinado desde la producción misma. Foto Prensa presidencial
El régimen de Propiedad Social puede resultar complejo en otras partes del mundo, pero en Venezuela se plantea desde la comuna un modelo revolucionario sobre los medios de producción que permite encadenar la producción entre comunas, mercado privado y Estado bajo un nuevo entendimiento comercial.
En Venezuela operan más de 49 mil Consejos Comunales y 5.336 Comunas y Circuitos Comunales, de los cuales más de 4.000 ya se han constituido formalmente. La meta para fin de año: alcanzar las 6 mil comunas. Las Empresas de Propiedad Social, cuyos activos pertenecen a todos los habitantes de la comuna, son el motor de esa expansión.
Esta arquitectura económica no improvisa respuestas coyunturales. Construye soberanía alimentaria y estabilidad de precios desde abajo, sin esperar que el dólar se calme o que los especuladores tengan piedad. Mientras el mercado cambiario oscila y los comerciantes ajustan precios según la brecha cambiaria, el modelo comunal ofrece un ancla: producción local, circuitos cortos, precios conocidos, economía enraizada en el territorio.
Volatilidad y especulación
Mientras el Poder Comunal articula respuestas estructurales, el mercado cambiario refleja la convulsión. El tipo de cambio abrió diciembre en 247,30 bolívares (Bs.)/USD. Para el 2 de enero de 2026 había roto la barrera de los 300, alcanzando 301,37 Bs./USD.
El ritmo de ajuste se aceleró tras la agresión. El 13 de enero marcó 330,37 Bs./USD; para el 27, superó los 358 Bs., un salto de más de 20% en apenas cuatro semanas.
El mercado P2P de Binance (criptomonedas) funcionó como termómetro de la especulación no oficial, con precios muy superiores al marcador del BCV. A principios de diciembre el promedio superaba los 360 Bs./USDT. El 13 de enero, mientras el BCV marcaba 330, Binance alcanzó picos de 608 Bs./USDT. En algunos casos llegó a 900 Bs./USDT.
Las brechas cambiarias entre el oficial y el P2P oscilaron entre 80%, 110% y hasta 200% a mediados de enero. Tras una corrección a finales de mes, la brecha se redujo hasta 20%, según el informe de Misión Verdad.
Percepción y falso relato político
La especulación ha sido utilizada para instalar un relato político que atribuye mejoras económicas al secuestro del presidente Nicolás Maduro.
En sectores menos politizados se asocia el aumento excesivo de precios del 3 de enero y su posterior corrección a la situación política, sin considerar que se trata de reacciones típicas del mercado ante cualquier crisis súbita.
Las plataformas de transporte reflejaron esa volatilidad: un traslado en moto que costaba siete dólares hasta las dos de la mañana, hora del ataque, se elevó a veinte dólares para volver a la oferta habitual pasadas las siete.
El anuncio de compra de petróleo por parte de Donald Trump y el inicio de relaciones fluidas entre Washington y Caracas conlleva la flexibilización de las sanciones coercitivas ilegales, y también se intentó presentar esto como resultado de la agresión militar.
Pero antes de esa agresión, el presidente Nicolás Maduro había manifestado estar dispuesto a negociar la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos, con colocación de divisas vía BCV y bancos nacionales para actividades económicas priorizadas: salud, alimentos, insumos de producción.
«Nosotros somos gente seria. Cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. ¡Llueva, truene y relampaguee!», afirmó Maduro en diciembre de 2025.
El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, expresó el 29 de enero que el panorama para Venezuela en 2026 es de «optimismo en la economía a partir de las inversiones que se puedan dar en el campo petrolero y en los desarrollos en materia energética».
Entrevistado por VTV, enfatizó la necesidad de que las empresas tengan capacidad empleadora para continuar la diversificación económica, que las cargas fiscales funcionen como palanca de desarrollo y que se garantice la participación de empresas venezolanas en la expansión petrolera.
Perspectivas
La estabilidad cambiaria influye directamente en el humor social. Sigue siendo urgente corregir las prácticas especulativas sobre el USD, tanto físico como digital. Los agentes en plataformas no oficiales transformaron las divisas en mercancía, marcando precios siempre al alza.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que se esperan 1.400 millones de USD en inversiones petroleras este año, elevando el flujo de divisas en el sistema cambiario.
El Banco Central de Venezuela viene ofertando divisas en coordinación con el Ejecutivo Nacional, con apoyo del sistema financiero, para complementar la oferta privada. Hasta la fecha se han vendido trescientos millones de dólares derivados de la exportación de hidrocarburos. Una nueva oferta de doscientos millones completará la cuota de enero y la primera semana de febrero.
Ese dinamismo debe acompañarse de transacciones interbancarias en dólares entre entidades nacionales y mayor disponibilidad física de billetes, que existen en la economía pero permanecen atesorados.
Según Misión Verdad, el contexto cambiario de 2026 podría asemejarse al de 2024, cuando la brecha entre los dólares oficial y no oficial registró niveles mínimos —entre 5% y 9%—, rango que propició un sistema de importaciones, oferta de bienes y contención de la devaluación manejable.
Con información de TeleSur