Por: Jefferson Orlando Corredor Uyaban
Cada fin de semana la derecha colombiana estrena capítulo. Esta vez fue Eva Ferrer insinuando que “parece que hay fotos” de Verónica Alcocer con maletas de droga; antes fue Angie Rodríguez, convertida en testigo estrella con cuyas mentiras pretenden manchar el nombre de Gloria Inés Ramírez. Todo, como de costumbre, sin pruebas.
Mientras el país observa el espectáculo, el gobierno de Abelardo De la Espriella avanza sin ruido con un paquete de reformas regresivo y represivo. El ataque contra el Pacto Histórico es la cortina de humo; detrás, la derecha trasnacional organiza cómo imponerlas.
El Fondo Milagro, creado por decreto de emergencia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, es un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria pública escogida sin concurso, diseñado para esquivar las reglas de contratación estatal.
Tardó semanas en arrancar mientras los damnificados esperaban auxilios, y cuando la senadora María Eugenia Londoño Ocampo convocó la Audiencia Pública por la Reconstrucción Digna del Eje Cafetero, el Gobierno no asistió. Quien se proclama en cruzada contra la corrupción concentra hoy billones en una bolsa discrecional y le da la espalda a las víctimas.
A la par, la reforma tributaria del ministro Miguel Gómez deja en manos de la DIAN únicamente el recaudo de renta, IVA e IVA externo, aliviando la carga a las grandes empresas y cargando el recaudo sobre el consumo: menos impuestos al capital y más IVA en la mesa de los hogares colombianos. A este panorama se suman la eliminación del impuesto al patrimonio, la autorización del fracking y el congelamiento del gasto público.
Un ajuste así necesita blindarse contra la calle, y para eso está el Estatuto Antiterrorista: más de 130 artículos, un registro nacional de “organizaciones y actores terroristas” a imagen de la lista Clinton, congelamiento de bienes, nuevos delitos y facultades extraordinarias para el presidente. No cabe duda de que, en manos de esta derecha, la etiqueta de terrorista servirá para perseguir a la oposición y a quien estorbe. Lo acompaña la reforma al decreto 003 de 2021, que establece cinco niveles de reacción y vía libre para que la fuerza pública intervenga sin agotar el diálogo cuando las autoridades califiquen una movilización como violenta. No es casual que llegue cuando las organizaciones sociales anuncian movilizaciones.
Pero lo más grave es la ofensiva contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la propuesta de cambiar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU para que deje de vigilar la reforma rural integral, primer punto del Acuerdo de Paz de 2016. Sin justicia transicional ni veeduría internacional sobre la tierra, el latifundio vuelve a recuperar la iniciativa.
Ese es el fondo del asunto. El ataque moral contra el Pacto Histórico cumple una función de clase, volver al primer gobierno progresista sinónimo de delincuencia, para que nadie defienda lo que intentó, las reformas laboral, pensional y agraria, la paz, la soberanía energética, mientras el modelo de privilegios se restaura sin resistencia.
No se juzga a personas, se criminaliza una esperanza. Es la vieja guerra mediática y judicial, ahora con la Casa de Nariño como caja de resonancia del Grupo Gilinski.
14 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz