Tres hechos en esta semana reafirman una tendencia crítica de la política de Paz Total.
La captura en plena sesión de la mesa de diálogo, del comandante negociador Giovanny Andrés Rojas “Araña”, máximo líder del grupo ilegal Comandos de la Frontera que a su vez integran la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con quienes el Gobierno Nacional adelantaba el tercer ciclo de diálogos, aporta incertidumbre jurídica y aumenta la desconfianza del resto de grupos, actores que están en diálogo o que apenas los inician.
Editorial 3259
El informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, alertando sobre los 14 territorios críticos en materia humanitaria; “La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante. El conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Chocó, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo. Están dentro de este panorama humanitario crítico.
Otro paro armado del ELN en el Chocó que, según el grupo, irá desde el 18 al 21 de febrero de febrero y que ratifica la falta de realismo social y humanitario y la pérdida total de perspectiva de este grupo. Es por lo menos irónico que el ELN decida hacer un paro por la “la grave situación humanitaria del departamento del Chocó”. El impacto humanitario es tan devastador para la población civil, que la gobernadora Nubia Carolina Córdoba pidió la declaración del estado de conmoción interior. En lo que va de febrero de 2025, por efectos de la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo, 3.400 personas han sido desplazados en este departamento.
Tres hechos interrelacionados que reflejan un momento difícil de la Paz Total. La sociedad, el pueblo colombiano no se pueden quedar siendo notario de la crisis. El desafío es enorme, complejo y crucial para el presente y futuro de Colombia, abordarlos con un enfoque integral y constructivo y salir de la crisis, no es un deber exclusivo del presidente Gustavo Petro y su equipo de negociadores. Sectores de la sociedad, organizaciones defensoras de derechos y paz, partidos políticos del Pacto Histórico y procesos populares territoriales deben ayudar a proponer y construir salidas.
Realizar una evaluación e identificar los puntos críticos y realizar ajustes, es necesarios para elevar la capacidad de resolución de problemas. Voces autorizadas como la de Soraya Gutiérrez, coordinadora del eje de Paz del Colectivo José Alvear Retrepo – CAJAR, señaló que: “Si el Gobierno busca mantener abiertas las posibilidades de negociación con los actores armados, es necesario un cambio en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Se necesita a alguien que lidere las mesas de manera articulada, fuerte, decidida y con una visión integral del conflicto”. El cambio de una persona no necesariamente resultara en avance y soluciones, pero es un llamado a empezar a ajustar el proceso.
En medio de las dificultades la política de Paz Total debe volver a revisar los mecanismos de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, víctimas del conflicto y comunidades vulnerables. Allí se encuentra el corazón de la credibilidad y el compromiso de estas comunidades con la paz.
Acelerar y ajustar las políticas de Desarrollo Rural Integral focalizadas sobre los territorios más pobres en una acción de coordinación Interinstitucional, que garantice una implementación coherente y efectiva de los acuerdos de le Habana y la política actual de Paz Total.
Con información del Semanario Voz