Jaime Caycedo Turriago, presidente del PCC. Foto Sara Zapata
Por: Jaime Caycedo Turriago
La movilización popular del 14 de octubre marca el despegue de las iniciativas sociales en las que se expresa el descontento y la inconformidad que provocan las amenazas, el vocabulario procaz, los anuncios de medidas represivas y los actos publicitarios con que el ilegítimo ha inaugurado los primeros dos meses de gobierno.
Los motivos no han sido pocos: la gente empieza a sentir el incremento en los costos de los alimentos; se deprimen los ingresos familiares al tiempo que se asfixian las medidas de la reforma agraria; se encarecen los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica; las amenazas al estudiantado de las universidades públicas, al que se criminaliza en el llamado protocolo que quiere autorizar la acción, generalmente violenta, de la fuerza pública dentro de los recintos académicos; o el perverso e ilegal proyecto de crear el llamado Estatuto Antiterrorista, con la medida inconstitucional de una lista de proscritos, según el modelo yanqui de la OFAC.
La danza sobre cadáveres en Guaviare, el orden público “con pistola al cinto”, los bombardeos en la Sierra Nevada y el engaño de ofrecer un “sometimiento a la justicia” donde termina muerto el sometido, lo que contribuyó en el inadmisible paro armado en Santa Marta, dos consecuencias que amplifican la zozobra, espantan el turismo y prolongan el ambiente de temor.
La salida en falso frente a las víctimas del terremoto en el occidente con el llamado “Fondo Milagro”, en abierta violación de la Ley 1523 del 2012, que siendo privado, en cabeza de la esposa de De la Espriella, ni rinde cuentas ni ha sido eficaz. El desmantelar museos para suprimir la memoria de las víctimas de la persecución política y el genocidio a lo largo de varios decenios, es un desconocimiento del espíritu del Acuerdo de Paz, además de un insulto y una revictimización de las y los sobrevivientes.
No son medidas equivocadas: son parte de un plan de gobierno de visos nazifascistas, que empieza por ahogar los símbolos de las resistencias democráticas al mismo tiempo que violenta los principios democráticos escritos en la Constitución. El Acuerdo de Barranquilla del 8 de septiembre, dictado por Marco Rubio a De la Espriella, es el guion de fondo para instaurar esta tiranía neocolonial.
Lo del 14 de octubre no fue una “minoría” de 62.000 opositores marchantes. Las decenas de miles de manifestantes en todo el país no son expresión solo de una temprana y creciente oposición social y política: son el punto de partida de un proyecto democrático alternativo de poder que reclama recuperar la legitimidad de las reformas sociales, desterrar la corrupción y las desigualdades que persisten en la estructura macondiana y detener el curso reaccionario impuesto por el imperialismo.
Son expresión del colectivo popular movilizado que le sale al paso al golpe de Estado, a la dictadura y al vasallaje consentido por el silencio de las élites, que ha puesto en tela de juicio la independencia y la existencia misma de la República.
21 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz