Por: Claudia Flórez Sepúlveda
@ClaudiaFlorezPC
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha iniciado el proceso de redistribución de tierras más ambicioso en décadas, que golpea las bases históricas del poder terrateniente y abre el camino hacia una revolución agraria democrática.
La concentración de la tierra ha sido uno de los pilares fundamentales de la desigualdad social. Durante siglos, el latifundio ha sostenido el poder económico y político de las élites, mientras millones de campesinos, indígenas y afrocolombianos han sido excluidos del acceso a la tierra y condenados a la pobreza, marginalidad y violencia.
Este modelo no solo ha limitado el desarrollo económico del país, también ha sido una de las causas estructurales del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el despojo sistemático de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
A través de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura ha gestionado 712.205 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras y ha formalizado 1.913.967. Se destinarán 521.493,9 hectáreas a campesinos y 1.392.473 hectáreas a comunidades étnicas. Estos logros representan mucho más que cifras, son el inicio de un proceso de transformación estructural que comienza a desmontar las bases históricas del poder terrateniente.
La reforma agraria constituye el punto de partida de un proceso histórico más amplio que tiene como horizonte la revolución agraria, entendida no solo como redistribución de la tierra, sino como transformación profunda de las estructuras económicas, sociales y políticas que han sostenido el poder del latifundio en Colombia.
Si la reforma corrige parcialmente la injusta concentración de la propiedad rural, la revolución agraria apunta a modificar las relaciones de poder que han mantenido las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, en condiciones de subordinación y exclusión.
Este proceso implica la construcción de un nuevo modelo de desarrollo rural basado en la producción campesina, comunitaria y asociativa, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía popular, acompañado de acceso real al crédito, infraestructura, agua, tecnología y condiciones dignas de vida en el campo. Se trata, en esencia, de democratizar el territorio y garantizar que la tierra cumpla su función social, productiva y ambiental.
La revolución agraria representa una transformación democrática que busca poner fin al dominio histórico del latifundio y construir una Colombia donde la riqueza del campo beneficie a quienes la trabajan.
Este proceso no surge como una concesión de las élites, es el resultado de la lucha persistente del campesinado colombiano, que durante generaciones ha resistido el despojo, la violencia y la exclusión. La lucha por la tierra es también por el poder político. La profundización de la reforma agraria y el avance hacia la revolución agraria dependen de fortalecer el proyecto unitario del Pacto Histórico y consolidar una nueva mayoría popular en el Congreso de la República.
Por primera vez, el pueblo no solo resiste, sino que avanza en la conquista de sus derechos. La recuperación de la tierra representa el restablecimiento de la dignidad, la esperanza y la posibilidad de construir un país distinto. El futuro de Colombia se está sembrando en el campo.
Con información del Semanario Voz