El director del DNP, Alexander López, presentó una visión bastante crítica de la realidad del sector de los servicios públicos e hizo énfasis de las grandes brechas de acceso que persisten en las grandes ciudades, en la Colombia Rural y la Colombia Marginal.
Colombia ha dado pasos importantes en cobertura y calidad de los servicios públicos pero los beneficios de esta expansión y las tarifas no han sido iguales para todas las regiones . Por tanto, persisten grandes desafíos en el sector como brindarle el servicio de agua potable con calidad a 12,8 millones de colombianos.
Hay que promover la participación de actores sociales y organizaciones comunitarias en la prestación de los servicios públicos. El Gobierno avanza en la presentación de una reforma al Sistema General de Participaciones y a la Ley de Servicios Públicos.
El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, presentó una cruda radiografía del sector de los servicios públicos y de los desafíos que tiene Colombia para garantizar una prestación de los servicios públicos de calidad a la totalidad de la población colombiana.
Si bien el Director del DNP hizo un repaso sobre los avances en cobertura y calidad para la prestación de los servicios públicos domiciliarios fue enfático al afirmar que esto se ha hecho profundizado las brechas entre regiones, entre el campo y la ciudad y al interior de las ciudades.
“Es inadmisible que Colombia tenga 12,8 millones de personas sin acceso al servicio de acueducto con calidad , de las cuales, 3,2 millones de personas no cuentan con ninguna forma de acceso al agua potable. Estamos hablando de las regiones más apartadas del país. En pleno siglo XXI hay 2,6 millones de compatriotas de las zonas rurales sin agua y 600 mil ciudadanos de las periferias que no pueden abrir una llave”, añadió Alexander López Maya.
En energía eléctrica, también explico, el sector reporta un aumento en la cobertura que alcanza el 94,9%, sin embargo, cerca de 818 mil viviendas (cerca de 4 millones de personas) no cuentan con servicio de energía eléctrica, principalmente en regiones más vulnerables”, agregó.
Si bien ha aumentado la cobertura, también ha sido determinante la brecha sobre la calidad del servicio. Al punto que, según cálculos de DNP, la calidad del servicio de energía es 5 veces mayor en Bogotá si se compara con un territorio como el del departamento de Caquetá. También en cobertura se presenta una inequidad y desigualdad al tener en Bogotá el 99,9% de los hogares con la prestación del servicio frente al 55% de los hogares en Vichada.
En su recorrido por los antecedentes que causaron esta situación, el director expresó que es momento de revisar el modelo creado con la Ley 142 y 143 de 1994 en el que se le otorga tan solo una función de vigilancia, control y regulación al Estado en un marco de operación con el sector privado siendo la base de un modelo neoliberal.
El director del DNP evidenció no solo las brechas en la calidad eléctrica que ha causado el sistema actual sino la inequidad regional en las tarifas del servicio de energía eléctrica .
“Existe una alta brecha en las tarifas de energía entre las regiones del país afectando especialmente a la región Caribe. Nuestro pueblo ha tenido que pagar $2,7 billones por las pérdidas de energía”, dijo el director del DNP, algo que afecta a los más pobres pues los servicios públicos representan cerca del 20% del total del costo de la canasta de consumo de la población más vulnerable, mientras que para la población de ingresos altos es de tan solo 9,2% “, agregó
También llamó la atención porque se encuentran 450 municipios del país que tienen en su zona urbana una prestación del servicio de agua que no es apta para el consumo humano y en el que se suma que el 40% del líquido en los sistemas de acueducto se pierde.
Lo anterior se suma al panorama que muestra el Fondo de Solidaridad para Subsidios y la redistribución de los ingresos en los que se comprometieron $6,23 billones para los subsidios de energía eléctrica en el país. Así mismo, el peso que tienen en los hogares el costo de la energía también se ha incrementado, especialmente, en la población más vulnerable. En conclusión, es el estado colombiano y el usuario los que asumen los riesgos reales del sector
Las apuestas de cambio
Ante este crudo panorama, el director del DNP Alexander López Maya, señaló que es importante hacer ajustes en la regulación, que en la actualidad, no pone en el centro al usuario.
“Tenemos un modelo en el que en 1990 la infraestructura estatal de los servicios públicos se dispuso para la gestión privada como aporte para el arranque del modelo y el Estado colombiano terminó asumiendo los riesgos y asumiendo billonarias deudas que no fueron cumplidas por los privados para garantizar la prestación de los servicios públicos”, dijo el director López Maya.
Por ejemplo, el Estado tuvo que dar $2,2 billones en créditos para la compra de energía en la intervención de Electricaribe. También, mediante el CONPES 3985 se asumieron $1,5 billones del pasivo pensional de esta empresa y cerca de $10 billones costaron la intervención de Electricaribe.
De igual manera, el director del DNP planteó que es momento de hacer un gran acuerdo nacional para garantizar la igualdad y la equidad en los servicios públicos equilibrando la relación entre el sector público y el privado donde el sistema considere y promueva la participación de actores sociales y organizaciones comunitarias dentro los prestadores de los servicios.
Finalmente, el director de Planeación Nacional señaló que siguiendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro, se avanza en la presentación de una reforma al Sistema General de Participaciones y a la Ley de Servicios Públicos. También afirmó que las vigencias futuras y el presupuesto en este gobierno se dirigirá hacia a financiar proyectos estratégicos para la población más vulnerable.
Cartagena 28 de junio de 2024
Con información del Departamento Nacional de Planeación