En 2025, las colectivas puntualizaron que habían ocurrido al menos 18 transfeminicidios. Foto: EFE
De los 411 casos, al menos 256 están vinculados a las estructuras criminales, y 50 víctimas eran niñas o adolescentes. Estos datos evidencian “la brutalidad específica contra las más jóvenes y la falla de los sistemas de protección”.
La Alianza Feminista para el Monitoreo de Femi(ni)cidios en Ecuador presentó el 28 de enero de 2025 su informe correspondiente al año 2025, en el que señaló que el 2025 fue el año más violento para las mujeres en ese país. Ecuador cerró el 2025 con 411 feminicidios, 137 más que en 2024, mientras que en ese año se reportaron 274.
En su informe, sustentado en el monitoreo de casos reportados en medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, que revela patrones alarmantes y la falta de una política integral de prevención y de acceso a justicia, la organización reveló que estos 411 asesinatos machistas superan los 321 que hubo en 2023 y los 332 de 2022.
Sin embargo, las cifras de la Alianza Feminista difieren de las estadísticas oficiales, ya que de acuerdo a la Fiscalía, en 2025 hubo 775 asesinatos de mujeres, pero solo 55 fueron catalogados como femicidios.
De los 411 casos, al menos 256 están vinculados a las estructuras criminales, y 50 víctimas eran niñas o adolescentes. Estos datos evidencian “la brutalidad específica contra las más jóvenes y la falla de los sistemas de protección”.
La provincia donde más feminicidios se registraron fue Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 140 casos, aún cuando la alianza suscribe un “grave subregistro en todas las provincias”, especialmente en Esmeraldas, Manabí y Los Ríos.
Fuente: Alianza Feminista para el mapeo de los feminicidios en el Ecuador
En dichas provincias “la violencia extrema vinculada al crimen organizado silencia a la prensa y suprime la visibilidad pública de numerosos casos, imposibilitando su documentación y exigencia de justicia”.
Los reportes muestran que en el 78 por ciento de los crímenes se utilizó un arma de fuego, “destacando la estrecha relación entre la violencia machista y el acceso a armamento”.
Además, denunciaron “el vacío judicial y la invisibilidad estadística” de los transfeminicidios, debido a “la falta de tipificación específica y de protocolos de investigación con perspectiva de género y diversidad conduce a la impunidad y envía un mensaje de desprotección a las mujeres trans y personas de género diverso”. En 2025, las colectivas puntualizaron que habían ocurrido al menos 18 transfeminicidios.
La Alianza exigió al Gobierno que declare una alerta por el número de feminicidios registrados, que destine recursos específicos para la prevención de la violencia en zonas críticas y exigió políticas efectivas de control de armas.
La Alianza Feminista para el Monitoreo de Femi(ni)cidios en Ecuador confirmó que este informe nace como una herramienta política para nombrar las nuevas realidades de los feminicidios que las cifras oficiales ocultan o no logran capturar.
La Alianza reafirma que “contar con precisión y desde una mirada feminista no es solo un ejercicio técnico, sino un acto de justicia y resistencia contra el silenciamiento institucional”.
Violencia institucional en Ecuador
El feminicidio y la violencia contra las mujeres tiene una relación directa con la existencia de un Estado patriarcal. Esta violencia de hecho se perpetúa por su existencia, y Ecuador no está exento a esto. Con la llegada del presidente Daniel Noboa se ha profundizado la violencia institucional y la inseguridad en el país.
De acuerdo a la Coalición Nacional de Mujeres en Ecuador, la crisis de la justicia en Ecuador no es coyuntural, es estructural y responde a un diseño institucional que ha permitido la captura política del Sistema Judicial. “Las mujeres en el Ecuador conocemos la crisis de la justicia no por el debate político coyuntural ni por los enfrentamientos en las altas esferas del poder, sino por sus consecuencias frente a la violencia que vivimos a diario”, señaló la organización.
De igual manera, la alianza manifestó que “para nosotras la justicia no es una abstracción institucional, es un sistema que archiva denuncias, que revictimiza, que demora hasta el agotamiento, que libera agresores, que protege la impunidad y que convierte nuestros derechos en trámites sin respuesta”.
Al referir que las actuaciones de las autoridades de la Corte Nacional de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, abiertamente políticas y aparentemente dolosas, no son hechos aislados, sin duda son expresiones de un modelo de justicia capturado, manipulable y funcional a los intereses del poder antes que a la protección de las víctimas, la Coalición exigió una transformación profunda del sistema de justicia.
Con información de TeleSur