Mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido el pasado 15 de julio en Nueva York y los países aliados de la paz expresaron su reconocimiento y respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al Acuerdo Final de Paz, el gobierno de Abelardo de La Espriella avanza en su propósito de acabar con el alto tribunal
La JEP no es un organismo cualquiera. Es uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y ha desempeñado un papel fundamental en el esclarecimiento de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Su existencia representa una posibilidad para miles de familias que durante décadas reclamaron respuestas sobre sus seres queridos, los responsables de la violencia y las estructuras que hicieron posible su permanencia.
La JEP no es un organismo cualquiera. Es uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y ha desempeñado un papel fundamental en el esclarecimiento de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Su existencia representa una posibilidad para miles de familias que durante décadas reclamaron respuestas sobre sus seres queridos, los responsables de la violencia y las estructuras que hicieron posible su permanencia
Por eso no resulta extraño que quienes hoy atacan a la JEP pretendan también desconocer las verdades que han comenzado a emerger. El negacionismo frente al conflicto busca ocultar responsabilidades relacionadas con el despojo de tierras, la apropiación ilegal de bienes, las alianzas entre actores armados y sectores del poder económico y la violencia política que se vivió durante décadas en distintas regiones del país.
Es inaudito que, en un Estado social, democrático y de derecho, el presidente de la JEP tenga que acudir a la comunidad internacional para alertar sobre una situación que compromete la capacidad de la Jurisdicción para cumplir las funciones establecidas por la Constitución y el Acuerdo Final de Paz. Más grave aún cuando los señalamientos provienen del propio jefe de Estado, quien debería ser garante de la institucionalidad y del cumplimiento de la Carta Política.
Las medidas impulsadas por el Gobierno nacional y las iniciativas que cursan en el Congreso constituyen un preocupante debilitamiento de la justicia transicional. La desfinanciación acumulada de $84.663 millones, la propuesta de trasladar cien mil millones de pesos de su funcionamiento al Consejo Superior de la Judicatura y la iniciativa de establecer una revisión judicial automática, por parte de la Justicia Penal Militar, de las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública, afectan su autonomía e independencia y ponen en riesgo las garantías de víctimas y comparecientes.
No se trata solamente de presupuesto. Está en juego la capacidad de investigar, juzgar, sancionar y esclarecer hechos que durante décadas permanecieron en la impunidad. Debilitar la JEP significa poner obstáculos a la verdad y abrir espacios para quienes pretenden eludir sus responsabilidades.
A esta situación se suma la asfixia económica de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que amenaza su capacidad para continuar la búsqueda humanitaria de más de 130.000 personas desaparecidas durante el conflicto. Para sus familias, cada obstáculo significa prolongar una incertidumbre de décadas.
VOZ ha documentado durante más de tres mil ediciones los crímenes contra la población y las consecuencias del conflicto armado. No seremos indiferentes al llamado ético y social de defender la verdad, la justicia, los derechos de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Defender la JEP es defender el derecho a construir una paz con justicia. El miedo a su papel y alcance, es el miedo a que la verdad salga a la luz. La VOZ de la JEP es nuestra VOZ.
Foto: JEP
23 de septiembre de 2026
Con información del Semanario Voz