Brasilia.-La Fiscalía General de Brasil entregará sus alegaciones finales ante la Corte Suprema contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete integrantes del llamado núcleo crucial de la tentativa golpista tras las elecciones de 2022.
Abierta el 27 de junio por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la fase marca la etapa conclusiva previa al juicio formal, que se espera comience en septiembre.
Según círculos judiciales, el objetivo es concluir el proceso antes de octubre, buscando evitar impactos directos en el calendario político de 2026.
A partir de la presentación de la Fiscalía General, las defensas dispondrán de 15 días para responder, incluidos los abogados del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, y del general Walter Braga Netto, quien permanece bajo prisión preventiva.
Pese al receso judicial del STF hasta el 31 de julio, los plazos procesales seguirán corriendo.
Después del cierre de alegaciones, De Moraes elaborará su informe y voto, que será sometido a la primera sala del STF, presidida por Cristiano Zanin, junto a Carmen Lúcia Antunes, Luiz Fux y Flávio Dino.
La investigación apunta a establecer responsabilidades en la articulación de un supuesto golpe de Estado para impedir la investidura en 2023 del entonces electo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con la Fiscalía General, el grupo liderado por Bolsonaro planeó desde reuniones y redacción de documentos golpistas hasta posibles atentados contra Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio De Moraes.
Entre los acusados aparecen el diputado federal Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos, los exministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Braga Netto, además de Cid.
Todos enfrentan cargos por intento de abolición violenta del Estado de Derecho, organización criminal armada, daños agravados y atentado contra el patrimonio histórico, bajo el paraguas de las operaciones Tempus Veritatis (Hora de la verdad) y Contragolpe.
El proceso constituye una referencia dentro y fuera de Brasil sobre la capacidad de las instituciones para responder ante intentos de ruptura democrática.
Fuentes del STF destacan que De Moraes tiene el interés explícito de dejar resuelto el caso antes de finalizar 2025, incluso mientras avanza en procesos paralelos contra otros indagados de los grupos dos, tres y cuatro vinculados a la misma trama.
El desenlace judicial de esta causa es considerado clave para definir el rumbo político de Brasil antes de las elecciones presidenciales del próximo año.
Observadores y entidades de derechos humanos siguen de cerca el caso, considerado histórico por involucrar a un exjefe de Estado, altos mandos militares y figuras del Gobierno anterior (2019-2022).
Con información de Prensa Latina