Las relaciones entre la paz integral como proyecto fundamental de gobierno y la política de reforma agraria del proceso del cambio guardan estrecho vínculo por sus efectos sobre la concentración de la tierra, el retorno campesino, la organización de la función productiva del territorio y el fortalecimiento de la intervención ciudadana en los asuntos públicos.
Por: Jaime Caycedo (*)
El profesor Jairo Estrada señala que, una nueva espacialidad capitalista, fundada en la superexplotación, la territorialización de megaproyectos transnacionales y la acumulación violenta han caracterizado lo que denomina una nueva economía, dominada por dinámicas territoriales de la acumulación, en ocasiones como economía de enclave, que ha sido raíz de una tendencia a la desarticulación territorial del país. La política contrainsurgente y el paramilitarismo han sido claves en la violencia contra el campesinado.
El plan Colombia, la seguridad democrática, la orientación contrainsurgente de las fuerzas militares bajo la máscara de la guerra a las drogas contribuyó a configurar una geopolítica de la desarticulación territorial de Colombia, con la migración forzada de poblaciones, obligadas a buscar refugio para sus vidas, reapropiación y repoblamiento de sus espacios de vida locales abandonados. El control del capital transnacional en esta lógica de acumulación violenta debe ser puesta bajo la lupa en regiones como Arauca, Catatumbo, Magdalena Medio, sur de Córdoba, Chocó, espacios de la altillanura oriental, junto con las zonas portuarias, entre otras, de Urabá y Buenaventura.
El papel de una reforma agraria integral, demoledora de las relaciones de propiedad fundadas en la concentración de la propiedad de la tierra y del poder en pocas manos, es construir una cultura de la democracia, la creación de vida, el fortalecimiento del mercado nacional para la alimentación y para el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación. Se constituye en la fuente de nuevas prácticas que hacen posibles derechos ciudadanos y de organizaciones populares desde lo local, en abierto reto con las geopolíticas del poder impuesto desde la centralidad violenta del modelo de acumulación y la acción represiva del Estado de control territorial del capital transnacional, extractivistas de voracidad fragmentadora y anexionista del imperialismo.
La protección del agua, de la biodiversidad, del equilibrio ecológico. de la Amazonia frente a la deforestación y los incendios tienen que ser la obra de una revolución agraria, es decir, de un gran proyecto popular de nación y de internacionalismo de fronteras. No basta derrocar al latifundismo, el poder del gran capital trasnacional también debe ser derrocado.
La reforma agraria, las zonas de reserva campesinas y demás formas de organización colectiva para la gestión del suelo y el apoyo del Estado tiene que llegar a ser un pilar decisivo en la integración espacial del país y las relaciones de cooperación y amistad con los países hermanos.
Reivindicamos el derecho a concebir una geopolítica crítica, que contrarreste la fragmentación territorial armada y la amenaza de balcanización del territorio nacional. Reclamamos persistir en el diálogo y en la solución política.
Jaime Caycedo Turriago, Presidente del Partido Comunista Colombiano (*)
Con información del Semanario Voz