La gobernadora Nubia Córdoba y el expresidente Gustavo Petro han sido el blanco de los recientes ataques mediáticos. Fotos Gobernación del Chocó y Presidencia de la República
El escándalo sexual y el prejuicio contra las mujeres ofrecen un terreno fértil para el descrédito político. Entretanto, la propuesta de gravar más alimentos exige una prensa que fiscalice al poder con el mismo empeño con que examina la intimidad.
Por: Renata Cabrales
En Colombia, la sexualidad vuelve a ocupar el banquillo mientras las decisiones que afectan el bolsillo reclaman un escrutinio mucho más exigente. Las acusaciones contra Gustavo Petro y los ataques contra la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, permiten interrogar una práctica política y mediática conocida: convertir la intimidad en espectáculo y el prejuicio en instrumento de descrédito.
No hace falta demostrar una conspiración para cuestionar esa lógica. Basta preguntar qué se presenta como certeza, qué emociones se movilizan y cuánto rigor se exige cuando el señalado pertenece al campo político que incomoda.
La denuncia no es sentencia
El 25 de octubre, Semana publicó una entrevista de Vicky Dávila con Deicy Jiménez, quien afirmó haber recibido contratos relacionados con encuentros sexuales con Petro. Habló de entre treinta y cuarenta mujeres. Esa cifra pertenece a su testimonio: no constituye un registro verificado de relaciones sexuales ni una conclusión judicial. Repetirla hasta convertirla en verdad colectiva sería sustituir la investigación por la fabricación de una certeza.
La Silla Vacía verificó contratos públicos de Jiménez, pero documentar una contratación no demuestra automáticamente un intercambio sexual ni la intervención de Petro para favorecerla. Ese vínculo exige pruebas adicionales. La admisión de una denuncia para estudio y una indagación preliminar tampoco equivalen a culpabilidad. La distancia entre sospecha y demostración debería ocupar el centro de cualquier cobertura responsable.
Petro negó haber cometido delitos en su vida sexual. Su respuesta merece espacio, aunque tampoco sustituye la investigación. Una prensa democrática debe escuchar a quien denuncia y exigir esclarecimiento cuando se señalan posibles abusos o recursos públicos comprometidos.
Precisamente por eso resulta inadmisible utilizar la gravedad de esas acusaciones para precipitar una condena pública. Defender el rigor no exige desacreditar a la denunciante; exige impedir que cualquier testimonio se convierta en munición partidista sin suficiente corroboración.
Lo cuestionable es una cobertura que encuentra en el escándalo sexual una herramienta de desgaste y deja que la indignación haga el trabajo de la prueba. El derecho ciudadano a saber no autoriza a vender sospechas como sentencias. Tampoco la oposición política concede licencia para destruir reputaciones mediante insinuaciones.
El lesbianismo no se acusa
En el Chocó, Wilson Chalá Moya difundió señalamientos contra Nubia Carolina Córdoba, incluyendo referencias a su supuesta orientación sexual y afirmaciones sobre presiones a mujeres. La gobernadora rechazó los ataques y anunció acciones legales. Sus declaraciones, recogidas por medios nacionales, denunciaron que se utilizaba su sexualidad para degradarla ante la ciudadanía.
Aquí debemos detenernos en una palabra: acusación. ¿De qué se acusa a una mujer cuando se insinúa que es lesbiana? Amar a otra mujer no constituye una falta, una incapacidad administrativa ni una amenaza para la sociedad. Presentarlo como escándalo reproduce la idea de que las mujeres deben demostrar respetabilidad heterosexual para ejercer autoridad.
No corresponde establecer públicamente la orientación sexual de la gobernadora. Corresponde rechazar que una orientación real o atribuida se utilice como castigo político. Si existen denuncias concretas de coacción, deben investigarse con pruebas, separadas del prejuicio. Confundir lesbianismo y abuso es una operación profundamente discriminatoria que convierte la diversidad sexual en sospecha permanente.
Los medios que reproducen esos señalamientos tienen una responsabilidad: contextualizar su carácter no demostrado y desmontar su contenido estigmatizante. El titular atractivo no justifica multiplicar la humillación. Una cobertura puede informar sobre la agresión sin convertirse en su altavoz. Cuando esa distinción desaparece, el periodismo participa en la violencia que dice describir.
También merece atención el efecto colectivo del señalamiento: cada mujer expuesta al escarnio recibe un mensaje sobre el precio de disputar poder. Cada audiencia acostumbrada a confundir intimidad con corrupción pierde herramientas para distinguir responsabilidades públicas. Esa degradación del debate beneficia a quienes prefieren ciudadanos indignados por rumores antes que informados sobre decisiones que afectan su mesa.
La cuenta del rescate
Mientras estos episodios alimentan la conversación, el gobierno de Abelardo De la Espriella presentó el 29 de octubre su proyecto de Ley de Rescate Económico. El nombre promete salvación; sus consecuencias requieren preguntas tensas.
Según la comparación publicada por Cambio, la propuesta llevaría al IVA general productos como el café, frutas frescas, tomate, cebolla, zanahoria y legumbres secas, además de modificar tratamientos tributarios de otros alimentos.
Comer frutas y verduras no es un lujo. Encarecerlas exige una justificación pública mucho más rigurosa que la retórica tranquilizadora del rescate nacional.
Hacienda promete devoluciones totales del IVA para diecinueve millones de personas y parciales para otros sectores, con aplicación desde 2028 y un anticipo en diciembre de 2027. Esa promesa debe examinarse, no repetirse como garantía. ¿Quién quedaría excluido? ¿Cómo recibiría el dinero quien enfrenta barreras administrativas? ¿Qué pasaría ante retrasos o errores de focalización? El bienestar no se protege únicamente anunciando compensaciones, sino asegurando que funcionen.
Una familia no paga el mercado con comunicados ministeriales. Necesita ingresos disponibles y alimentos accesibles. La injusticia posible de este diseño reside en exigir un desembolso cotidiano cuya reparación depende de procedimientos y decisiones estatales. El escrutinio debe concentrarse también en quienes soportarían ese costo sin recibir una devolución suficiente.
Una agenda que rinda cuentas
Al parecer, estos escándalos fueron coordinados como cortina de humo, es decir, sí hay motivos para cuestionar una agenda que puede convertir la sexualidad en espectáculo y relegar preguntas económicas esenciales. La coincidencia temporal invita a vigilar prioridades, no a inventar certezas.
La prensa debe investigar a Petro y a Córdoba cuando existan razones verificables, y fiscalizar con igual intensidad al presidente y su reforma. Su deber consiste en informar a la ciudadanía, no administrar sus prejuicios. Un país necesita menos tribunales sexuales y más preguntas sobre quién paga el rescate, quién queda protegido y quién vuelve a cargar con la cuenta.
4 de noviembre de 2026
Con información del Semanario Voz