Al senador Luna se le debe responder, a propósito de su reciente columna en El Tiempo que un acuerdo nacional por la educación es posible, lo logramos en Cámara con la aprobación del proyecto de Ley Estatutaria por unanimidad en la comisión primera y la plenaria, aprobado por todas las bancadas, incluida la del Centro Democrático, la Liga de Gobernantes y Cambio Radical, incluso su informe de ponencia fue firmado por el representante Jorge Méndez de su partido.
Gabriel Becerra
@BecerraGabo
En la Comisión Primera del Senado, la oposición liderada por usted y Paloma Valencia jugaron todas las cartas para dilatar su discusión y provocar la imposición de su visión o el hundimiento del proyecto. La ciudadanía puede ver como en decenas de intervenciones se referían a temas como el impacto fiscal que tras la enmienda dejaron de preocupar pues para ser francos no tenían sustento alguno.
El acuerdo hecho por la ministra y su aprobación por unanimidad en la comisión, con el ánimo de hacer avanzar el trámite en la comisión, se prestó para querer imponer como unanimidad temas en los que claramente había disenso, esto se manifiesta en las proposiciones e intervenciones que varios colegas del Pacto Histórico hicieron en la misma votación de la enmienda.
Sobre los puntos de la Ley Estatutaria que menciona varias precisiones:
- En ningún momento está ley trasgredía el sistema mixto que ya está amparado en el artículo 67 y 68 de la Constitución. Es claro que la educación la presta privados y públicos, lo que no existe por su naturaleza son instituciones mixtas. Refiriéndonos a la financiación en Cámara se logró un acuerdo y es establecer, por sentido común, la priorización de los recursos públicos a los establecimientos e instituciones oficiales, sin limitar la existencia de otras formas de financiación. Eso es un claro intermedio que habilita la posibilidad de un consenso, en el que usted estuvo de acuerdo pues en el articulado que radicó para la Comisión Primera dejaba esa priorización, es importante que nos diga por qué cambió de parecer.
- Sobre la educación terciaria, el acuerdo no fortalecía las instituciones tecnológicas y técnicas, estas ya se encontraban en la Educación Superior que se garantizaba como derecho fundamental.
Lo que hacía con esta denominación era poner en aprietos a la Formación Profesional Integral del SENA, la formación para el trabajo y desarrollo humano y la educación para el trabajo haciéndola parte del Sistema Educativo Formal, anclándola a la terminación de la secundaria desconociendo su propósito y vocación. Esto no se solucionaba con un nuevo artículo Senador.
Lo invito a que revise el Sistema Nacional de Cualificaciones en el que se reconocen tres trayectorias formativas. La vía educativa, la del subsistema para el trabajo y la de reconocimiento de aprendizajes previos. Con la redacción propuesta elimina las diferentes trayectorias y generaba un desorden institucional enorme.
Detrás de todo esto sólo hay un único propósito y es reconocer las credenciales, diplomados y cursos cortos como un derecho fundamental, es importante a sincerar el debate, sobre esto les pido que en un análisis de derecho comparado muestren un país en el que este tipo de formación, un curso de 60 horas es un derecho fundamental.
- La Ley en ningún momento desconocía la autonomía escolar y universitaria, se reflejaba en dos principios, lo que procuraba era fortalecer la democracia interna de la cual tienen derecho la comunidad educativa. Frente a la prohibición de designación, una propuesta del coordinador ponente Jorge Eliécer Tamayo del Partido de la U, se buscaba que en aquellos estamentos en los cuales puede participar la comunidad educativa, llámese estudiantes, padres de familia o profesores, se prohíba que las directivas nombren a dedo esos delegados, sino que se haga a través de un proceso democrático, participativo y directo. En ningún momento se habla de rector, no mienta.
- Por último, frente a la evaluación, los resultados de los estudiantes es un factor multicausal, es injusto que se le responsabilice solamente a uno de los actores que intervienen en el proceso educativo, según diversos estudios, en los resultados influyen: su entorno económico, social, familiar, la infraestructura educativa, el ambiente escolar, entre otros. Es claro que el sectarismo político y la malquerencia de la derecha por el magisterio quieren culparlos de los bajos resultados de los estudiantes lo cual es un despropósito.
Concuerdo con usted en una cosa, la educación no solamente es de un actor, no les pertenece a las universidades privadas ni a los empresarios de la educación que usted representa, el negocio no puede estar por encima del derecho, esa es la reivindicación que hemos defendido desde la juventud y que seguiremos defendiendo desde mi curul y el proyecto político por el cual fuimos elegidos.
Gabriel Becerra representante a la cámara y David Luna senador de la república. Foto Colprensa
Con información del Semanario Voz