Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de despojar al ordenamiento jurídico mundial de las protecciones que les quedan a las naciones menos privilegiadas.
En los últimos 600 días, el mundo ha visto cómo Benjamin Netanyahu dirigía una campaña de devastación en Gaza, una escalada del conflicto regional y un temerario abandono del derecho internacional en general.
Gobiernos como el mío no pueden permitirse permanecer pasivos. En septiembre de 2024, cuando votamos a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, asumimos obligaciones concretas: investigaciones, enjuiciamientos, sanciones, congelación de activos y cese de las importaciones y de las armas.
Esa resolución fijaba un plazo de 12 meses para que Israel “pusiera fin sin demora a su presencia ilegal”. Ciento veinticuatro Estados votaron a favor, entre ellos Colombia. El reloj sigue corriendo.
Sin embargo, mientras tanto, demasiados Estados han permitido que los cálculos estratégicos se antepongan a nuestro deber. Aunque podemos enfrentarnos a amenazas de represalias cuando defendemos el derecho internacional —como descubrió Sudáfrica cuando Estados Unidos tomó represalias contra su caso en el Tribunal Internacional de Justicia—, las consecuencias de abdicar de nuestras responsabilidades serán nefastas.
Si no actuamos ahora, no sólo traicionamos al pueblo palestino, sino que nos convertimos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu.
Algunos gobiernos ya han tomado cartas en el asunto. Mi gobierno suspendió las exportaciones de carbón a Israel, por ejemplo, reconociendo que los lazos económicos no pueden divorciarse de las responsabilidades morales. Sudáfrica, por su parte, ha llevado a Israel ante el más alto tribunal del mundo. Y Malasia ha prohibido a todos los cargueros de bandera israelí atracar en sus puertos.
Sin una acción tan decisiva, corremos el riesgo de convertir el sistema multilateral en una tertulia, despojando al ordenamiento jurídico de las protecciones que les quedan a las naciones pequeñas, en desarrollo y menos privilegiadas, desde Asia occidental hasta aquí mismo, en América Latina.
La próxima prueba para la comunidad internacional está a la vuelta de la esquina.
El 15 de julio, mi gobierno, junto con Sudáfrica —los copresidentes del Grupo de La Haya— convocará una conferencia de emergencia sobre Gaza, en la que se pedirá a los ministros de los Estados de todo el mundo que deliberen sobre una defensa multilateral del derecho internacional.
Nuestro objetivo es sencillo: introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley.
La invitación es abierta y urgente. El aplazamiento indefinido de la Conferencia Internacional para el Arreglo Pacífico de la Cuestión Palestina, propuesta por la ONU y copresidida por Francia y Arabia Saudí, ha dejado un vacío crítico en el liderazgo multilateral, precisamente cuando más se necesita.
La ONU ha declarado que Gaza es el “lugar más hambriento de la Tierra”, y que su misión de enviar ayuda a Gaza es “una de las más obstruidas… de la historia reciente”.
En este terrible contexto humanitario, la conferencia de emergencia de Bogotá convoca a los Estados a pasar de la condena a la acción colectiva.
Cortando nuestros lazos de complicidad —a través de los tribunales, puertos y fábricas de nuestros Estados— podemos cuestionar la visión de Donald Trump y Netanyahu de un mundo en el que “el poder tiene la razón”.
La elección que tenemos ante nosotros es dura e implacable. Podemos mantenernos firmes en defensa de los principios jurídicos que tratan de evitar la guerra y los conflictos, o asistir impotentes al colapso del sistema internacional bajo el peso de una política de poder sin control. Seamos protagonistas juntos, no suplicantes por separado.
Para los miles de millones de personas del Sur global que dependen del derecho internacional para su protección, lo que está en juego no podría ser mayor. El pueblo palestino merece justicia. El momento exige valentía. La Historia nos juzgará duramente si no respondemos a su llamada.
Bogotá, 9 de julio de 2025
Gustavo Petro
Presidente de la República de Colombia
Presidencia de la República de Colombia
Publicado en el diario The Guardian