Por: Jeison Paba R.
El gobierno de Gustavo Petro, con todas sus contradicciones y límites, ha significado una ruptura política y simbólica tras décadas de hegemonía de un mismo modelo de poder.
A casi tres años y medio de mandato, y cuando se aproxima el cierre de su periodo, puede afirmarse que no ha logrado un despertar total de la sociedad colombiana, pero sí ha cumplido una función histórica fundamental: dejar al descubierto una realidad que durante años permaneció oculta bajo discursos oficiales y mediáticos que normalizaron la desigualdad y la exclusión social.
Durante décadas, amplios sectores de la población vivieron bajo una narrativa sostenida por los grandes medios de comunicación, según la cual, Colombia era una sociedad próspera con dificultades “normales”: desempleo, informalidad, precariedad laboral y deficiencias estructurales en salud y educación. Problemas que, de acuerdo con ese relato dominante, se solucionarían protegiendo la confianza inversionista, defendiendo a los grandes empresarios, produciendo más y generando mayores utilidades. Discursos acompañado de una cultura de resignación que invitaba a aceptar la pobreza como destino inevitable.
Sin embargo, esas realidades cotidianas tienen un origen común: los poderosos gremios económicos que, durante décadas, han ejercido el verdadero poder en Colombia. Muchas de esas fortunas se consolidaron en contextos de ilegalidad, incluidas las épocas más lucrativas del narcotráfico, y luego se reciclaron en grandes grupos empresariales que hoy se presentan como familias respetables y referentes de la llamada “gente de bien”. Estos han definido históricamente el rumbo económico, político e institucional del país, en contra de la voluntad popular expresada en las urnas.
No es extraño que esos mismos gremios se hayan convertido en el principal opositor del actual gobierno. Desde el inicio desplegaron todo su poder mediático, económico y político para frenar las reformas estructurales propuestas. Aunque esta vez no lograron capturar la rama ejecutiva, concentraron sus esfuerzos en el Congreso, convirtiéndolo en el principal muro de contención frente a cualquier intento de modificar el statu quo que durante años les resultó funcional.
Aun así, y pese a no haber logrado la aprobación de muchas leyes esenciales, el mayor valor de este gobierno ha sido político y pedagógico. Ha puesto en el centro del debate público derechos que durante años fueron negados o minimizados: la necesidad de un salario mínimo digno, la recuperación de derechos laborales, la exigencia de un sistema de salud decente y el acceso real a una educación pública, gratuita y universal.
De esta manera, el gobierno Petro ha contribuido a despertar a una sociedad que durante años fue llevada a la resignación. Hoy, los gremios del poder intentan devolverla a ese estado de invisibilización, pero el velo ya ha sido levantado, y hay un punto de no retorno histórico.
Con información del Semanario Voz