Foto Alcaldía de Bogotá
En la capital se abre un debate sobre seguridad y derechos humanos. Crecen las preocupaciones por la criminalidad y las comunidades reclaman respuestas que vayan más allá de la presencia militar.
Por: Valentina Bolaño Senior
Horas antes de la Operación Kratos en Bogotá, que dejó 114 allanamientos en distintas localidades y 172 capturas, y fue grabado como un reality show presidencial, Abelardo De la Espriella planteó, durante un consejo de seguridad, la necesidad de la implementar un control militar en Usme y Sumapaz, zonas rurales que limitan con otros departamentos.
Frente a esto, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que ya existía acompañamiento militar en las intervenciones de seguridad que se realizaban en las localidades.
El cabildo abierto
Aunque parecía que la propuesta se había quedado para las redes sociales del presidente, el concejal Julián Uscátegui, con el respaldo de su hermano José Jaime, representante a la Cámara –ambos del Centro Democrático–, presentó una propuesta para militarizar las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.
“Hay que militarizar Bogotá. La ciudad no puede conformarse con la disculpa de que algunos delitos bajaron mientras decenas de miles de ciudadanos siguen siendo víctimas de hurto y cientos pierden la vida”, afirmó.
Uscátegui recogió 37.056 firmas, validadas por la Registraduría, lo que permitió convocar un cabildo abierto el 7 de noviembre para debatir sobre la propuesta. Galán debía asistir obligatoriamente.
El encuentro se realizó en la Universidad Militar Nueva Granada, en el norte de Bogotá, a dos horas de las localidades que pretenden militarizar, todas situadas en el sur y suroccidente de la ciudad. Esta decisión sobre el lugar para la realización demuestra que no hubo condiciones reales para la participación de las comunidades directamente involucradas en el debate y que serían las víctimas de las consecuencias de la medida.
Y esto se demuestra en la participación: según señaló la concejala Heidy Sánchez, de los más de 2,4 millones de habitantes de estas tres localidades, apenas 42 personas participaron en el cabildo y solo 18 intervinieron en la discusión sobre la militarización.
Ahora, la inseguridad en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar no es una preocupación menor. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, entre enero y agosto de 2026 las tres localidades acumularon 292 homicidios: 126 en Ciudad Bolívar, 105 en Kennedy y 61 en Bosa.
Asimismo, la Secretaría de Gobierno comparó las cifras de inseguridad de enero a julio de 2025 y 2026, demostrando que en Bosa la extorsión aumentó un 42,9%, las lesiones personales en 31,2% y el hurto a personas un 7,5%. Por su parte, Kennedy registró 181 casos de extorsión en octubre de este año y 1.711 lesiones personales entre enero y agosto.
¿Más militares, más seguridad?
La presencia de militares en las localidades puede generar efectos adversos. Primero, proyecta la idea de que la Policía Nacional no es capaz de cumplir sus funciones. En la Constitución Política se establece una distinción entre las funciones de la Policía Nacional, como institución de naturaleza civil que debe garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y la convivencia, y las Fuerzas Militares, cuya misión principal es defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden institucional.
Al trasladar las lógicas de intervención militar a escenarios de convivencia ciudadana, hay riesgos para los derechos humanos. El despliegue de tropas en zonas residenciales puede generar escenarios de tensión entre la fuerza pública y la población civil, y más cuando no hay protocolos claros.
Los procedimientos de intervención pueden derivar en detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y restricciones a derechos como la libre circulación, la protesta y la participación ciudadana.
Además, existe el riesgo de estigmatizar a jóvenes y habitantes de barrios históricamente afectados por la violencia, al asociar determinados territorios o condiciones sociales con la criminalidad.
La militarización no garantiza la reducción de la criminalidad: un estudio de la revista Nature Human Behavior demostró que el patrullaje militar en Cali durante el 2019 no redujo los delitos; incluso se identificaron aumentos de criminalidad después de finalizar los patrullajes, además de un incremento de vulneraciones de derechos humanos.
La discusión sigue en el Concejo
El debate continuó, y una sesión en el Concejo de Bogotá profundizó las críticas hacia la estrategia de seguridad de Galán.
Durante su intervención, el alcalde rechazó la propuesta de militarizar la capital y sostuvo que la inseguridad no se resolverá con soldados que sustituyan las funciones de la Policía. No obstante, en la actual administración sí hubo asistencia militar en los barrios San Bernardo, María Paz y Santa Fe, y no ha mejorado la seguridad.
“Usted presenta una cifra en la que, claro, ha habido una disminución, por ejemplo, con relación a las cifras de homicidio y a la extorsión. Pero usted no nos cuenta o no expresa, por ejemplo, a la hora de plantear lo que ha sido el balance de este gobierno, que pasamos de 1.083 homicidios en 2023 a 1.204 en 2024. Que pasamos de 13 homicidios a 15,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y el compromiso en su plan de desarrollo es de ocho homicidios por cada 100.000 habitantes”, argumentó la concejala.
Igualmente, señaló que los gestores del orden que puso Galán no han sido eficientes para controlar aquellos delitos: “Yo vuelvo e insisto que su secretario es un fracaso. Alcalde, yo lo invito a que tome decisiones contundentes con relación a la seguridad en la ciudad de Bogotá”, finalizó la concejala.
Mecanismos de prevención
El debate continúa y las garantías para los derechos de los y las habitantes de estas localidades siguen sin ser mencionadas.
No se puede concentrar la respuesta a la inseguridad en un despliegue militar, sino en mecanismos de prevención, como la recuperación de espacios públicos y oportunidades para las y los jóvenes de toda Bogotá a través de programas educativos, culturales y laborales.
La seguridad no puede medirse por la cantidad de uniformados, sino por la capacidad de las administraciones nacionales y locales en proteger la vida y garantizar los derechos de las y los habitantes.
18 de noviembre 2026
Con información del Semanario Voz