Lima.-“Que se haga justicia a nuestra verdad”, declaró Rosa Lapa, víctima de la esterilización masiva de mujeres peruanas, tras la denuncia penal contra el ministro de Justicia, Eduardo Arana, por incumplir un fallo judicial sobre el tema.
Lapa integra de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas Sumac Cusikuiwa, de la región centroandina de Huancavelica, una de las organizaciones de mujeres afectadas por el programa de esterilizaciones del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Ella participó el viernes último en la marcha de esas féminas hasta el Ministerio Público, donde presentaron la denuncia contra Arana, por los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, de omisión, de rehusamiento o demora de actos funcionales y de abuso de autoridad.
Los cargos se refieren al incumplimiento de una sentencia de amparo que ordena al Ministerio de Justicia adoptar una política de reparaciones integrales para víctimas de las esterilizaciones forzadas.
La denuncia incluye al viceministro de Justicia, Charles Napurí, y a otros funcionarios que resulten responsables.
No ha sido fácil denunciar, pero con el apoyo de ciudadanas y ciudadanos, vamos a seguir luchando, añadió Lapa.
“Hemos venido a denunciar al ministro de Justicia porque no nos hace caso ni hace caso a las autoridades del Poder Judicial”, apuntó Dionicia Calderón, de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Morochucos, en la región de Ayacucho.
La sentencia, cuyo cumplimiento exigen las mujeres, fue dictada hace más de dos años por la Segunda Sala Constitucional de Lima, tras la cual un juzgado dispuso se apruebe la política de reparaciones integrales para las incluidas en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada, creado en el 2015.
En ese registro figuran siete mil 171 víctimas que y el fallo indica que el Gobierno debe garantizar la participación efectiva y la coordinación con las asociaciones de víctimas y las organizaciones que las defienden en la elaboración de la política de reparaciones.
La cifra incluye solo a quienes denunciaron que impedidas de la maternidad, pero 4o total, según una investigación de 1998 estimó que fieron más de 300 mil, lo cual incluye a 21 mil hombres. a lo que se agrega la muerte de 18 mujeres.
La abogada de las denunciantes, Cynthia Silva, quien participó en la presentación de la denuncia penal, declaró que “El gobierno no solo ha demostrado estar incapacitado para llevar adelante políticas públicas que garanticen derechos humanos, sino que además está cometiendo delitos”.
En 2003 el Estado peruano y los familiares de María Mamerita Mestanza, víctima mortal de la política presentada como un programa de planificación familiar, acordaron una solución amistosa que reconoció la obligación de reparar (indemnizar) a sus familiares.
A raíz de ese caso, el Estado peruano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de Mamerita Mestanza y aceptó adoptar medidas de reparación material y moral a las mujeres afectadas.
Con información de Prensa Latina