Foto: Página 12
El megajuicio Gutiérrez-Di Santo reconstruye los crímenes del terrorismo de Estado en el sur de Córdoba, Argentina. Son 21 exmilitares y expolicías imputados por acciones victimizantes en contra de 70 personas. Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978.
Redacción Internacional
Han transcurrido cincuenta años y hasta ahora la justicia argentina comenzó a juzgar una parte fundamental del aparato represivo que operó en Río Cuarto y en el sur de la provincia de Córdoba.
El 20 de octubre de 2026 se inició el megajuicio Gutiérrez-Di Santo, un proceso por delitos de lesa humanidad que dejan en evidencia la responsabilidad del Estado durante los meses previos al golpe de 1976 y durante la última dictadura cívico-militar, conocida oficialmente como “Proceso de Reorganización Nacional”.
El megajuicio compila cinco investigaciones y examina delitos como secuestro, torturas, homicidios y crímenes contra la integridad sexual. Dentro de la causa hay 21 imputados, entre exintegrantes de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia. Asimismo, el Tribunal Federal de Córdoba ha reconocido a 78 víctimas y escuchará a un centenar de testigos, en una investigación que expone las deudas de la democracia argentina con las víctimas y los sobrevivientes.
El juicio revelará el funcionamiento de las maquinas represivas lejos de los centros urbanos, modus operandi que involucró instalaciones militares, dependencias policiales y espacios clandestinos de detención. Dentro de los lugares investigaciones están la Delegación Río Cuarto de la Policía Federal, el Batallón de Arsenales de Holmberg y otras secciones de las fuerzas militares en la provincia de Córdoba.
Gran parte de las víctimas estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Fueron estudiantes, docentes y trabajadores de esta comunidad quienes fueron alcanzados por esta maquinaria represiva que tenía el objetivo de desarticular no solo a las organizaciones universitarias, sino también las militancias y redes sociales consideradas como “subversivas” por las estructuras militares de la época.
Los nombres de Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Comba son emblemáticos en esta causa, siendo las familias sobrevivientes un ejemplo de lucha por esclarecer casos de desaparición forzada, torturas y décadas de incertidumbre.
Estos son los nombres de los imputados por la Fiscalía argentina:
1.Adolfo Patricio Etchehun — exgeneral del Ejército.
2.Carlos Alberto Quevedo — exgeneral de división.
3.Pablo Skalany — exgeneral de división.
4.Enrique Pedro Mones Ruiz — exteniente coronel.
5.Gustavo Adolfo Alsina — exmayor.
6.Ernesto Guillermo Barreiro — exmayor.
7.Carlos Ibar Pérez — exsuboficial mayor.
8.Juan Eusebio Vega — exsuboficial mayor.
9.Carlos Alberto Díaz — exsuboficial mayor.
10.Miguel Ángel Pérez — exsargento.
11.Ricardo Alberto Ramón Lardone — exintegrante del Ejército.
12.Arnoldo José López — exintegrante del Ejército.
13.José Luis Yáñez — exmilitar, también vinculado a la Policía Federal.
23 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz