El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este martes en Barranquilla con Abelardo de la Espriella. Fue la primera visita de alto nivel del gobierno de Trump a un mes de su posesión, y la primera escala de una gira que sigue por el Ecuador de Noboa y el Perú de Fujimori. El itinerario habla solo, Washington pasa revista a sus aliados suramericanos.
Los puntos fueron cuatro: la llamada cooperación contra el “narcoterrorismo”; los aranceles del 12,5% cuya suspensión pidió la Casa de Nariño; la ayuda tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó 331 muertos; y la firma de acuerdos sobre energía nuclear civil y minerales críticos. El Gobierno lo llamó “diplomacia económica”, pero lo firmado no es comercio, sino acceso a recursos estratégicos.
Nada de esto es episódico. Desde la operación militar contra Venezuela en enero, la política de Donald Trump hacia América Latina volvió a colocar la subordinación hemisférica en el centro de su estrategia con el objetivo de contener a China, asegurar recursos naturales y disciplinar a los gobiernos de la región.
En ese marco, Colombia aparece cada vez más integrada a una arquitectura de seguridad definida desde Washington. El ingreso al Escudo de las Américas, el abandono de la Paz Total, el retorno del glifosato y de los bombardeos, junto con la reactivación de una lógica contrainsurgente asociada al Plan Patriota 2.0, expresan una misma orientación. La visita del jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, a finales de agosto, confirmó que la relación con el MAGA se construye sobre la dependencia militar, el alineamiento político y la pérdida de autonomía estratégica.
La disputa de fondo es por la soberanía y por el sentido mismo del Estado. El nuevo proyecto de poder pretende presentar la subordinación como pragmatismo y la obediencia como eficiencia, mientras desmonta también los avances alrededor de derechos y sujetos colectivos.
Sustituir “reforma agraria” por “acceso a tierras” y “campesinos” por “productores rurales” despolitiza el conflicto por la tierra, borra al campesinado como sujeto histórico y transforma sus reivindicaciones en asuntos de mercado y productividad. El lenguaje institucional se convierte así en un terreno de disputa ideológica: nombrar de otra manera busca también hacer aceptable otro proyecto de sociedad.
Por eso la advertencia del senador Iván Cepeda Castro apunta al núcleo del problema. Detrás de los anuncios de cooperación puede consolidarse una nueva fase de intervención económica y geopolítica. La posible expansión del fracking y de la explotación petrolera intensiva plantea una pregunta decisiva: ¿Colombia será tratada como nación soberana o como reserva energética y plataforma estratégica de Estados Unidos? Los acuerdos firmados refuerzan esa preocupación. Lo que está en juego no son únicamente contratos, inversiones o cooperación militar, sino la capacidad del país para decidir sobre su territorio, sus recursos y su propio rumbo político.
La escena del lunes en Quibdó lo confirma. De la Espriella llegó al Chocó con Gilinski, Santo Domingo, Sarmiento y Char para anunciar catorce medidas y un billón de pesos bajo el nombre de “Plan Marshall”. Hasta para imaginar la reconstrucción de un departamento multiétnico empobrecido toman prestado el vocabulario del imperio. Las comunidades del Atrato no necesitan un malecón gastronómico, piden agua potable, salud y garantías para vivir en paz.
Ni el Chocó, ni Colombia, ni el subsuelo, ni la dignidad están en venta.
Fotografía: Cancillería
9 de septiembre de 2026
Con información del Semanario Voz