Foto Prensa Rural
El Comité Central del Partido Comunista convocó este escenario para analizar la situación agraria, tanto nacional como internacional. Busca actualizar el programa, abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el movimiento campesino y popular, con miras a construir un modelo alternativo y avanzar hacia una verdadera reforma agraria, integral y democrática
Por: Nury Martínez Silva
En Colombia, el campo clama justicia. Décadas de conflicto, despojo y concentración de la tierra han sometido al campesinado a la miseria y el abandono estatal. Sin embargo, la resistencia organizada de las y los campesinos mantiene vivo el sueño de una reforma agraria integral y democrática.
La reforma agraria en Colombia no es solo una cuestión de redistribución de tierras. Se trata de una transformación estructural que garantice la soberanía alimentaria, el respeto por los territorios campesinos y el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos.
El latifundio en Colombia es un obstáculo estructural para el desarrollo rural, perpetuando la desigualdad, la pobreza y la violencia en el campo. La tierra, en manos de monopolios agroindustriales y terratenientes, no produce alimentos para el pueblo, sino ganancias para las élites nacionales y extranjeras.
Soberanía alimentaria, una lucha política
La reforma agraria integral y democrática no solo implica acceso a la tierra, sino la posibilidad de decidir qué y cómo se cultiva; esto garantiza la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad, dado que la soberanía alimentaria es la capacidad de los pueblos de definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, rompiendo con la dependencia de importaciones y el control corporativo sobre las semillas y la producción.
En Colombia, mientras el campesinado lucha por garantizar la alimentación del país, el agronegocio es privilegiado a través de los Tratados de Libre Comercio, TLC. Este modelo agroexportador privilegia los monocultivos como la palma de aceite, el banano y la caña de azúcar, desplazando la producción de alimentos básicos. Esta política no solo empobrece al campesinado, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria de toda la población.
Las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, son una alternativa frente al despojo, emergen como una respuesta concreta al modelo extractivista y latifundista, es una figura de ordenamiento territorial que busca proteger la economía campesina, garantizar el acceso a la tierra y frenar la expansión del agronegocio.
Estas Zonas han sido objeto de sabotaje por sectores políticos y económicos que ven en el campesinado una amenaza para sus intereses. Pese a las trabas burocráticas y la violencia sistemática, las comunidades siguen organizándose para consolidar estos territorios como espacios de resistencia y vida digna.
Con el actual gobierno del cambio, encontramos una oportunidad para la constitución y consolidación de nuevas ZRC en distintos territorios de diferentes departamentos del país.
Campesinado, sujeto político de derechos
El Estado colombiano históricamente ha invisibilizado a los y las campesinas, negándoles derechos políticos, sociales y económicos. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos ha ganado fuerza, exigiendo su participación en la toma de decisiones que afectan sus territorios.
Hoy contamos con el Acto legislativo 01 de 2023 que modifica el artículo 64 de la Constitución Política. Este Acto establece en su artículo 1 que “Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde un enfoque de género, etario y territorial […]”.
Este mismo artículo prioriza “el acceso a bienes y derechos como a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos”.
Además, este artículo también considera que: “Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política”.
La paz en Colombia es inviable sin una reforma agraria que reconozca al campesinado como protagonista del desarrollo rural y garante de la soberanía alimentaria. En el año 2025, se firmó en Chicoral el Pacto por la Tierra, el Agua, el Territorio, el Ambiente y la Vida, un acuerdo fundamental que busca orientar la reforma agraria integral a través de un Plan Decenal, un compromiso con la transformación del campo.
Este pacto representa un compromiso entre organizaciones campesinas, sectores sociales y el Estado para avanzar en una política agraria que responda a las necesidades del pueblo y no a los intereses del capital. Su implementación debe ser vigilada y exigida por las comunidades, garantizando que no quede en el papel como tantas promesas incumplidas.
La consulta popular y la reforma agraria
La oligarquía colombiana ha obstaculizado históricamente los intentos de reforma agraria, recurriendo a la represión y las maniobras legislativas para proteger sus intereses. En este contexto, una consulta popular sobre la reforma agraria emerge como una herramienta legítima y democrática para que sea el pueblo el que decida el rumbo del campo.
Si las élites temen a un proceso de redistribución de tierras es porque saben que el pueblo exige justicia y dignidad. Una consulta vinculante permitiría que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes definan el modelo agrario del país, garantizando que la tierra cumpla su función social y ecológica.
La reforma agraria integral y democrática no es una utopía, es una necesidad histórica. El campesinado colombiano no pide favores, exige derechos. La consulta popular puede ser un paso clave en la lucha por la redistribución de la tierra y la construcción de un país más justo y soberano. Si el Estado no escucha el clamor del campo, el pueblo organizado seguirá avanzando porque sin tierra no hay paz y sin campesinado no hay futuro.
Con información del Semanario Voz