Desde el pasado 10 de agosto, Colombia vivió otro sacudón: el de la solidaridad. Según el reporte parcial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la tragedia nacional deja hasta el momento 285 personas fallecidas, 379 desaparecidas y 3.975 heridas. Asimismo, el balance preliminar registra 102.262 afectados pertenecientes a 45.523 familias, 12.828 viviendas destruidas y 2.486 centros educativos con algún grado de afectación, lo que mantiene a cerca de 1.500 estudiantes sin clases.
Editorial 3334
La magnitud de los hechos ha movilizado la solidaridad del todo el país, en especial, de quienes viven en los departamentos más afectados. Es esta población la que ha visto de primera mano los daños humanos y estructurales y no ha dudado en sumarse a las labores de rescate, remover escombros, preparar ollas comunitarias alrededor en los albergues y trasladar desde sus propias viviendas los insumos necesarios para apoyar con solidaridad a personas que, sin conocer, hoy acompañan en su tragedia.
Mano a mano, noche tras noche la población civil –a diferencia de la respuesta del Estado– asumió como propia la atención humanitaria ante la necesidad de optimizar los tiempos de respuesta y brindar apoyo logístico a los rescatistas profesionales para salvar vidas. Esas han sido las mejores imágenes de una Colombia que se compadece y asume como suya esta labor humanitaria.
En el caso de los gobiernos locales, ha sido la gobernadora del Chocó quién se ha destacado por su labor en terreno. Este departamento no solo fue el epicentro del terremoto, también ha sido víctima de la desigualdad social y del racismo estructural que impidió que gran parte de la ayuda logística institucional llegara a tiempo, al igual que en el resto de la región del Pacífico.
El mejor ejemplo de ello fue la inacción del gobierno frente al buque Hospital Benkos Biohó: entregado por el gobierno de Gustavo Petro en Buenaventura, pero que permaneció detenido por falta de contratación de personal hasta casi una semana después del terremoto.
Lo fundamental para este gobierno no parece ser la humanidad, sino la algarabía, la foto para redes y el espectáculo. Así quedó evidenciado en los falsos videos de apoyo ciudadano o en la entrega de balones con la marca del partido político de De la Espriella a las comunidades afectadas por el terremoto, al tiempo que su ministro de Vivienda, quien tiene la tarea de responder por el plan de atención en agua potable, pasea por las playas de Santa Marta.
Tal y como se viene debatiendo en el país, la reconstrucción de las regiones afectadas no se soluciona con un par de bultos de cemento. El país desconoce cuál es el Plan de Acción Específico para la atención a nivel nacional y regional. Se presentó la declaratoria de situación de desastre, en donde incluyeron a Norte de Santander y Cundinamarca, pero se desconoce el plan que proyecta el direccionamiento de los recursos y la llamada reconstrucción del “Plan Milagro” que será dirigido por el Departamento Nacional de Planeación, entidad que hoy en día carece de dirección.
Esta emergencia nacional no merece una atención de espectáculo, improvisada y racializada; merece ser tratada con respecto y honestidad, pues son vidas humanas las que están en juego. La respuesta debe ser multimodal, con enfoque de derechos humanos y con una especial atención a las poblaciones más vulnerables, como lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, el control político junto con la solidaridad, deberán mantenerse activos, pues la reconstrucción del país no es cosa de “milagros” sino el producto de acciones concretas del Estado, el gobierno y la sociedad.
Foto Alcaldía de Medellín
19 de agosto de 2026
Con información del Semanario Voz