Quito.- El proyecto de reforma constitucional que busca permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador pasó hoy un primer debate en la Asamblea Nacional (Parlamento) en medio de críticas de organizaciones sociales.

Durante el análisis en el plenario, la legisladora de la Revolución Ciudadana Gissela Garzón, que preside la Comisión Ocasional encargada de tramitar la iniciativa del presidente-candidato Daniel Noboa, subrayó que es un tema de relevancia relacionado con la soberanía, un elemento constitutivo del Estado.

Aclaró que, en caso de ser aprobada la enmienda, serán necesarios cambios en algunas leyes vigentes, entre ellas el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

Garzón explicó que las conclusiones que constan en el informe son producto de los análisis y sugerencias de expertos escuchados por la comisión con diversos puntos de vista.

Otros asambleístas defendieron la autorización para que fuerzas militares estén presentes en el país para enfrentar la delincuencia organizada.

En octubre de 2024, el presidente Noboa envió ese proyecto a la Asamblea, luego del pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional (CC) sobre la propuesta del mandatario de modificar el artículo 5 de la Carta Magna para eliminar la prohibición a las bases foráneas.

En caso de que el Parlamento apoye en dos votaciones la iniciativa para autorizar la presencia militar foránea en el país, la ciudadanía deberá luego votar en un referendo.

La Coordinadora por la Paz, la Soberanía y la No Injerencia (CPAZ) se pronunció en contra de la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano y anunció una campaña digital para defender la soberanía, la dignidad y el derecho a decidir el futuro de la nación.

Además, CPAZ junto al movimiento global Un Mundo Más Allá de la Guerra, inició este jueves una recogida de firmas contra las bases para presentarlas luego a la Asamblea Nacional.

“Las bases militares extranjeras no solo han fracasado en combatir la inseguridad, sino que han profundizado las desigualdades sociales y desviado recursos que podrían invertirse en salud, educación y desarrollo”, aseveró la organización.

El colectivo recordó que la Base de Manta (1999-2009) evidenció los riesgos de la injerencia militar extranjera, incluyendo violaciones a los derechos humanos y la falta de resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Con información de Prensa Latina

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