Tribunal colombiano impuso el lunes una condena de 40 años de prisión al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra pueblos indígenas del departamento de La Guajira entre 2002 y 2006.
La decisión, anunciada por la Fiscalía General, representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia paramilitar en esa región del Caribe colombiano. La sentencia fue dictaminada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
Ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia fue radicada la demanda de casación con la que la Fiscalía General de la Nación, pretende tumbar un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, el cual falló a favor del condenado Álvaro Uribe Vélez. @teleSURtv @TobarteleSUR pic.twitter.com/KPR4yzAeRS
— teleSUR Colombia (@teleSURColombia) January 19, 2026
Dicho tribunal determinó que integrantes del «Frente Contrainsurgencia Wayuu», adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ejecutaron bajo su mando una serie de atrocidades. Entre los delitos documentados se encuentran homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia basada en género y otras conductas ilícitas, siguiendo lineamientos definidos por los cabecillas del grupo.
Uno de los hechos específicos por los que se le atribuye responsabilidad es la incursión armada a la ranchería Manaki, en Uribia (La Guajira). De acuerdo a la Fiscalía, en ese ataque varios indígenas wayuu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas, y les destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas.
Además, el tribunal lo responsabilizó por el homicidio de dos indígenas el 17 de marzo de 2002 en el asentamiento Kepischon, también en Uribia.
El Frente Contrainsurgencia Wayuu, creado en marzo de 2002, llegó a contar con unos 150 integrantes y fue el brazo armado que permitió a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) extender su accionar a zonas de La Guajira, en áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
Mancuso, uno de los principales jefes de las AUC antes de su desmovilización en 2006, comandó la organización paramilitar en el norte del país durante el conflicto armado.
Además de la pena de 40 años de prisión, la condena incluye una multa equivalente a unos 14 millones de dólares y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, la sentencia establece que podrá cumplir una pena alternativa de hasta ocho años de cárcel si acata plenamente los compromisos de verdad, reparación y no repetición previstos en la Ley de Justicia y Paz, que rige los procesos de justicia transicional.
Mancuso regresó a Colombia en febrero del año pasado, tras cumplir una condena de 15 años en Estados Unidos por narcotráfico, a donde fue extraditado en 2008. Su retorno tuvo como objetivo principal que respondiera ante la justicia transicional colombiana por los crímenes cometidos durante su jefatura en las AUC.
Sin embargo, su situación ha cobrado especial relevancia en el debate público luego de que, en noviembre de 2024, el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo designara como «gestor de paz», junto a otros exjefes paramilitares.
Dicha designación ha sido fuertemente cuestionada. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo demandó dicha designación ante el Consejo de Estado, argumentando falta de controles y de participación de las víctimas en la decisión.
El organismo advirtió que otorgar un rol institucional a responsables de crímenes de lesa humanidad puede afectar gravemente la confianza en el Estado como garante de los derechos humanos y en los procesos de paz.
Con información de TeleSur