Última movilización del Gobierno del cambio en Soacha, Cundinamarca. Foto Ovidio González
Colombia atraviesa por una nueva agenda de derecha radical, antiderechos y libertades, bautizada como “Patria milagro”, matizada por un fuerte discurso populista, de negacionismo a la paz y al marco constitucional. Al respecto, VOZ dialogó con el presidente del Partido Comunista Colombiano.
Redacción Política
Jaime Caycedo Turriago. Foto: Archivo
¿Cómo interpreta el surgimiento de una nueva agenda política de derecha radical y ultraconservadora en Colombia?
Hemos calificado el régimen como un momento de restauración reaccionaria. El proyecto de la extrema derecha no es un simple retorno a la política establecida por Álvaro Uribe. Estamos ante una modificación del bloque de clases en el poder en donde se acentúa el peso directo del imperialismo a través de un mandatario ilegítimo, impuesto mediante una maniobra intervencionista descarada, abierta y autoritaria.
Este paso al vasallaje ha quedado plasmado en el acuerdo de Barranquilla del 8 de septiembre, entre el señor Abelardo y el secretario de Estado, Marco Rubio, donde se trazan los ejes fundamentales que el gobierno existente se ha comprometido a establecer.
Una burla a la Constitución
¿Qué puntos destaca como regresivos en ese acuerdo suscrito en Barranquilla?
Los compromisos con Trump anulan los acuerdos establecidos con la República Popular de China y la integración que buscaba Colombia en los BRICS porque imponen relaciones excluyentes con Estados Unidos. Hay un retorno al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, proyectado en el presupuesto de 2027, el cual contempla un giro negativo frente a la inversión social. En este sentido, están en la mira las conquistas alcanzadas en la reforma laboral, la reforma pensional y las graves amenazas a la redistribución de tierras en el campo de la reforma agraria.
En materia de seguridad, se ha planteado la construcción de grandes establecimientos penitenciarios, tomando como referencia a Nayib Bukele en El Salvador. ¿Qué valoración hace de este enfoque?
La línea de conducta del régimen se rige por la seguridad, y los mensajes simbólicos están destinados a presentar un líder que profiere amenazas, magnifica operativos, crea la apariencia –pistola en mano– de actuar contra el crimen, aprobando bombardeos e imponiendo la pena de muerte sin opción de detención ni debido proceso.
El papel de las megacárceles tiene también un efecto simbólico en ese concepto de encierro, gueto y correccional. El despliegue publicitario se considera fundamental, sin que se conozcan los resultados reales. Es una burla a la Constitución.
Nueva política de seguridad
Frente a la política de Paz Total, se ha puesto fin a las negociaciones con grupos armados, mientras se impone una estrategia de ofensiva de la Fuerza Pública, incluyendo la reactivación de los bombardeos. ¿Qué explica este viraje hacia una política de mayor confrontación militar?
Lo más grave es la liquidación de toda opción distinta a la utilización de la fuerza. La idea de una solución política desaparece junto con la vía del diálogo, los compromisos, el sometimiento o el acogimiento a la justicia. Según esta matriz, quienes aparecen señalados en el campo de la subversión o de la delincuencia solo tienen la perspectiva de morir o someterse.
Pero este último recurso ni siquiera se respeta, como lo demostraron los procedimientos irregulares que condujeron a la grave situación en la ciudad de Santa Marta, donde uno de los “sometidos” fue asesinado. Esto desató un gravísimo “paro armado”, un asunto que no se resuelve por el camino de la militarización y los bombardeos.
¿Cuál es el punto más grave de esta nueva política de seguridad?
Es la agenda impuesta por los Estados Unidos: el Escudo de las Américas, la resurrección práctica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el horizonte de las nuevas modalidades de intervencionismo y el instrumento leguleyo para legitimar cualquier forma de intervención política y militar, en detrimento destructivo del derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la estructura de la repúblicas independientes y soberanas de América Latina.
La renuncia al multilateralismo lo es también a la política independiente de rechazo al sionismo, y concuerda con la ruptura de relaciones con Cuba, Palestina, Irán y Nicaragua. El acuerdo de Barranquilla y la destinación de Medellín como el PMU del Escudo así lo ratifican.
Defender la paz
También se ha planteado una reforma profunda de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Qué implicaciones tendría esto para el modelo de justicia transicional surgido del Acuerdo Final de Paz (AFP) y para el derecho constitucional a la protesta y la movilización social?
Es significativa la predisposición del gobierno frente a los compromisos del AFP, en tanto obligan al Estado y al Poder Ejecutivo en particular. No tiene ninguna presentación la asfixia presupuestal de la JEP en 170.000 millones de pesos. La idea de anular la existencia misma del AFP se explica en el insulto al presidente de Comunes, comparándolo con Pablo Escobar.
El AFP no existe solo como un fenómeno institucional es, además, un hecho histórico de gran valor para la cultura nacional, la defensa de las garantías y el contenido democrático de la república, que día a día el ilegítimo desconoce cada vez más.
En esta nueva corriente política adquieren especial relevancia los discursos anticomunistas, de confrontación ideológica y fuerte señalamiento hacia sectores de izquierda y movimientos sociales. ¿Qué se viene para la izquierda y el movimiento social al respecto?
Expresiones de odio y anticomunismo son las amenazas a los educadores, a la autonomía universitaria, a la libre cátedra y al pensamiento crítico, que le resulta particularmente insoportable. La identificación de la protesta juvenil y estudiantil con el vandalismo, el señalamiento de que las universidades públicas son nidos de violencia y el estatuto que pretende regular el derecho a la libre movilización popular resumen el criterio de contención social bajo los términos de la experiencia represiva vivida en el gobierno de Iván Duque.
La indignación expresada al respecto por los encuentros del movimiento social, las movilizaciones estudiantiles, el anuncio de una jornada nacional el 14 de octubre y la preparación de un paro nacional en noviembre muestran que los derechos conquistados como parte de las libertades ciudadanas no pueden volver a criminalizarse por parte del Estado, y que se requiere del más amplio frente de acción y movilización en defensa de las reformas, de las garantías, de los derechos humanos, del derecho a la vida, como respuesta a la arrogancia y al desconocimiento de las libertades democráticas.
7 de octubre de 2026
Con información del Semanario Voz