En Colombia, 11,38 millones de trabajadores (47,9 %) devengan menos de un salario mínimo; 2,4 millones (10,12 %) ganan el mínimo; y 9,93 millones (41,88 %) más del mínimo. Ilustración Natalia Giraldo
En el juego político preelectoral, desde todos los flancos de la oposición se ataca el incremento salarial
Por: Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
“El incremento del salario mínimo es una apuesta del Gobierno nacional para garantizar ingresos dignos y mejorar la productividad del país”, dijo el Departamento Nacional de Planeación, el pasado 30 de diciembre, para justificar el incremento del 23% en el salario mínimo, lo que lo convertiría en un salario vital, de acuerdo con estándares y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
“…establece que los ingresos laborales deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia como alimentación, vivienda, salud y educación”, explicó la entidad.
Ahora bien, en la lógica del juego político preelectoral, desde todos los flancos se ataca la medida gubernamental con el objetivo de hacerla fracasar, sin importar el daño que puedan hacer a la economía y a los trabajadores.
En ese sentido, la oposición -grandes medios de comunicación, políticos de derecha y gremios económicos-, reaccionó argumentando lo mismo que desde hace décadas: si el mínimo se incrementa muy por encima del Índice de Precios al Consumidor, IPC, se produce desempleo, alta inflación y aumento de la informalidad. Además, interpuso demandas por supuesta inconstitucionalidad.
La voz de los trabajadores
Por otro lado, el Comando Nacional Unitario, espacio que reúne a las centrales obreras y organizaciones de pensionados, respondió que el decreto es legal y constitucional y que “desarrolla el artículo 53 de la Constitución, que consagra el salario mínimo vital y móvil, principio sistemáticamente negado por los gobiernos al servicio de las élites, así como reiterados estudios de la OIT sobre los ingresos dignos y los salarios vitales”.
Acerca de la hipótesis macroeconómica que asegura que altos salarios producen inflación y desempleo, los trabajadores argumentaron que los datos desmontan la narrativa del miedo: “Desde 2022, el salario mínimo ha crecido por encima de la inflación y, en paralelo, el desempleo, la inflación y la pobreza, la informalidad han disminuido, con creación de empleo en comercio, turismo, actividades administrativas y sector agrario. No existe evidencia seria que pruebe que los aumentos del salario mínimo destruyen empleo; por el contrario, fortalecen el mercado interno y dinamizan la economía”.
Habla la academia
Desde el ámbito universitario, los profesores de economía de la Universidad Nacional de Colombia, Hernando Matallana Laverde y Álvaro Martín Moreno Rivas, en artículo intitulado Un aumento del salario mínimo no necesariamente aumenta la inflación y el desempleo, publicado en el periódico de esa alma mater, expusieron la lógica de mercado de la lucha de clases a la luz de la teoría heterodoxa keynesiano-monetaria, que sostiene que el empleo y la producción dependen del consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones.
En uno de sus apartes aseguran: “El pago de los salarios comporta la transferencia de dinero de las empresas a los trabajadores, dinero que estos destinan a la compra de bienes de consumo, el pago de obligaciones y al ahorro.
La compra de bienes de consumo por el conjunto de todos los trabajadores comporta la transferencia de dinero de estos últimos a las empresas que producen bienes de consumo obrero. Estas empresas realizan una ganancia positiva, puesto que el valor de sus ventas es mayor que el valor de sus costos de producción, incluidos aquí los salarios que pagan a sus propios trabajadores”.
El debate de la vivienda
Uno de los gremios que se pronunció fue la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. El 15 de enero informó que el incremento del 23% en el salario mínimo impacta directamente los costos de construcción de vivienda, en una actividad altamente intensiva en mano de obra. Además, estima que los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda podrían aumentar entre un 10 y un 15%.
Al instante, vía Equis el presidente Gustavo Petro respondió: “Lo que produce el salario vital no eleva sustancialmente el precio de la vivienda porque el costo laboral llega a un 20%. (…) Lo que si debe hacer Camacol es pedirle a sus integrantes que no hagan promesas de compraventa medidos en salarios vitales porque eso es ilegal”.
El gremio contraargumentó diciendo que se requería claridad técnica y legal en el debate sobre la vivienda de interés social, VIS, porque un control de precios a la VIS busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios de un ajuste excesivo del mínimo.
El presidente estuvo de acuerdo y cuestionó: “¿Cómo es posible que confundan en la prensa lo que es techo de la VIS con precios de la vivienda? Claro que se necesita mucha claridad técnica, y estamos dispuestos a ese diálogo”.
En ese marco, Petro ordenó al Ministerio de Hacienda expedir un decreto para desligar el costo de la vivienda del salario vital, con el fin de evitar que los aumentos salariales se traduzcan en alzas automáticas en arriendos y precios de compra.
¡Ojo con los avivatos!
Por otra parte, la Mesa de Rectores de Colegios Privados de Bogotá manifestó que 35 instituciones podrían cerrar en 2026, afectadas por variables como la caída de la natalidad, la migración y el aumento del mínimo.
En el consejo de ministros del 19 de enero, el presidente explicó que el servicio de psicología de los colegios privados debe ser gratuito, y que le están incrementando un 23%. “Y cuando ustedes van a ver cuánto le pagan a la psicóloga que tienen ahí, no le suben ni el cinco. Entonces, se están robando la plata de los padres de familia”. Además, en redes sociales usuarios cuestionaron acerca de en qué clase de colegios les pagan a profesores y administrativos el mínimo.
Asimismo, el primer mandatario de los colombianos citó los casos de las administradoras de edificios y otros productos y servicios donde “hay que corregir, porque ningún precio de ningún bien puede subir porque su subió el salario vital, por una razón simple, ninguna rama de la producción en Colombia o de servicios utiliza exclusivamente 100% en sus costos, trabajadores de salario mínimo”.
Finalmente, Petro se refirió a la matriz mediática que argumenta la ortodoxia económica acerca de que si se sube el salario vital van a subir los precios, “y resulta que se va a la plaza de mercado y todos los precios están más bajos”. (…) “Suben los precios son los vivos que hay que castigar. Y la superintendente de comercio debe tomar nota”.
Con información del Semanario Voz