Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron secuestrados en la fatídica noche del 3 de enero, en la que Estados Unidos invadió ilegalmente a Venezuela. Foto MIPPCI
El jueves 26 de marzo, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la diputada Cilia Flores. Un proceso inmoral, ilícito y fuera de cualquier canon mínimo de justicia
Por: Pietro Lora Alarcón
@plalarcon
Los cargos presentados por el Departamento de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores son considerados delitos asociados a la seguridad del país, incluidos el de la “guerra a las drogas” que impulsa el presidente estadounidense Donald Trump, lo que implica tratamiento de “enemigos” a sus actores y deben ser ejemplarmente castigados con penas como la prisión perpetua.
En el caso de Maduro y Cilia comprenden las supuestas prácticas de narcoterrorismo y tráfico de cocaína con potencialidad destructiva de la sociedad estadounidense.
En la primera audiencia del 5 de enero, un día y medio después de la invasión a Venezuela, Maduro y Cilia se declararon inocentes de todas las acusaciones. Hicieron bien porque no existe autoincriminación, pero aquí no hay técnicamente un proceso, donde consten garantías de equilibrio ante el poder arbitrario del Estado, sino un juzgamiento con pena preanunciada.
La versión de la fiscalía
Para comenzar, la versión de la fiscalía, tan indignante como mentirosa, es que “la captura del 3 de enero tiene estatus de legalidad porque fue el cumplimiento de una orden de arresto contra el señor Nicolás Maduro Moros”.
En honor a la verdad, como tantas veces se ha dicho, en Venezuela hubo una operación militar, un acto de guerra, cuyo resultado hoy es que los acusados no fueron capturados sino secuestrados y conducidos bajo la fuerza de las armas, luego que los acusadores cegarán la vida de varios miembros de su guardia presidencial.
En el estricto plano de la legalidad y el formalismo, una orden de arresto en cualquier parte del mundo es comunicada a las autoridades del país. Atender la orden implica una manifestación jurídica y una política del Estado solicitado sobre la entrega o no de la persona al solicitante. Por eso la extradición, la deportación o la expulsión son temas de soberanía.
La fiscalía poco tiene para argumentar sobre este punto porque el mundo asistió a un secuestro. El juicio es, claramente, parte del epílogo o de la consumación del plan. Su misión es ocultar lo inocultable, sustentar que es jurídicamente posible juzgar a alguien en esa condición. Solo el descaro o el cinismo pueden caracterizar sus intervenciones.
Al juicio le preceden más de 100 asesinatos de personas en bombardeos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico que Trump mostró al mundo como un trofeo. Enviar buques de guerra para militarizar el Caribe no tiene nada que ver con el cumplimiento de órdenes judiciales. Son acciones geopolíticas de afirmación imperial.
Desde luego, partiendo de esta realidad, Maduro y Cilia tampoco están estrictamente “bajo custodia judicial”, relato de los grandes medios, como si todo fuera resultado de la aplicación normal de una ley, sino que, como secuestrados, permanecen ilegal y abusivamente en una prisión en Brooklyn.
Por lo tanto, no hay como deducir, bajo ningún aspecto, que habrá imparcialidad, o el derecho a una prueba obtenida con legitimidad, o la motivación suficiente de cada acto. Ya se confirmó la necesidad acusatoria de imponer la culpabilidad, especialmente del presidente Maduro, como el supuesto cabecilla de un cartel de drogas.
Sin recursos para la defensa
En días pasados, Barry Pollack, abogado designado por Nicolás Maduro, denunció que la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos en el Extranjero, OFAC, desautorizó la excepcionalidad del régimen sancionatorio contra Venezuela para la defensa presidencial.
El hecho es grave porque la naturaleza del juicio implica que la defensa exija diligencias técnicas onerosas. Aunque la OFAC permitió inicialmente el desbloqueo de recursos del pueblo venezolano, casi de inmediato, por órdenes ejecutivas, lo impidió diciendo que tales recursos provienen del narcotráfico.
De hecho, no hay como seguir adelante sin que por lo menos haya un abogado defensor, cuya contratación, de conformidad con la Sexta Enmienda constitucional de los Estados Unidos y las declaraciones universales de derechos humanos, son una prerrogativa de los acusados.
La ley venezolana determina la obligación estatal de asumir el costo de la representación judicial del presidente, por estar en juego los derechos, bienes e intereses de la República bolivariana.
La propia OFAC reconoció que ya emitió autorizaciones, pero para que las empresas de los Estados Unidos negocien acuerdos petroleros con Venezuela. Queda claro que la idea es que Maduro no sea procesado, ni juzgado como presidente de Venezuela, sino como alguien desconectado de su rol político, sin garantías mínimas de defensa, y sin los recursos aplicables y compatibles con su cargo.
Al margen del derecho internacional
No es en época reciente que el imperialismo decidió quebrar los fundamentos del derecho internacional. Ha resistido sistemáticamente a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia mientras exige al mundo el cumplimiento de sanciones comerciales extraterritoriales e imponen bloqueos.
Estados Unidos patrocina el genocidio en Gaza, se ensaña contra Cuba socialista, agrede a la República Islámica de Irán e internamente criminaliza a la población migrante. Su dinámica conductora hacia la barbarie hace parte de su lógica funcional.
El juicio contra Maduro y Cilia, es un capítulo más de la indecencia imperial, bajo el discurso moralista de que defiende a la sociedad estadounidense de los grandes capos.
Para los revolucionarios, al contrario de servir para agenciar la guerra y vulnerar derechos, la justicia no es un mero concepto sino una experiencia vital, un proyecto con garantías plenas y dignidad para todos y todas. Y eso marca toda la diferencia.
Con información del Semanario Voz