Parte de la delegación de la JUCO, ACEU, ANDES y procesos barriales del país en la Asamblea Nacional de Juventudes en Barranquilla, del 19 al 21 de diciembre de 2025. Foto cortesía
Entre los días 19 y 21 de diciembre de 2025 se desarrolló en La Arenosa la Asamblea Nacional de Juventud, que establece el artículo 65 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil
Por: Daniel Rueda Arce
Desde el movimiento juvenil alternativo y sus organizaciones se cumplió no solo con una importante y destacada delegación de distintas latitudes de Colombia, sino con el aporte de ideas críticas frente a lo que ha sido el reconocimiento de los derechos juveniles por parte del Estado colombiano en los últimos años.
El estallido de 2021 y la respuesta institucional
El principal sector de la población colombiana que impulsó la movilización rebelde, en abril de 2021, fue la juventud. El compromiso vital de miles de jóvenes que decidieron apostarse en las calles y avenidas de las principales ciudades del país fue la respuesta a un modelo de desarrollo incapaz de hacer eficaces sus derechos básicos. No fue una consecuencia del azar, es indudable que el orden social del capital necesita de la exclusión de amplios sectores sociales, le es imposible en su orden anárquico de producción, garantizar la plena igualdad en la reproducción de las condiciones de vida.
En ese estado de cosas desiguales, en medio de las movilización masivas y creativas del pueblo colombiano, en especial, de su juventud, las respuestas desesperadas del gobierno de Duque a la rebelión social fueron dos apuestas para institucionalizar la rabia juvenil: la convocatoria y celebración de las primeras elecciones a consejos de juventud bajo la vigencia de la Ley 1622 del 2013 y la promulgación del CONPES 4040 de 2021. Este último es el principal instrumento de política pública dirigido a atender las necesidades de la población joven, que aún en el actual gobierno se encuentra vigente.
El nuevo gobierno y la ANJ del 2025
Al finalizar el año pasado, el Viceministerio de Juventudes convocó la realización de la Asamblea Nacional de Juventudes de 2026. En la preparación del evento se contó principalmente con la participación del Consejo Nacional de Juventud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, para los derechos juveniles de la ONU. La metodología preparada por este concurso de entidades estaba orientada a reconocer la amplia gama de preocupaciones y necesidades de la juventud colombiana. Sin embargo, de este espacio no salió una propuesta para reformar de raíz la política pública contemplada en el CONPES 4040 de 2021.
Los dos días de trabajo en la Asamblea consistieron en el desarrollo de dos plenarias y aproximadamente 50 mesas de trabajo. En ambos espacios la discusión estuvo orientada por un método de trabajo que localizaba las problemáticas y las encerraba en una dimensión microterritorial, para finalizar planteando una salida o acción positiva al problema. Este método imposibilitó que las discusiones centrales, incluso las preocupaciones internacionales, alimentaran las conclusiones del máximo espacio de participación juvenil en nuestro país.
La hipercentralización de las decisiones metodológicas, sobre todo del trabajo de las mesas, implicó que las y los jóvenes modificaran la metodología de las mesas, de acuerdo con las temáticas que se desarrollaban. Al margen de estos impases en el desarrollo, la Asamblea permitió plantear importantes críticas en torno a la política pública de juventudes vigente y la necesidad de su reforma, así como poner en la agenda la necesidad de ampliar los márgenes de la participación juvenil, la cual se ha caracterizado históricamente por el desbordamiento de lo estatal.
Se desatacó que un número importante de mesas concluyeron en la necesidad de autoconvocar a la juventud colombiana en un espacio más amplio, más incluyente, menos corporativizado y más popular: el XIII Festival Nacional de la Juventud y los y las estudiantes.
La deuda: una nueva política pública de juventudes nacional
Además, la juventud colombiana concluyó que si la Asamblea Nacional de Juventudes es incapaz de ubicar los problemas centrales de la vida juvenil: nuevas formas de militarización y criminalización de la juventud, apoyo a los proyectos de vida que superen el subsidio a la demanda, superación de las brechas educativas y sociales, reconocimiento a la participación y representación juvenil fuera del subsistema de juventudes, entre otros, esta misma tendría que reunirse para pensar, cuestionar y proponer con su capacidad creativa y rebelde, un instrumento de política pública nuevo que integre estos problemas en el sentido de atender la raíz de las desigualdades.
El CONPES 4040 de 2021 es la política pública de juventudes del gobierno asesino y antiderechos de Duque. La juventud colombiana espera que el primer gobierno popular y progresista del país deje las bases de una nueva política. Se trata de incorporar a la acción del Estado líneas de ejecución que realmente atiendan los problemas de la juventud. El pilar de la política de Duque, así como de todos los gobiernos neoliberales de la época, fue subsidiar la demanda y no la oferta. La juventud necesita que el Estado promueva la formalización laboral y el pleno empleo, el acceso universal a la educación, la promoción de una cultura en contra de cualquier forma de discriminación y violencia debido al género, la raza, entre otros.
Todo parece indicar que el XIII Festival Nacional de la Juventud apunta en esa línea: darle los elementos necesarios a la institucionalidad de juventud del país para que aporte en la construcción de un nuevo instrumento de política pública. Lo importante en últimas es que integre los deseos, los sueños, las necesidades más sentidas de la juventud colombiana a la cual se le ha negado históricamente el derecho a ser joven.
Con información del Semanario Voz