La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP postuló ante el Tribunal para la Paz a 19 miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, un exfuncionario del extinto DAS y dos civiles, para que se inicie la etapa de juicio, después de haber concluido que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad, y con ello, sean objeto de la imposición de una Sanción Propia. Los comparecientes fueron imputados como máximos responsables a un patrón de macrocriminalidad relacionado con 318 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como dados de baja en combate en Casanare.
Tras un proceso de contrastación judicial en el que se esclarecieron el patrón de acción macrocriminal y los hechos y conductas más representativos, se determinaron las responsabilidades individuales, se calificaron jurídicamente los asesinatos y desapariciones forzadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de homicidios en persona protegida conforme al Código Penal, se recibieron los reconocimientos escritos de los imputados y se llevó a cabo la Audiencia de Reconocimiento de Verdad en Yopal (Casanare). Como resultado de ese proceso, la JEP emitió la quinta Resolución de Conclusiones, la cuarta dentro del Caso 03.
A través de esta resolución, remitida a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz, encargada de imponer las Sanciones Propias, el magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Casanare, determinó que 22 de los 26 imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva. En cuanto a los otros cuatro comparecientes, el coronel (r) Peña Chivatá falleció en 2023, con posterioridad a su no reconocimiento, por lo cual su caso fue precluido. El teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán no aceptó inicialmente su responsabilidad y su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, donde recientemente reconoció su responsabilidad. Por su parte, el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes continuarán en la Sala de Reconocimiento, para la verificación de sus aportes a la verdad.
Los 22 imputados remitidos pertenecieron a la Brigada XVI, al Gaula Casanare y al Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), e hicieron parte de una organización criminal que utilizó la estructura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008. En total, 318 personas fueron asesinadas y presentadas ilegitimamente como dados de baja en combate. Mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de estas unidades militares. Los pobladores fueron estigmatizados y muchas familias padecieron con especial intensidad este fenómeno.
Tras aportar verdad que permitió reconstruir la magnitud de los delitos imputados, la evolución de las prácticas, las dinámicas y políticas que las posibilitaron, así como reconocer su responsabilidad, los integrantes retirados de la Brigada XVI del Ejército Nacional postulados para la imposición de una Sanción Propia son: el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la brigada entre diciembre de 2005 y julio de 2007; el teniente (r) Zamir Humberto Casallas Valderrama, excomandante del grupo especial Delta; y el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz.
Por parte del Gaula Casanare, la Sala de Reconocimiento de Verdad postuló al mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante de la unidad; al capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, exjefe de inteligencia; a los tenientes (r) Edwin Leonardo Toro Ramírez y Jhon Alexánder Suancha Florián, excomandantes operativos; al cabo primero (r) Gélver Pérez García; y al soldado (r) Alexánder González Almario.
nota-09-10-2025-conjunto-rueda de prensa-3.webp
Por parte del Birno, los postulados son: el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, excomandante; el capitán (r) César Augusto Cómbita Eslava y el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, exjefes de la sección de inteligencia; el teniente coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez, exjefe de operaciones; el capitán (r) Miguel Andrés Sierra García; el sargento primero (r) Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; el mayor (r) Jorge Eduwin Gordillo Benítez; el mayor (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas; el sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos Jiménez; y el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano.
La sala también postuló al detective Orlando Rivas Tovar, quien fue director de la Seccional Casanare del extinto DAS. Asimismo, a los terceros civiles Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, quienes actuaron como falsos informantes que engañaron a las víctimas para que fueran asesinadas por el Gaula Casanare.
A partir del proceso restaurativo derivado de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad —en la que estos 22 comparecientes aceptaron públicamente su responsabilidad—, la sala decidió, luego de un riguroso análisis, imputar los crímenes de tortura y tratos inhumanos y degradantes a seis de ellos: Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexánder Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez, Miguel Andrés Sierra García y Zamir Humberto Casallas Valderrama. Todos, excepto el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes, manifestaron su intención de reconocer responsabilidad por estos delitos que se sumaron a sus expedientes.
¿La razón? A partir de los relatos entregados por las víctimas durante la audiencia y en los espacios privados promovidos por la JEP, tanto ellas como el Ministerio Público informaron a la magistratura que sus familiares habían sido ultrajados física y psicológicamente antes de ser asesinados. Tras contrastar esta información, la Sala de Reconocimiento de Verdad comprobó que, en algunos de estos casos, se cometieron crímenes de guerra de tortura y tratos crueles, los cuales fueron imputados a estos seis comparecientes.
Asimismo, en abril de 2025, la sala imputó como máximos responsables a tres comparecientes más dentro del Subcaso Casanare, para un total de 29 imputados, ellos son: el sargento (r) Jaime Luis Olivera Arrieta, analista de blancos de la Brigada XVI; el subteniente (r) Gustavo Alberto Parada Cuéllar, integrante de la oficina de inteligencia del Birno; y el teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, jefe de la oficina de inteligencia de la Brigada XVI. Con los dos primeros, la sala inició un proceso restaurativo, luego de que manifestaran su intención de reconocer responsabilidad, razón por la cual no fueron incluidos en esta Resolución de Conclusiones. En cuanto a Sarmiento Valbuena, la magistratura se encuentra a la espera de que defina si reconocerá o no su responsabilidad, con el fin de determinar la continuidad de su proceso.
En la JEP la voz de las víctimas cuenta
Más de 612 víctimas han sido acreditadas en el Subcaso Casanare del Caso 03. En sus inicios, este subcaso contaba con la participación de 20 víctimas; sin embargo, a medida que avanzó la investigación y creció la confianza en la labor de la JEP en la región, por las verdades reveladas, más personas decidieron sumarse al proceso, permitiendo ampliar significativamente la participación y el esclarecimiento de los hechos.
En cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas y en respuesta a sus observaciones durante la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, tanto la Sala de Reconocimiento de Verdad como la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas desarrollaron, a lo largo de 2024, una serie de encuentros acompañados por equipos de psicólogos y otros profesionales expertos de la JEP. En estos espacios participaron los comparecientes imputados como máximos responsables del Subcaso Casanare que reconocieron su responsabilidad, así como otros comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables porque, aunque participaron en los hechos, no desempeñaron roles de liderazgo o decisión en la configuración del patrón criminal documentado por la JEP.
Como resultado de estos ejercicios restaurativos, más de 100 víctimas, dos sobrevivientes y 57 militares retirados participaron en distintos encuentros privados de diálogo. En uno de ellos, realizado en agosto de 2024, las víctimas se reunieron cara a cara con comparecientes de la fuerza pública y con civiles vinculados a este subcaso, en un espacio que les permitió formular nuevas preguntas y profundizar en los hechos que aún requerían mayor esclarecimiento. Para muchas de ellas, sobre algunos de esos hechos persisten dudas y demandas de verdad; por eso buscan más información que les ayude a comprender qué ocurrió con ellas y con sus familiares.
Estos encuentros dialógicos privados permitieron ampliar la verdad ya reconocida por los máximos responsables. Con la participación de comparecientes no máximos responsables, fue posible esclarecer detalles puntuales sobre los asesinatos y responder preguntas de las víctimas relacionadas con las últimas horas de vida de sus familiares. Aspectos como el traslado al lugar de la ejecución, las últimas palabras y el trato recibido antes de la muerte fueron, en su mayoría, revelados por quienes participaron directamente en la ejecución de los hechos, aunque no en su planificación ni liderazgo.
Además, en el proceso restaurativo se evidenció que algunos comparecientes manifestaron su interés de entregar sus condecoraciones porque fueron producto de esta práctica criminal. Algunas víctimas han solicitado que esta entrega tenga todo el peso jurídico, razón por la cual la Sala de Reconocimiento de Verdad ha exhortado al Ministerio de Defensa Nacional iniciar los procesos de retiro de las condecoraciones y felicitaciones entregadas a los comparecientes postulados con ocasión del reporte ilegítimo de bajas en combate.
De igual manera, durante este tiempo, en el marco de una articulación institucional entre dependencias de la JEP, órganos del sistema y otras entidades del Estado se ha impulsado la búsqueda y entrega digna de siete personas dadas por desaparecidas, y está próxima la entrega a sus familiares de los cuerpos de cuatro víctimas más.
Sobre la valoración del reconocimiento
En cada uno de estos 22 casos, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluó si los imputados podían acceder a un tratamiento especial como la Sanción Propia, cuyo cumplimiento será verificado y monitoreado por la JEP y las Naciones Unidas, a través del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias.
Para ello, la sala examinó el contenido de sus aportes a la verdad y de sus reconocimientos de responsabilidad, los cuales deben cumplir con un estándar compuesto por tres dimensiones: la fáctica, que exige que cada compareciente se refiera de manera precisa a su participación en el plan criminal y en los patrones determinados por la sala; la jurídica, que implica reconocer la naturaleza no amnistiable de las conductas y aceptar la modalidad de comisión imputada; y la restaurativa, relacionada con la necesidad de nombrar y aceptar el daño causado a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.
Solo cumpliendo con estos requisitos es posible que los imputados sean postulados a la Sanción Propia, la única de las tres sanciones que impone la JEP que no conduce a la cárcel, pero sí restringe derechos y libertades, y obliga a realizar aportes concretos a la reparación de las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto. Es decir, que no estarían en condiciones convencionales de privación de la libertad, pero esta se materializaría en la concreción del lugar de residencia, los horarios de realización de los trabajos, los lugares donde se realizará el componente restaurativo, y quién y de qué modo realizará el seguimiento.
En ese sentido, algunos comparecientes que al inicio negaron su participación —como Orlando Rivas Tovar y Miguel Andrés Sierra— terminaron reconociendo su papel en el patrón criminal y aportaron nuevos detalles sobre los crímenes en los que participaron. Otros que inicialmente ofrecieron un reconocimiento parcial ante la JEP, finalmente admitieron posteriormente su participación directa en acciones que fortalecieron y expandieron el patrón macrocriminal identificado por la sala, como Henry William Torres Escalante y Henry Hernán Acosta Pardo.
Proyectos de Sanción Propia
Como resultado del proceso restaurativo impulsado por la JEP desde la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Reconocimiento de Verdad recibió y analizó cuatro propuestas de proyectos restaurativos presentadas por comparecientes y tres iniciativas formuladas por las víctimas. También llevó a cabo encuentros de diálogo en los que las víctimas expusieron sus ideas y expectativas frente a las medidas de reparación, en un espacio construido junto con comparecientes y entidades del Estado para avanzar en las propuestas de proyectos de Sanciones Propias.
20230918 Audiencia de Reconocimiento falsos positivos casanare yopal caso 03 mag parra diaz 57 copia.webp
En el marco de este trabajo articulado, en octubre de 2024 la JEP promovió la firma de un memorando de entendimiento con las autoridades del municipio de Yopal y del departamento de Casanare, y creó una mesa de articulación institucional en la que participan víctimas, representantes de la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal, el Gobierno Nacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El propósito de este espacio es formular propuestas restaurativas viables, transformadoras y construidas de manera conjunta. Entre febrero y septiembre de 2025 se realizaron seis sesiones de trabajo en el marco de la comisión de seguimiento al memorando de entendimiento, consolidando avances concretos en la construcción de los proyectos restaurativos. Luego de valorar cada una de las iniciativas, la sala seleccionó cuatro propuestas que cumplieron los criterios de elegibilidad e impacto potencial, y las presentó al Tribunal para la Paz, que tendrá la última palabra.
Parque Memoria y Paz. Nació como propuesta de comparecientes bajo el nombre Parque Vivo y fue desarrollada por la Alcaldía de Yopal junto con las víctimas del Subcaso Casanare. Su objetivo es transformar un espacio público en un lugar de memoria, encuentro y reconciliación que dignifique a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate. El proyecto incluirá componentes pedagógicos, culturales y ambientales, con jardines conmemorativos y zonas de reflexión. Será un punto de convergencia entre instituciones, víctimas y sociedad civil, orientado a sanar las heridas del pasado y promover una cultura de paz y no repetición en el departamento.
Sede Universidad de la Memoria y la Justicia. Formulada por la Asociación de Víctimas de Casanare Casa Paz y priorizada por la mesa de articulación, esta propuesta busca crear un espacio académico y simbólico para la investigación, la formación y el diálogo sobre derechos humanos, memoria y justicia transicional. La sede universitaria aspira a consolidarse como un centro de pensamiento para el departamento, donde víctimas, estudiantes y comparecientes puedan encontrarse para reflexionar sobre las causas y consecuencias del conflicto armado. Será un lugar para aprender de la historia, fortalecer la participación ciudadana y promover el liderazgo social orientado a la construcción de paz.
Homenaje al Campesino, por su Valor y Dignidad. Propuesta presentada por Jacobo Rivera, víctima sobreviviente acreditada, que busca rendir tributo a las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado. A través de un monumento y actividades culturales, esta iniciativa reconocerá la resistencia campesina y su papel en la construcción del territorio, reivindicando la dignidad del campo como espacio de vida, trabajo y esperanza. El proyecto pretende visibilizar las historias de quienes fueron estigmatizados, desplazados o asesinados, y reafirmar la importancia del campesinado en la reconstrucción social y en la construcción de paz.
Búsqueda de personas desaparecidas. Presentada por el compareciente Orlando Rivas Tovar, esta iniciativa se orienta a apoyar las labores de localización, identificación y entrega digna de víctimas del conflicto armado, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y con las familias buscadoras. El proyecto plantea que los comparecientes se vinculen a tareas de apoyo logístico, recuperación de cuerpos no identificados, suministro de información y acompañamiento a las actividades desarrolladas junto a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.
La verdad revelada sobre lo que pasó en Casanare
Determinando diversas verdades que la justicia ordinaria no había logrado esclarecer, la JEP reveló cómo alrededor de al menos 367 personas —entre militares, miembros del extinto DAS y terceros civiles— habrían conformado una organización criminal dedicada a planear, ejecutar y encubrir asesinatos y desapariciones forzadas. Los integrantes del DAS, por su parte, participaron en la producción de información de inteligencia para dar apariencia de legalidad a las operaciones y, en varios casos, en la ejecución directa de los crímenes.
La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que integrantes de la Brigada XVI del Ejército Nacional implementaron una práctica sistemática de asesinar personas civiles fuera de combate y presentarlas falsamente como bajas en combate. Esta brigada tenía un papel preponderante a nivel nacional por ser responsable de la protección de los pozos petroleros del Casanare y del control de los corredores de movilidad de la guerrilla en el oriente del país.
Durante la investigación, la JEP documentó cómo, en este departamento y en zonas aledañas, unidades tácticas como el Birno, los Grupos Especiales Delta y el Grupo Guías del Casanare adoptaron esa práctica criminal contra campesinos señalados de pertenecer o colaborar con la guerrilla, así como contra combatientes heridos o rendidos, y valiéndose del engaño para atraer personas que serían asesinadas. El Gaula Casanare replicó este patrón, además, con personas acusadas de extorsión y otras puestas fuera de combate. Durante el periodo priorizado, la sala determinó además que algunos miembros de la Brigada XVI utilizaron a menores de edad como falsos informantes para engañar y atraer a víctimas que luego eran asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
El proceso de constrastación judicial permitió reconstruir cómo, con el ascenso de Henry William Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI a finales de 2005, las unidades se reorganizaron para operar de manera más eficiente y reportar mayores resultados. El Birno, bajo el mando de León Durán, creó un grupo especial que engañaba a personas en cascos urbanos y corregimientos para trasladarlas a lugares apartados, donde eran ejecutadas. Por su parte, el Gaula Casanare, dirigido por Camargo Tamayo, desvió la misionalidad del Gaula, concentrando su accionar en la presentación de bajas, con apoyo del DAS, consolidó la práctica de “entregas controladas” de dinero como fachada para asesinar personas, y usó a terceros civiles como falsos informantes. Posteriormente, con la llegada de Soto Bracamonte, se implantó una organización más robusta, con la creación de una red de falsos informantes.
El Subcaso Casanare permitió esclarecer que esta evolución ocurrió bajo un sistema de incentivos y presiones institucionales para incrementar los resultados operacionales. Durante la comandancia de Torres Escalante, la Brigada XVI alcanzó los primeros lugares en el ranking de bajas en combate. Bajo el mando de Henry Hernán Acosta Pardo, el Birno pasó de reportar ilegítimamente alrededor de 20 bajas en 2006 a más de 70 en 2007.
La sala documentó un fenómeno macrocriminal en el que 318 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Estos asesinatos masivos surgieron a partir de un complejo sistema de incentivos destinado a aumentar los resultados operacionales, sin verificar la situación real de orden público en las zonas de operación. Este dispositivo incluía presiones en programas radiales, imposición de cuotas anuales, competencia entre unidades, amenazas de traslado, e incentivos como otorgamiento de permisos, condecoraciones, cursos y comisiones al exterior para quienes reportaban resultados de manera constante. La sala reveló que, al mismo tiempo, las denuncias elevadas por familiares de las víctimas, funcionarios públicos y organizaciones no gubernamentales fueron ignoradas.
Asimismo, la sala demostró que todas las unidades tácticas de la Brigada XVI reportaron resultados operacionales ilegales que incluían asesinatos de civiles presentados como muertes en combate. La magnitud de esta práctica fue tal, que uno de los comparecientes, exintegrante del Birno, reconoció que lo ocurrido constituía “una masacre contra el pueblo casanareño”.
Los recursos del Estado, que debían emplearse para proteger a la población, fueron utilizados para perpetrar crímenes y para sostener la maquinaria institucional que los encubría. La sala evidenció cómo esta organización se apropió de recursos públicos destinados a la lucha contra el secuestro y la extorsión, provenientes en su mayoría de los fondos Fondelibertad, para financiar las operaciones ilegales y pagar por información que facilitara la ejecución de crímenes.
Se documentaron dos políticas que llevaron a la configuración del patrón criminal de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por integrantes de la Brigada XVI. La primera, asociada a la voluntad de aniquilar a la población estigmatizada o a personas desmovilizadas y en proceso de reintegración, señaladas de tener vínculos con grupos insurgentes o con la criminalidad. La segunda, un sistema de presiones e incentivos al interior de la estructura militar. Los integrantes de la Brigada XVI recibieron permisos, comidas especiales, planes vacacionales, cursos en el exterior, traslados al Batallón Colombia N.º 3 en el Sinaí y reconocimientos que fortalecían su ascenso y prestigio institucional, como recompensa por los resultados operacionales.
Durante la investigación, se identificaron al menos tres modalidades que configuraron el patrón criminal. En la primera, efectivos de la Brigada XVI asesinaron a personas aprehendidas o puestas fuera de combate en el marco de operaciones inicialmente legales. En la segunda, las víctimas fueron señaladas durante labores de inteligencia y posteriormente ejecutadas. En la tercera, miembros de las unidades militares, en coordinación con reclutadores que actuaban como falsos informantes, engañaron a personas trasladándolas desde zonas urbanas hacia lugares apartados donde fueron asesinadas.
Asimismo, la Jurisdicción demostró que este proceso criminal se desplegó para eliminar a personas que la tropa estigmatizaba como “indeseables”, con base en estigmas y prejuicios sociales. Entre las víctimas hubo personas señaladas de pertenecer o colaborar con la guerrilla o con grupos armados, personas acusadas de delitos comunes o de consumir estupefacientes, desmovilizados de las Autodefensas, mujeres que ejercían la prostitución y personas de la población LGBTI. Algunos comparecientes reconocieron haber adoptado una política de “exterminio social” ante la presión por presentar resultados a toda costa.
Estos crímenes causaron un impacto profundo en las víctimas y sus comunidades. La sala determinó que las víctimas directas perdieron la vida siendo, en su mayoría, muy jóvenes y tras sufrir intensos padecimientos físicos y psicológicos. Los daños y afectaciones fueron caracterizados en tres categorías que impactaron tanto a las víctimas directas sobrevivientes como a las indirectas: daños morales, emocionales y en la salud mental y física; estigmatización y revictimización; y afectación al patrimonio familiar y profundización de la vulnerabilidad económica. Adicionalmente, la magistratura identificó daños diferenciales sufridos por mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Los cuatro comparecientes que no fueron postulados
Del primer grupo de imputados, cuatro comparecientes no fueron incluidos en esta Resolución de Conclusiones del Subcaso Casanare. El coronel (r) Cipriano Peña Chivatá falleció en 2023, por lo cual su caso fue precluido. El teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán no aceptó inicialmente su responsabilidad, por lo que su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Allí, antes de radicar el escrito de acusación ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, decidió aceptar los crímenes por los que había sido imputado. Ahora, esta instancia del tribunal deberá definir su situación jurídica.
En cuanto al coronel (r) Wilson Camargo Tamayo, la sala decidió no remitirlo aún a la Sección con Reconocimiento porque en este momento se está contrastando, de la mano con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, hechos que posiblemente constituyan ejecuciones extrajudiciales y cuyo esclarecimiento no fue rendido por el señor Camargo Tamayo. Además, las víctimas han evidenciado discursos revictimizantes y justificativos en el reconocimiento de responsabilidad del compareciente, que la sala debe ponderar y valorar.
Y, en el caso del teniente (r) Marco Fabián García Céspedes, pese a haber manifestado su intención de reconocer responsabilidad, durante la Audiencia Pública de Reconocimiento admitió haber entregado información falsa tanto a la JEP como a las víctimas, lo que representó una grave afectación al proceso restaurativo y al derecho a la verdad. Por esta razón, la Sala de Reconocimiento de Verdad abrió un incidente de incumplimiento, solicitado por las víctimas acreditadas y el Ministerio Público, para determinar su situación jurídica, trámite que podría incluso derivar en su expulsión de la Jurisdicción.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Con la emisión de la Resolución de Conclusiones a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, esta revisará el expediente y, si asume competencia, iniciará la etapa de juicio del Subcaso Casanare, en la que se definirá la situación jurídica de los 22 comparecientes incluidos en la resolución.
Antes de definir los proyectos a los que se vincularán estos comparecientes como parte de su Sanción Propia, la sección trabaja para que la sentencia que se emita proteja los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.
Precisamente, en septiembre, la sección dictó las dos primeras sentencias de la JEP: la primera, contra los siete integrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por más de 21.000 secuestros; y la segunda, en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, en la que 12 comparecientes de la fuerza pública fueron sancionados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, entre enero de 2002 y julio de 2005.
Bogotá, 9 de octubre de 2025.
Foto: Jurisdicción Especial para la Paz
Con información Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)