Fotografía publicada en el perfil en X del congresista por Texas Joaquín Castro, donde aparece visitando al niño Liam Ramos y a su padre en el Centro de Procesamiento de Inmigrantes de Dilley, Texas. Abogados de la familia Ramos denunciaron las precarias condiciones y el maltrato en la instalación del ICE. Foto: EFE/ @JoaquinCastrotx.
En su fallo, el juez alude a la “búsqueda mal concebida” e “incompetentemente implementada” del Gobierno para asegurar cuotas de deportación, aun “si requiere traumatizar a niños”.
El juez federal de distrito Fred Biery, con sede en San Antonio, ordenó el sábado que el niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, sean liberados el martes del centro de Texas donde han estado detenidos desde su arresto el pasado 20 de enero por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota.
“El caso tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si eso requiere traumatizar a niños”, afirmó el juez en su fallo.
Stephen Miller, jefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca y uno de los impulsores de la extrema agenda migratoria de Trump, ha declarado que hay un objetivo de 3.000 arrestos migratorios diarios.
Biery escribió que “también es evidente la ignorancia del Gobierno de un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia», en alusión a frases que señalaban al rey de Inglaterra como “ha enviado aquí enjambres de oficiales para hostigar a nuestro pueblo” y “ha provocado una insurrección interna entre nosotros”.
Igualmente, incluyó en su fallo una foto de Liam y referencias a dos líneas de la Biblia: “Jesús dijo: ‘Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos’”, y: “Jesús lloró”.
La historia de Liam Conejo y las imágenes en que aparece rodeado de agentes del ICE causaron indignación y reforzaron el rechazo a la violenta ofensiva antinmigrante de la Administración Trump en Minnesota, donde los agentes federales asesinaron a tiros en poco más de dos semanas a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti.
El juez Biery había dictaminado anteriormente que el menor y su padre no pueden ser deportados de Estados Unidos hasta tanto no se resuelva su caso legal.
Tras la detención, vecinos y funcionarios contaron que los agentes federales de inmigración usaron al niño en edad preescolar como cebo, pidiéndole llamar a la puerta de su casa, en el suburbio de Columbia Heights, Minneapolis, para que su madre abriera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, inglés) tildó esos testimonios de “mentira descarada”.
Tras las muertes de Good y Pretti, el DHS defendió la actuación de los agentes y calificó a ambos ciudadanos como “terroristas domésticos”. En el caso de Pretti, tanto la secretaria Christi Noem como otros altos funcionarios, incluido el presidente Trump, le acusaron de atacar a los federales y ser una amenaza, aun cuando numerosos videos mostraron al enfermero de 37 años con un móvil en la mano y siendo golpeado y tirado al piso por varios agentes antes de ser baleado.
En el caso de Liam, Adrián Conejo Arias, el Gobierno dice que ingresó ilegalmente a Estados Unidos desde Ecuador en diciembre de 2024. Sin embargo, el abogado de la familia dice que tiene una solicitud de asilo pendiente que le permite permanecer en el país.
Su detención provocó una protesta en el centro de detención familiar de Texas y la visita de dos miembros demócratas del Congreso de Texas para evaluar las condiciones de la instalación y reunirse con el padre del niño, cuya deportación fue bloqueada también por la corte.
El padre de Liam dijo a uno de los legisladores que su hijo “no ha sido él mismo” desde la detención. Los abogados de la familia Ramos denunciaron las precarias condiciones en el centro, que alberga a unas 1.100 personas: el agua está en mal estado y muchas veces no se puede beber, la comida tiene insectos, tierra y otros restos que la hacen incomible, hay deficiente atención médica y los guardias los humillan.
En diciembre, un informe presentado por el ICE reconoció que retuvo a unos 400 niños por más tiempo del límite recomendado de 20 días.
Con información de TeleSur