Movilización del magisterio en Bogotá
Por: Heidy Sánchez Barreto
Una vez más la administración de Carlos Fernando Galán utiliza documentos que manejan cifras de manera conveniente para alimentar una narrativa de antidemocracia y estigmatización. Esto deja en evidencia que la democracia les incomoda cuando interpela intereses establecidos, olvidando que ha sido a través de la protesta social que en nuestro país se ha conquistado la educación como un derecho.
El documento al que se refiere el alcalde es el texto titulado “La brecha silenciosa: la dimensión acumulada de los paros docentes y el derecho a la educación en el caso de Bogotá (2012–2024)” [1], el cual plantea explícitamente que existe una supuesta “tensión entre el derecho a la educación y el derecho a la protesta”, y resuelve esa supuesta tensión de manera asimétrica, pues concentra el análisis en la cuantificación de los días que los estudiantes pierden por la movilización social de los docentes y no en las condiciones materiales que hacen de la protesta una herramienta recurrente y legitima. Si bien el documento identifica las causas de los paros (condiciones laborales, políticas nacionales y demandas estructurales del sistema educativo), estas aparecen tratadas como variables explicativas secundarias, mientras que el centro del argumento se construye alrededor de la “pérdida de tiempo escolar” como indicador casi exclusivo del impacto. De este modo, el paro se presenta como una anomalía que interrumpe un sistema que, implícitamente, funcionaría de manera adecuada sin él. Esta perspectiva omite que, en contextos como el colombiano, la normalidad del sistema educativo ya está marcada por la precariedad, y que dicha precariedad antecede y explica la movilización docente.
El documento afirma que la pérdida acumulada de 1,01 años escolares “profundiza las brechas de desigualdad estructural”. No obstante, esta afirmación invierte el orden causal del problema. Las verdaderas causas de la inequidad estudiantil, que el estudio menciona solo de manera tangencial, son precisamente aquellas que dan origen a los paros docentes. Frente a esto, resulta necesario señalar con claridad cuáles son esas problemáticas estructurales que urge atacar, y no recurrir a la estigmatización como mecanismo para ocultar que, durante años, la educación básica y media en nuestro país ha enfrentado graves falencias.
Entre estas problemáticas se encuentran una infraestructura educativa deficiente, con colegios que presentan condiciones físicas inadecuadas para el aprendizaje; fallas persistentes en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que afectan directamente la permanencia y el bienestar del estudiantado; la sobrecarga laboral y la precarización del magisterio, que inciden de manera directa en la calidad educativa cotidiana incluso en ausencia de paros; y la desfinanciación estructural del sistema educativo, especialmente en lo concerniente a las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), causa reconocida por el propio documento como una de las razones centrales del paro de 2017[2]. A ello se suma la tendencia sistemática al incumplimiento de los acuerdos establecidos con el magisterio.
En nuestra ciudad, estas problemáticas se materializan en el rezago de varias metas educativas del Plan Distrital de Desarrollo, un hecho que el alcalde omite deliberadamente. En particular, la meta de vincular a 9.600 docentes y orientadores en procesos de formación en servicio y acompañamiento in situ registra apenas un avance del 13,55%. Asimismo, la entrega de 16 colegios nuevos y dotados para ampliar la oferta educativa alcanza solo el 18,75%; la restitución y dotación de 12 colegios para mejorar la calidad educativa llega apenas al 8,33%; y la intervención de 310 sedes educativas y administrativas con acciones de mejoramiento de infraestructura y dotaciones para el aprendizaje presenta un avance de tan solo el 21,61%[3].
Sin embargo, lejos de asumir estas responsabilidades estructurales y los incumplimientos evidentes en materia de política pública, el debate se desplaza hacia una lectura reduccionista del problema. En este sentido, el énfasis en la medición cuantitativa, presentado como un avance técnico, no es políticamente “neutro”: al centrar la atención pública en el número de días perdidos, el documento facilita su uso como insumo para discursos que estigmatizan la protesta social y refuerzan la idea de que los sindicatos docentes actúan en contra del interés de los estudiantes y sus familias.
Esto resulta especialmente problemático en un contexto donde, como ya lo señalamos, sectores defensores de la administración distrital y de intereses privados utilizan las cifras para construir una narrativa antidemocrática, que desconoce que muchos de los derechos educativos vigentes hoy existen precisamente gracias a la movilización social. Es por ello que más que medir cuántos días se pierden por los paros, la discusión de fondo debería centrarse en por qué el sistema educativo colombiano sigue produciendo las condiciones que hacen inevitable la protesta. Mientras no se resuelvan las causas estructurales (infraestructura, alimentación, financiación, condiciones laborales y cumplimiento de acuerdos) cualquier intento de garantizar el derecho a la educación seguirá siendo parcial y contradictorio.
Finalmente, consideramos importante anotar que, no es menor el hecho de que uno de los autores principales del estudio sea Hernando Bayona Rodríguez, quien fue viceministro de Preescolar, Básica y Media durante el nefasto paso de Alejandro Gaviria por el Ministerio de Educación, un periodo caracterizado por políticas ampliamente cuestionadas por el magisterio y por sectores defensores de la educación pública. Aunque este antecedente no invalida automáticamente el trabajo académico, sí exige una lectura crítica de sus supuestos, especialmente cuando el estudio termina siendo funcional a una narrativa que desplaza la responsabilidad del Estado y pone el foco del problema en la acción colectiva docente, y no en el modelo educativo que se ha intentado imponer.
[1] Hernando Bayona-Rodríguez, Tatiana Milena Rodríguez-Moreno y Andrea García-Gómez, La brecha silenciosa: la dimensión acumulada de los paros docentes y el derecho a la educación en el caso de Bogotá (2012–2024), Documentos FCE n.º 04 (Bogotá: Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, 2025), página citada, https://fce.unal.edu.co/centro-editorial/images/DocumentosFCE/2025/04_2025%20Midiendo%20el%20impacto.pdf
[2] Ibíd.
[3] Secretaría Distrital de Planeación (SDP), “Seguimiento a la Inversión – Programación y Seguimiento a la Inversión,” SDP, consultado el 26 de enero de 2026, https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento
Con información del Semanario Voz