Hernán Camacho
La senadora uribista Paloma Valencia presentó la demanda y el magistrado Bedoya suspendió la totalidad de una norma que buscaba garantizar la estabilidad del sistema pensional
Por: Hernán Camacho
El pasado 11 de mayo de 2026, el magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya, completó el bloqueo judicial al traslado de ahorros pensionales. El togado suspendió los últimos cinco billones de pesos que faltaban para que los trabajadores pudieran moverse libremente de los fondos privados a Colpensiones.
Con esta decisión, ya son 25 billones de pesos de los trabajadores que se encuentran atrapados en los fondos privados. La determinación judicial beneficia directamente a la banca. No es un fallo técnico neutro. Es un favor político disfrazado de legalidad.
Cortes en oposición
Al mismo tiempo que la derecha demandó la reforma laboral, también acudió a los tribunales contra los artículos centrales de la reforma pensional, entre ellos el traslado de recursos, ahorros y aportes de los trabajadores. Pero también han demandado el pago de los programas de Prosperidad Social, particularmente el que le permite a la población adulta mayor contar con un pago digno, elevado de 80 mil a 230 mil pesos.
La senadora uribista Paloma Valencia presentó la demanda contra el decreto y el magistrado Bedoya suspendió la totalidad de una norma que buscaba garantizar la estabilidad del sistema pensional.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro fue claro: “El Consejo de Estado no puede pretender, por salvar a los dos banqueros dominantes de este país, que se estafe al pueblo trabajador”.
La demanda fue presentada contra el decreto que permite al Gobierno nacional el traslado de los ahorros de los trabajadores a Colpensiones para que esta entidad administre dichos recursos.
¿Por qué se resisten tanto que los trabajadores se pasen a Colpensiones? Porque los fondos privados no son de los trabajadores. Son de los empresarios más ricos de Colombia: Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado.
Ahora Colpensiones tiene que pagar las pensiones sin recibir los ahorros de los trabajadores, situación que no es sostenible. Por eso el presidente anunció que demandará penalmente por prevaricato al magistrado Bedoya.
Esta no es una batalla técnica ni una decisión jurídica neutral. Es una batalla política que va en contra de los intereses del pueblo.
Con información del Semanario Voz