El PIB del agro creció 4,8% en dos años. Foto Óscar Sotelo
La iniciativa de la Alianza por la Vida es modificar las condiciones sociales que profundizan la desigualdad y la pobreza. La discusión será entre un sistema que decae y la definición de uno nuevo
Por: Juan Camilo Amaya Santos
El escenario de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia plantea la discusión entre un modelo económico que decae y la definición de uno nuevo.
El fino hilo sobre el que se sostiene el equilibrio energético y financiero tras el cierre del estrecho de Ormuz, y los múltiples conflictos militares y guerras comerciales, entre otros escenarios por venir, reconfigurarán el escenario económico internacional.
El modelo económico colombiano se ha erguido sobre unas condiciones sociales marcadas profundamente por la desigualdad, que se nutren de la pobreza, la injusticia y la violencia. Según Oxfam, el 1% más rico concentra el 33% de la riqueza del país, mientras que al 50% más pobre le corresponde el 4% de esta.
Luchar contra la desigualdad implica construir un nuevo modelo económico que responda a estos nuevos escenarios, asegurando calidad de vida a sus ciudadanos, y esa es la tarea que ha asumido la izquierda y las fuerzas del progresismo, en cabeza de Gustavo Petro y ahora de Iván Cepeda.
El panorama del nuevo modelo
El gobierno de Gustavo Petro inició un proceso de cambio que, a distintos ritmos, sacudió varios frentes económicos aumentando los recursos de inversión en educación y atención en salud primaria, entregando 779 mil hectáreas al campesino desposeído, estructurando incentivos a la producción y uso de energías limpias, para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles y aumentando un 32% el salario mínimo real desde 2022.
Cepeda, el candidato de la izquierda a la presidencia, aspira a recibir los retos de esas banderas. Su programa expresa coherencia y deseo de profundizar desde nuevas aristas la lucha contra la desigualdad.
El candidato ha insistido en la defensa del salario vital y su consolidación como criterio técnico. Mientras el desempleo se ubica en mínimos históricos, alcanzando en noviembre de 2025 el 7,02%, cifra no vista en lo corrido del siglo XXI, también se da relevancia a la distribución del ingreso como motor dinamizador de la inversión productiva en sectores estratégicos. El Centro de Pensamiento Vida señala que al 10% de los trabajadores con menores ingresos las rentas laborales les han aumentado en un 45,6% desde 2022.
La economía popular
Pese a estos logros, la estructura productiva del país sigue presentando una heterogeneidad muy marcada entre dos sectores. El primero es un sector altamente formalizado, de empresas medianas y grandes y que ocupa 6,5 millones de trabajadores.
El segundo, es el sector de la micro y pequeña empresa, compuesto por cerca de 17 millones de trabajadores de los que casi 10 millones son trabajadores independientes en oficios transitorios y con alta informalidad. Desde el enfoque de la economía popular se ha buscado entender estas actividades de sobrevivencia económica como engranajes de la reproducción social y el cuidado.
Cepeda ha propuesto abrir dos puertas que permitan a la economía popular crecer, brindar ingresos dignos y acceso a la seguridad social. La primera de esas puertas es el acceso al crédito. Por eso, anunció el programa de microcrédito para microempresas familiares, donde se pretende entregar 200 mil créditos de hasta 50 millones de pesos, con tasas de interés bajas a microempresas familiares.
Los recursos saldrían de los fondos dispersos como el Fondo de Garantías, el SENA e INNpulsa. Esta política es un fuerte incentivo a la inversión productiva, a la vez que forzará a la baja las tasas de interés de mercado.
La segunda puerta es la de la contratación con el Estado. En este esquema ha anidado un sistema de corrupción que desvía los recursos destinados a la salud, la educación, el agua, las carreteras y otras obras de infraestructura, a una serie de «contrataderos», empresas de papel del sector privado que tercerizan todas sus actividades y son expertas en manejar contratos públicos para obtener rentas de ello, entregando obras mediocres o elefantes blancos.
Cepeda propone entonces una reforma integral a la Ley 80 de 1993, que permite que las juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, madres comunitarias y organizaciones populares contraten con el Estado, desde el conocimiento de los territorios, y ejecuten obras para sus mismas comunidades.
Las apuestas sectoriales
Sin duda el gran sector motor de la transformación territorial es el agrícola, aspirando ser una potencia mundial agroalimentaria. Cepeda propone el salto de la reforma agraria, con avances en la redistribución de tierras y formalización de estas, hacia la revolución agraria, que profundice la entrega de tierras, pero también apuestas claves en infraestructura como el mencionado Plan Nacional de Construcción de vías terciarias, una propuesta para la construcción de más de 30 mil kilómetros de vías veredales, que haga más productiva y rentable la actividad agrícola, base de la lucha contra el hambre en el país.
La UPRA indicó que, entre 2022 y 2025, la cosecha de alimentos en Colombia aumentó en seis millones de toneladas, para un total de 81,6 millones de toneladas de producción agrícola al año. Cultivos estratégicos como el cacao aumentaron su área sembrada en 20 mil hectáreas y en 2025 alcanzaron una producción de 151 mil toneladas, de las que la DIAN reportó que 16.456 fueron exportadas con destinos principales en Estados Unidos, Malasia y Holanda y se tradujo en un ingreso de 138 millones de dólares, un 111% más que en 2024. Este cultivo ha sido estratégico para los Pactos Territoriales en el Catatumbo y Putumayo en la sustitución de cultivos ilícitos.
El sector energético adquiere protagonismo ante la situación crítica que se desarrolla ante el cierre del estrecho de Ormuz. Un informe del Rapidan Energy Group pronostica que, si a agosto de este año no hay paso por esta importante ruta, la economía mundial se enfrentará a una recesión similar a la de la crisis del 2008, con un déficit de 12 millones de barriles en el mercado y presiones inflacionarias en toda la región.
Para Cepeda, la seguridad y la soberanía energética requieren profundizar programas como Colombia Solar y las Comunidades Energéticas, que den más peso en la matriz energética a las energías limpias y convoquen a un Gran Acuerdo para la Transición Energética Soberana.
Los retos
La sostenibilidad fiscal de estas políticas descansa sobre un sistema tributario débil, lleno de beneficios construidos sin coherencia con las necesidades de gasto del país y regresivo, pues recae sobre el pequeño contribuyente mientras las grandes rentas siguen exentas.
Al respecto, la propuesta de Revolución Ética de Cepeda apunta a fortalecer las herramientas de fiscalización de la DIAN y la persecución del evasor. No obstante, es imposible corregir estos problemas sin una intervención legislativa de fondo alrededor de una reforma tributaria, ausente del programa de todos los candidatos, incluyendo Cepeda.
La construcción de un nuevo modelo ha dado resultados pese a la resistencia encarnada en la obstrucción jurídica y el cambiante escenario del comercio global.
Es este mismo escenario el que exige, para la supervivencia del proyecto económico, la construcción de un bloque regional en América Latina para el comercio y el desarrollo, como plataforma hacia el mercado mundial y el posicionamiento de nuestros países en el naciente nuevo orden.
Con información del Semanario Voz