Los días 10, 14 y 15 de julio, la JEP realizó la Audiencia de Observaciones de Víctimas sobre inteligencia militar. Allí escuchó las intervenciones del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica. Foto Fundación Nydia Erika Bautista
El Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica llevaron ante la JEP sus observaciones sobre décadas de persecución política, en la audiencia del subcaso de Inteligencia Militar
Por: Valentina Bolaño Senior
@Vale_BoSe
El macrocaso 06 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue abierto el 4 de marzo de 2019 bajo el nombre de “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”.
De acuerdo con información de la JEP, a junio de 2025 se habían acreditado 560 víctimas, entre ellas cinco sujetos colectivos: el partido Unión Patriótica, el sindicato Sintramienergética, el Partido Comunista Colombiano, PCC, la Central Nacional Provivienda y la Alianza de Sobrevivientes de la UP Huila – SUR.
En 2021, el PCC fue reconocido como víctima política colectiva. “La JEP reconoció que el Partido Comunista sufrió múltiples hechos victimizantes, entre ellos los relatados en el informe entregado a la Sala de Reconocimiento, Banderas Rojas en Vuelo Libertario, en el que describen casos representativos de la violencia contra esa colectividad y un universo de 1.200 víctimas en un periodo de 58 años”, señaló el Tribunal de Paz.
El macrocaso fue dividido en subcasos para investigar distintos patrones de criminalidad y responsabilidades. Uno de ellos es el de Inteligencia Militar, relacionado también con el macrocaso 08: “Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado”.
El PCC como víctima colectiva
Para Rubiel Vargas, representante de víctimas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, el PCC y la Unión Patriótica deben entenderse, en el marco de la justicia transicional, no solo como un conjunto de militantes afectados, “sino como sujetos colectivos de derechos, titulares de protección reforzada en tanto expresiones organizadas de participación política, pluralismo democrático y oposición dentro del sistema constitucional”.
En ese sentido, sostiene que la victimización no recayó únicamente sobre personas individuales, sino sobre un proyecto político con identidad, ideología y base social propias.
Por ello, afirma que los hechos no pueden analizarse de manera aislada, “sino como parte de una política de eliminación dirigida, orientada a desarticular, debilitar y, en última instancia, neutralizar la existencia misma de dicho sujeto colectivo”.
Inteligencia Militar
Los días 10, 14 y 15 de julio, la JEP realizó la Audiencia de Observaciones de Víctimas sobre Inteligencia Militar. Allí escuchó las intervenciones del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica.
Durante la audiencia se recordó que el PCC, integrante de la Unión Patriótica desde 1986, ha desarrollado su actividad política en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, del movimiento campesino y popular, así como en la búsqueda de la paz. También se reiteró que tanto la JEP como la Unidad para las Víctimas reconocen al partido como sujeto de reparación colectiva por la persecución sufrida.
En la audiencia participaron Jaime Caycedo, presidente del PCC; Jorge Gómez, integrante del Comité Ejecutivo Central; y el abogado Óscar Dueñas, expresidente de la UP, con el acompañamiento del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
Jorge Gómez afirmó que el genocidio contra el PCC y la Juventud Comunista no constituye un episodio del pasado, sino un proceso prolongado. “La posición que hemos venido defendiendo a través de múltiples escenarios del Partido Comunista Colombiano ha sido clara y consciente: se trata de un genocidio político continuado, sistemático y extendido en el tiempo, desarrollado durante décadas mediante la construcción deliberada de un enemigo político, cuya eliminación es considerada necesaria para impedir la consolidación de un proyecto democrático y transformador del país.”
La doctrina del enemigo interno
Durante las intervenciones también se sostuvo que la persecución fue posible por la implementación de la doctrina del enemigo interno y por una política estatal de carácter anticomunista. En ese contexto, solicitaron que las medidas de reparación tengan un alcance transformador.
“No basta con el reconocimiento de los hechos, es indispensable desmontar las condiciones institucionales y doctrinales que hicieron posible el genocidio (…) solicitamos que una de las principales medidas sea el reconocimiento expreso de que ser comunista jamás puede ser considerado como sinónimo de enemigo de la patria”, concluyó Gómez.
Por su parte, Jaime Caycedo recordó antecedentes históricos de persecución contra el Partido Comunista. “El Partido Comunista fue ilegalizado en septiembre de 1954, y bajo tal condición fueron sometidas a criminalización conductas como la acción sindical, la propaganda, las actividades políticas, como quedó expresamente indicado en el decreto 343 de 1956”, afirmó, señalando que esas prácticas marcaron la formación de varias generaciones de integrantes de la fuerza pública.
Asimismo, expuso que esa formación derivó en mecanismos de vigilancia e infiltración dirigidos contra organizaciones políticas y sociales. “La consecuencia de este tipo de formación orientada a desestructurar la actividad de la organización política en el caso del Partido Comunista y de las organizaciones sociales de las que se sospecha que podían ser parte de su campo de influencia, ha sido la práctica del espionaje destinado al perfilamiento, mediante la infiltración de las filas de las organizaciones, el diversionismo desde adentro, el sabotaje, la inducción sobre militantes jóvenes o inexpertos para la comisión de actos de infantilismo político o terrorismo”, señaló.
El abogado Óscar Dueñas presentó un documento con los nombres de cientos de militantes de la Unión Patriótica que anteriormente habían pertenecido al Partido Comunista y fueron asesinados antes de la Constitución de 1991. “Quienes estuvimos desde la iniciación de la UP y quienes luego se afiliaron a ella, fuimos víctimas de una visión ilógica del poder”, afirmó.
La búsqueda por la verdad
Al cierre de la audiencia, la magistrada María del Pilar Valencia García señaló que las intervenciones aportan elementos históricos y de contexto para comprender los crímenes investigados contra el PCC y la Juventud Comunista.
“Estos antecedentes históricos que fueron referidos por las tres intervenciones, coinciden que para entender el exterminio de la UP, el exterminio del Partido Comunista que generó serias consecuencias, solo pueden entenderse a partir de políticas de Estado y que también nos ubican cómo estas políticas en el nivel nacional están conectadas a su vez con políticas de nivel internacional que bien pueden derivarse de lo que se ha conocido como la Guerra Fría”, comentó la magistrada.
Añadió que la adopción de doctrinas anticomunistas provenientes del exterior favoreció procesos de estigmatización contra quienes sostenían posiciones políticas distintas.
La magistrada concluyó que el propósito del proceso es esclarecer quiénes fueron los máximos responsables y avanzar en “adoptar medidas que entiendan a la reparación (…) y que sea una verdadera garantía de no repetición”.
25 de julio de 2026
Con información del Semanario Voz